Auto 121/14

 

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA DE PERSONA DESPLAZADA CONTRA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia para que trámite impugnación y profiera decisión de segunda instancia

 

 

Referencia: expediente ICC-1998

 

Acción de tutela presentada por Henry César Torres Domínguez contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV)

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1.- Henry César Torres Domínguez, quien afirma ser desplazado por el conflicto armado interno, junto con su familia, interpone acción de tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y la UARIV, con el fin de que sean restablecidos los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vivienda digna.

 

1.2.- Refiere que residía junto a su núcleo familiar en el municipio de Sitionuevo (Magdalena), hasta que fue declarado objetivo militar por grupos al margen de la ley, situación que los obligó a trasladarse a Sabanagrande (Atlántico), lugar en el que fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV).

 

1.3.- Asevera que debido a la condición de desplazados que ostentan no fue posible postularse a la convocatoria de subsidios de vivienda en el año 2007, debido a que no estaba inscrito en el RUV. Agrega que esta situación ha conllevado diferentes problemas de tipo social que los tiene a punto de vivir en la calle, en la medida en que no cuenta con empleo actualmente.

 

1.4.- En ese orden de ideas, solicita al juez constitucional la protección de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a las entidades demandadas que le sea otorgado el subsidio de vivienda para la población desplazada. De la misma manera, que se vincule a la Defensoría Regional del Pueblo para que brinde la asistencia que sea del caso y que ordene a las entidades accionadas el cumplimiento de la orden impuesta.

 

2. Decisiones que suscitaron el supuesto conflicto de competencia

 

2.1.- Efectuado el reparto administrativo el asunto le correspondió al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, quien en sentencia del 26 de noviembre de 2013, se abstiene de acceder al amparo constitucional. A su juicio, de los escritos remitidos por las entidades accionadas se infiere que el actor no se ha postulado a los proyectos que está ejecutando FONVIVIENDA razón para concluir que no se ha presentado iusfundamental vulneración alguna.

 

2.2.- Impugnada la sentencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por medio de auto del 30 de enero del 2014 declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la solicitud de amparo, bajo la consideración que es únicamente FONVIVIENDA la entidad encargada de gestionar lo relativo a los subsidios de vivienda, tal como lo expresó en el escrito de respuesta de la tutela. Así las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo y la UARIV nada tienen que ver con la petición planteada por el peticionario.

 

Con todo, atendiendo la naturaleza jurídica de FONVIVIENDA (entidad nacional del sector descentralizado por servicios) y el Decreto 1382 de 2000, le correspondía a los Juzgados del Circuito de Barranquilla asumir el conocimiento de la acción de tutela y no al Tribunal Superior de la misma ciudad.

 

2.3.- Finalmente, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla en proveído del 12 de febrero de 2014, ordena la remisión a la Corte Constitucional con el fin de que dirima la aparente colisión de competencia.

 

En su sentir la Corte Suprema de Justicia desconoció el reiterado precedente constitucional, consistente en que la aplicación de las reglas del Decreto 1382 de 2000, no puede conducir a la declaratoria de incompetencia ni de nulidad de todo lo actuado. Tampoco encuentra que se haya suscitado un reparto caprichoso o una manipulación grosera de dichas reglas. Para concluir, expresó que no es de recibo dictaminar que la solicitud de amparo se dirigió contra una autoridad equivocada, “con lo cual –evidentemente–, se está inmiscuyendo en la decisión del accionante de accionar contra las autoridades que considera transgresoras de sus derechos fundamentales”.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1.- Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[1]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[2].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[3].

 

1.2.- Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[4].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1.- Este Tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5].

 

Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[6].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[7]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[8], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este Tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[9], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2.- De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[10] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[11].

 

III. CASO CONCRETO

 

1.- Como quedó anotado en las consideraciones de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior funcional común.

 

Sin embargo, tal como lo ha considerado en repetidas ocasiones la jurisprudencia^[12], dicho parámetro procesal no debe ser entendido en términos absolutos, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones relativas a la interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial efectiva (art. 229 de la C.P.).

 

Así las cosas, en el asunto que ocupa la atención de esta Corporación se tiene que el supuesto conflicto de competencia está trabado entre la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, quienes de conformidad con la estructura orgánica de la Rama Judicial no cuentan con superior funcional común dentro de la misma jurisdicción. De allí, que sea este Tribunal Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción el encargado de definir a cuál de ellas debe remitirse, para que se dé inicio a la solicitud de amparo promovida o, en su defecto, se dicte la decisión de segunda instancia a que haya lugar, supuestos que son los que plantean las providencias objeto de estudio.

 

2.- Ahora bien, para la Corte Constitucional el expediente que contiene la acción de tutela promovida por Henry César Torres Domínguez debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a fin de que se imparta el respectivo trámite a la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, por las razones que a continuación se apuntan.

 

Lo primero que debe recordar este Tribunal es que contrario a lo sostenido por el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Ordinaria, el Decreto 1382 de 2000 no establece reglas de competencia sino de reparto. De allí que la declaratoria de incompetencia o de nulidad de todo lo actuado con fundamento en el citado acto administrativo, desconoce, a las claras, el consolidado precedente constitucional reseñado con detalle en las consideraciones de esta decisión.

 

De otra parte, fue desafortunado el escrutinio realizado en un auto, respecto de cuál de las autoridades accionadas es la encargada de dar trámite a la solicitud de asignación de los subsidios de vivienda para la población desplazada, en la medida en que se trata de un asunto que hubiera podido ser igualmente valorado en la decisión de fondo y decidir únicamente respecto de aquél funcionario legitimado en la causa por pasiva.

 

Por ello, se torna excesiva la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, apoyada además en un marco normativo que no establece reglas de competencia, como se acaba de indicar, lo cual desdibuja de manera notable el carácter sumario, cautelar y célere de este mecanismo constitucional.

 

En tercer lugar, no advierte esta Corte una manipulación grosera o caprichosa de las reglas administrativas del reparto, por cuanto la petición de amparo se dirigió contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda y UARIV, resultando acertado el reparto efectuado al Tribunal Superior de Barranquilla, lugar en el que se puede estar presentando la supuesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados, o donde se pueden estar produciendo los efectos.

 

3.- Por las anotadas razones, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin efecto el auto dictado el 30 de enero de 2014 por Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. En su lugar, remitirá a esa corporación judicial el expediente que contiene la acción de tutela impetrada por Henry César Torres Domínguez, para que, sin más retardo dispense el trámite constitucional que corresponda a la impugnación formulada y adopte la decisión de segunda instancia a que haya lugar.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto proferido el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la acción de tutela promovida Henry César Torres Domínguez contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV).

 

Segundo.- REMITIR a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el expediente ICC-1998, que contiene la acción de tutela presentada por Henry César Torres Domínguez contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), para que de manera inmediata tramite la impugnación presentada y adopte la decisión de fondo de segunda instancia a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Penal y al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, la decisión adoptada en la presente providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

Ausente con incapacidad médica

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	NILSON PINILLA PINILLA Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado Ausente con permiso	ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General