Auto 199/14

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA-No puede transcurrir más de diez días entre la solicitud y su resolución

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA-Remisión expediente a quien se repartió en primer lugar

 

ACCION DE TUTELA CONTRA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL-Competencia de Tribunal Superior

 

 

Referencia: expediente ICC-2012

 

Supuesto conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán

 

Magistrado ponente (E):

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

 

 

Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil catorce (2014).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales procede a definir elsupuesto conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, que ha sido propuesto dentro de la acción de tutela promovida por el señor Oscar García Parra contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El señor Oscar García Parra presenta acción de tutela contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con la finalidad de que se ampare el derecho fundamental de petición.

 

2. Refiere que el 20 de diciembre de 2012, promovió ante la accionada solicitud de extensión de jurisprudencia y, como petición adicional, que se expidiera copia de las liquidaciones de la asignación de retiro correspondiente a los años 1997 a 2004, la cual reiteró el 10 de abril de 2014, sin obtener ninguna respuesta.

 

3. Efectuado el reparto administrativo (mayo 15 de 2014), la solicitud de amparo constitucional fue repartida al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, que en auto del día siguiente resuelve remitir el expediente a los Juzgados del Circuito o con la misma categoría de esa jurisdicción, a fin de que sea repartido y asuma el conocimiento del asunto.

 

En sentir de la mencionada agencia judicial, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial que hace parte del sector descentralizado por servicios. Así las cosas, conforme lo establece el inciso segundo, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 “el competente para asumir el conocimiento de la petición de amparo son los Jueces del Circuito o con categoría de tales” (fl. 18 del cd. inicial).

 

4. De esta manera, el asunto fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, que en proveído del 21 del mismo mes y año, propone conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional. Dicha determinación se sustentó en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000, así como en jurisprudencia constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[1]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[2].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[3].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[4].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Este Tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5].

 

Por su parte, el Decreto 1382 de 2000establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[6].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[7]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[8], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000,las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada,este Tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[9], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[10] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[11].

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó indicado en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior jerárquico común.

 

Sin embargo, tal como lo ha precisado en repetidas ocasiones la jurisprudencia^[12], dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política(art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 29) o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que envuelve cuestiones relativas a la interpretación de las reglas administrativas del reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es garantizar la tutela judicial efectiva.

 

En el asunto objeto de estudio, el supuesto conflicto de competencia está trabado entre el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, por lo que el superior jerárquico vendría a ser la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[13].

 

Sin embargo, la circunstancia de que no se trate de un conflicto de competencia, como se indicará más adelante, y que hayan transcurrido cerca de dos (2) meses desde que el actor interpuso la solicitud de tutela, son razones de sobra para excepcionar la mencionada regla con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva del peticionario. Dicha determinación encuentra respaldo en los principios de eficiencia, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia (arts. 229 de la Constitución y 3° del Decreto 2591 de 1991).

 

En orden a lo anterior, la Corte determinará a cuál de los despachos judiciales involucrados debe remitirse el expediente de tutela a fin de que asuma el conocimiento y dicte, sin más dilación, la decisión de mérito a que haya lugar.

 

2. El señor Oscar García Parra interpone acción de tutela contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el objeto de que sea protegido el derecho de petición, vulnerado supuestamente por la falta de respuesta a la solicitud de expedición de copias de las liquidaciones de la asignación de retiro de los años 1997 a 2004. Agrega, que dicho pedimento lo realizó inicialmente en el marco del escrito de extensión de jurisprudencia presentado ante la entidad demandada el 20 de diciembre de 2012, el cual fue reiterado el 10 de abril de 2014.

 

El Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, con fundamento en el Decreto 1382 de 2000, decide remitir el expediente que contiene la solicitud de amparo a los Juzgados del Circuito o con igual categoría de la misma ciudad, bajo la consideración de que la accionada es una autoridad descentralizada por servicios del orden nacional.

 

Por su parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán propone conflicto negativo de competencia y dispone el envío de la solicitud de tutela a este Tribunal Constitucional, a fin de que sea desatado.

 

De conformidad con las consideraciones jurídicas expuestas en esta providencia, la Corte debe indicar que en esta oportunidad no se ha suscitado ni siquiera un conflicto aparente de competencia, en tanto la decisión dictada por el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, se apoyó en las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, teniendo en consideración la naturaleza jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, como entidad descentralizada por servicios del orden nacional.

 

Sobre este preciso particular, la Sala reitera que el mencionado acto administrativo no establece reglas de competencia sino de reparto.De allí que hubiera sido poco afortunado invocarlo para no asumir el conocimiento de una acción de tutela que, por expreso mandato constitucional (art. 86), “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.

 

De esta manera, lo que procede es aplicar la subregla definida en el Auto 124 de 2009, en virtud de la cual” en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo [aplicación del Decreto 1382 de 2000], el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”^[14]. Agréguese a lo anterior, que la Corte no advierte una manipulación grosera o caprichosa de las reglas administrativas del reparto que ameriten la reasignación del asunto.

 

Por lo tanto, la Corte con fundamento en la naturaleza constitucional de la acción de tutela (art. 86), como procedimiento preferente y sumario, tendiente a procurar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuyo desarrollo está sometido, consecuencialmente, a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia (Decreto 2591 de 1991, art. 3°), estima que en el asunto objeto de estudio le corresponde asumir el conocimiento al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, para que sin ninguna dilación profiera la respectiva decisión de fondo.

 

4.Así las cosas, lo que se impone es el envío del expediente que contiene la acción de tutela interpuesta por el señor Oscar García Parra contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a la mencionada agencia judicial, a fin de que adopte con la debida prelación constitucional, la decisión de primera instancia conforme a la situación fáctica expuesta y a las pretensiones.

 

De esta manera, la Corte Constitucional dejará sin efecto el auto de mayo 16 de 2014, emanado del Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, dentro de la acción de tutela contenida en el expediente ICC-2012y, en su lugar, ordenará la remisión al mencionado despacho judicial.

 

De igual modo, considera oportuno advertir que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto de mayo 16 de 2014, dictado por el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, dentro de la acción de tutela presentada por el señor Oscar García Parra contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

 

Segundo.- DECIDIR el supuesto conflicto de competencia suscitado ordenando la remisión del expediente ICC-2012, al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, para que, con la debida prelación constitucional tramite y profiera la decisión de fondo de primera instancia respecto del amparo solicitado.

 

Tercero.-  ADVERTIR al Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil-Familia, que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNÍQUESE al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y publíquese. Cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

Ausente en comisión

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS Magistrado (E.)	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado	ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General