Auto 053/14

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CONTRA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y BANCO DAVIVIENDA-Competencia de Juzgado Penal del Circuito

 

 

 

Referencia: expediente ICC-1948

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo (2°) Penal del Circuito de Manizales y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales –Sala Laboral–

 

Magistrado Ponente: 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

 

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil catorce (2014)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Hechos

 

1.1. El 20 de septiembre de 2013 el apoderado judicial del Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aranzú Caldas E.S.E., instauró acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio y el Banco Davivienda con el objeto de que se le amparara su derecho fundamental de petición que considera vulnerado por las accionadas.

 

1.2 La parte actora afirmó que en el mes de noviembre de 2012 le fue notificada una medida cautelar consistente en el embargo de la suma de 24 millones de pesos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasión del proceso de cobro coactivo radicado 12-085612. Al respecto, afirma que dicha medida no era procedente en tanto las sumas afectadas eran inembargables por tratarse de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

 

1.3 Adujo igualmente que el día 16 de noviembre de 2012 informó al Banco Davivienda –Oficina de Aranzazu Caldas–, sobre el origen de los recursos que se manejaban en la cuenta en la que se realizó la medida cautelar referida, y por lo que solicitó además que fueran desembargados. Dicha petición no fue respondida.

 

1.4 Sostiene que envió copia del mismo escrito presentado al Banco Davivienda al Coordinador del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que fue recibido en esta entidad el día 26 de noviembre de 2012, con el propósito de que se adelantaran las gestiones correspondientes para el desembargo de los dineros pignorados. Sin embargo, dicha solicitud tampoco fue respondida.

 

2. Decisiones que suscitaron el presunto conflicto de competencias.

 

2.1. En providencia del 20 de septiembre de 2013 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción constitucional, por considerar que, para su conocimiento, debía repartirse ante los magistrados de las Corporaciones con categoría de Tribunales. Al respecto, manifestó que según “(…) [e]l inciso 1 del artículo 1° del Decreto Número 1382 del 12 de julio de 2000, ‘[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores del Distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.’” Y adicionalmente sostuvo que: “[p]or su parte el inciso 4 del numeral 1 del artículo 1° del Decreto en cita, ‘[p]or el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela’ en su tenor literal reza: ‘[c]uando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral. (…).” Por lo anterior, ordenó remitir la tutela a la oficina judicial con el fin de que fuera repartida entre las autoridades con categoría de Tribunales.

 

2.2. En auto del 24 de septiembre de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales –Sala Laboral–, se negó a asumir la competencia del asunto de la referencia, por considerar que el idóneo para conocer de la acción constitucional era el Juez con categoría de Circuito. Al analizar la posición asumida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, sostuvo que “(…) tal razonamiento desconoce la normativa que regula la materia al pasar por alto el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio, al estar dotada de personería jurídica, hace parte del Sector Descentralizado por servicios. (…). En el caso bajo estudio, es evidente que el competente para conocer la demanda de tutela es el Juez con categoría del Circuito, pues estamos en presencia de una actuación de tipo administrativo adelantada por una entidad del sector descentralizado por servicios y no del sector central, la cual, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, es de conocimiento de los jueces del circuito, cono lo es en este caso el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales.”  

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencias en la Jurisdicción Constitucional.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que por regla general los conflictos de competencias en materia de tutela son resueltos por el superior jerárquico de las autoridades judiciales que proponen la incompetencia. Así mismo, ha indicado que en los eventos en los que no exista superior jerárquico común, dichos conflictos serán resueltos por esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional.[1] Lo anterior puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[2]

 

Lo señalado no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria–, la competencia para dirimir conflictos de competencias que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencias dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.[3]

 

2. Marco Jurídico que determina la competencia en materia de tutela.

 

La jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.

 

De otra parte, ha precisado la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales.[4] Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.[5]

 

En este sentido, esta Corte ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[6]

 

3. Reglas para solucionar los conflictos de competencia en materia de tutela.

 

3.1 Esta Corte estableció en el auto 124 de 2009[7] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación: 

 

(i)               Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii)             Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii)          Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)           Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.  

 

Respecto a la excepción (tutelas contra providencias de las Altas Cortes) establecida en esta última regla, la Corte en Auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

3.2 Adicionalmente, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (subrayado adicional al texto original). Por su parte el artículo 1° del decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela replica tal mandato al señalar: “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)” (subrayado adicional al texto original).

 

Así las cosas, en el Auto 061 de 2011, siguiendo lo planteado en los autos 124 y 198 de 2011, señaló esta Corporación que la competencia a prevención implicaba que cualquiera de los jueces que fuera competente de acuerdo con el artículo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción constitucional. De tal manera que los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad. 

 

En el Auto 070 de 2012 se señaló que “el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.”[8]  

 

Con base en las consideraciones anteriores, procede la Sala Plena a decidir sobre el conflicto de referencia.

 

4. Del caso concreto.

 

4.1 Observa la Sala que, en principio, la competencia para asumir el conocimiento del presente asunto radica en la Corte Suprema de Justicia, único superior jerárquico común de los jueces que plantean el presunto conflicto de competencias.

 

Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la Corte, dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, pues en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991, o que sencillamente la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto, previstas en el decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, pues lo que se impone es garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia, así como propender por la efectividad de los principios de economía, celeridad y eficacia que sustentan el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).

 

Bajo las mencionadas consideraciones, esta Corte ha señalado que puede excepcionar la regla general de competencia para conocer presuntas colisiones de competencia, con independencia de que se trate de un asunto que debe ser resuelto por el superior funcional de la correspondiente jurisdicción, lo cual se justifica desde la Constitución, en la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela, y en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que en un momento dado pueden estar comprometidos. Así las cosas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, es competente para resolver este presunto conflicto de competencias, y por ende procede a dar solución al asunto sub examine.

 

4.2 Como se reseñó, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales  rechazó el conocimiento de la solicitud de tutela de la referencia, por considerar que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 el conocimiento de la acción constitucional correspondía a los jueces con categoría de Tribunales, debido a que la acción se dirigía contra una entidad del orden  nacional.

 

Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales –Sala Laboral– sostuvo que el asunto debía ser conocido por los jueces del circuito de la ciudad, debido a que la entidad accionada era de aquellas descentralizadas por servicios, por lo que igualmente, al tenor de lo señalado en el citado Decreto 1382 de 2000, correspondía por competencia el tema a los jueces de categoría del circuito.

 

4.3 Con base en los anteriores hechos, la Corte encuentra que en el asunto que se examina la acción impetrada debe ser resuelta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

 

4.3.1. En primer lugar, al afirmar el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales que no era competente para conocer de la acción de tutela en razón a que según “[e]l inciso 1 del artículo 1° del Decreto Número 1382 del 12 de julio de 2000, ‘[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores del Distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.’”, desconoce abiertamente el precedente constitucional consolidado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha señalado que la citada normativa solamente contiene reglas administrativas de reparto, pues son únicamente los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, los que fijan los parámetros relativos a la competencia, en tanto se trata de un tema que no puede ser objeto de desarrollo en el marco de la potestad reglamentaria de la que es titular el Presidente de la República.

 

De allí que sea necesario advertir al citado funcionario judicial que en adelante deberá acatar debidamente la consolidada línea jurisprudencial que en materia de conflictos de competencia tiene trazada la Corte, a fin de evitar que en el futuro adopte decisiones en el mismo sentido al que asumió en el sub examine.

 

4.3.2 En segundo lugar, la Corte estima importante reiterar que la competencia no se determina por la naturaleza jurídica de la entidad demandada, la cual simplemente se utiliza de referente para realizar un adecuado y equitativo reparto de las acciones de amparo del país, según lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000. En este mismo sentido, tampoco es factor de competencia territorial el domicilio de la entidad, por cuanto en la acción de tutela el juez constitucional debe únicamente seguir las reglas que ha establecido esta Corporación para determinar la competencia territorial o a prevención, esto es, el lugar de ocurrencia de la vulneración de derechos fundamentales o donde se surtieren sus efectos, bajo el entendido que todos los jueces en el respectivo ámbito territorial resultan competentes para conocer del amparo.

 

En estos términos, la Sala considera que el asunto materia de amparo debe ser resuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, en tanto en el presente asunto lo que sostuvo el mencionado juez colegiado fue una supuesta inobservancia de las normas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, lo que no es justificación para que se declare incompetente para conocer de la acción de tutela. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

Así las cosas, esta Corporación no encuentra justificación para la declaratoria de incompetencia elevada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, razón por la que, como juez competente, es su deber conocer del asunto de la referencia. En consecuencia, dejará sin efectos el auto de 20 de septiembre de 2013 y se devolverá el expediente a dicha autoridad judicial, para que de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

III.  DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,  

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 20 de septiembre de 2013, mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales se negó a conocer de la acción de tutela instaurada por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Aranzazu –Caldas–, contra la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio y el Banco Davivienda.

 

Segundo.- DEVOLVER al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, continúe el trámite de primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales –Sala Laboral–, la decisión adoptada en esta providencia con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

 

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

 MARÍA VICTORIA CALLE CORREA         MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 

                       Magistrada                                                  Magistrado                 

     No estuvo presente en votación

 

 

 

    NILSON PINILLA PINILLA          GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO   

                   Magistrado                                                      Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ     JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

                       Magistrado                                                        Magistrado

 

 

 

     ALBERTO ROJAS RÍOS                            LUIS ERNESTO VARGAS SILVA           

                Magistrado                                                           Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General