Auto 049/14

 

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO Y JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUTO DE TRANSPORTE-Competencia de Juzgado Administrativo Oral del Circuito

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1970

 

Acción de tutela presentada por José Ignacio González Manios contra el Instituto de Transporte de Boyacá

 

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil trece (2014).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1. El señor José Ignacio González Manios, interpone acción de tutela contra el Instituto de Transporte de Boyacá (ITBOY) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al hábeas data, integridad personal, libertad y libre circulación.

 

1.2. Afirma que bajo su número de cédula aparece inscrita una orden de comparendo con el número 498775 de fecha 25 de febrero de 2005, en la que son errados los nombres y apellidos, así como los datos del vehículo automotor y “la información de la licencia del conductor no corresponde a los míos”. Por tal razón, decidió presentar escrito mediante el cual elevó petición ante el ITBOY, con el objeto de que se aclare dicha situación, sin que hubiera obtenido respuesta alguna.

 

1.3 En virtud de lo expuesto, acudió a la acción de tutela procurando el restablecimiento de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se realice la rectificación y actualización de la información registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en tanto que el comparendo es dubitativo, y le está causando un grave perjuicio al no permitírsele la renovación de su licencia de conducción.

 

2. Decisiones que suscitaron el supuesto conflicto de competencia

 

2.1. Efectuado el reparto administrativo de la acción de tutela, le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, que en auto del 25 de noviembre de 2013, remitió a los Jueces del Circuito de Bogotá D. C., para que sea repartida nuevamente. Esto bajo el argumento que ese Despacho carece de competencia para abordar el tema, puesto que es la ciudad de Bogotá en donde se está presentando la supuesta vulneración o amenazada impetrada, habida cuenta que en dicho lugar tiene asiento el domicilio del actor; por lo tanto “corresponde en esa comprensión territorial fijar la competencia territorial”. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 (artículo 37), en concordancia con el Decreto 1382 de 2000 (artículo 1).

 

2.2. Reasignado el asunto, le correspondió al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá que en proveído del 23 de enero del presente año, decidió no avocar conocimiento de la solicitud de amparo constitucional y, a su vez, propuso el conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional. En su sentir, la primera agencia judicial desconoció las reglas de competencia en materia de tutela previstas en los artículos 86 de la Carta Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, como también la competencia a prevención, debiendo asumir el conocimiento de la solicitud desde el primer momento, con la precisión, que el Decreto 1382 de 2000 “establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales”.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[1]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[2].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[3].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[4].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Este Tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5].

 

Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[6].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[7]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[8], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este Tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[9], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[10] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[11].

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó indicado en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior jerárquico común.

 

Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la jurisprudencia^[12], dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 29) o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que envuelve cuestiones relativas a la interpretación de las reglas administrativas del reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es garantizar la tutela judicial efectiva.

 

En el asunto que ocupa la atención de este Tribunal, se tiene que el supuesto conflicto de competencia está trabado entre el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, despachos judiciales que hacen parte de distintas jurisdicciones. De allí que no cuentan con superior jerárquico común, correspondiéndole en consecuencia a esta Corporación desatar el conflicto de competencia suscitado.

 

Así mismo, el hecho de que hayan transcurrido un poco más de dos (2) meses desde que se presentó la solicitud de tutela sin que el peticionario haya obtenido decisión de fondo, es razón suficiente para que la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional adopte la decisión que corresponda. Ello encuentra respaldo en los principios de economía, celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que orientan el ejercicio de la acción de tutela (Decreto 2591, art. 3°).

 

2. Ahora bien, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, a quien le fue repartido el expediente en primer lugar, se abstiene de asumir el trámite de la solicitud de amparo por carecer de competencia. Afirma que no es en esa ciudad donde se está presentando la presunta vulneración o amenaza invocada, en tanto que, no es el lugar de residencia del actor.

 

A su turno, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, manifiesta su desacuerdo con la decisión de la primera agencia judicial, señalando que no tuvo en cuenta las reglas de competencia en materia de tutela, razón por la que propone conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional.

 

En el presente asunto, la Corte debe indicar que se presenta un conflicto negativo de competencia derivado del factor territorial como presupuesto que determina la misma en materia de tutela (Constitución Política, art. 86 y Decreto 2591 de 1991, art. 37).

 

Así las cosas, en el caso sub lite ambos despachos judiciales son competentes para asumir el conocimiento de la controversia constitucional que ha sido ventilada, en la medida que Bogotá es el lugar en el que recibe las notificaciones el demandante, el cual, al parecer, coincide con el de su domicilio, mientras que en Tunja se generó la presunta transgresión y se pueden estar produciendo los efectos de la misma y/o la amenaza de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.

 

Lo anterior, de conformidad con la interpretación pro homine que ha efectuado este órgano colegiado a las reglas de competencia, en donde queda establecido que la determinación del factor territorial está ligado al lugar en el que se produce la vulneración o amenaza y/o donde se generan los efectos de la supuesta afectación iusfundamental.

 

En ese orden de ideas, lo que corresponde es acudir a la competencia a prevención, razón por la cual el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja es el que debe dictar la decisión de fondo de primera instancia, conforme a los hechos y a las pretensiones que han sido planteados en la solicitud de tutela.

 

3. Con todo, lo que se impone es el envío del expediente que contiene la acción de tutela interpuesta por el señor José Ignacio González Manios contra el Instituto de Transporte de Boyacá, al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja con el objeto de que adopte la respectiva decisión de primera instancia, como ha debido hacerlo desde el primer momento.

 

Por lo tanto, se dejará sin efecto el auto del 25 de noviembre de 2013 emanado  del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, dentro de la acción de tutela contenida en el expediente ICC-1970 y, en consecuencia, se ordenará su remisión al mencionado despacho judicial.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto del 25 de noviembre de 2013, adoptado por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, mediante el cual se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor José Ignacio González Manios contra el Instituto de Transporte de Boyacá (ITBOY).

 

Segundo.- DECIDIR el conflicto de competencia suscitado ordenando la remisión del expediente ICC-1970 al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, para que tramite y profiera la decisión de fondo de primera instancia respecto del amparo solicitado.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNÍQUESE al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y publíquese. Cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente con excusa médica
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado Ausente con excusa	NILSON PINILLA PINILLA Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado	ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General