Auto 217/14

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Y JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA-No pueden transcurrir más de diez días entre la solicitud y su resolución

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA-Remisión expediente a quien se repartió en primer lugar

 

PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA DE MENOR DE EDAD CONTRA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-Competencia de Juzgado Promiscuo Municipal

 

 

Referencia: Expediente ICC-2021

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití y el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

La señora Luz Herminda Macías Macías, quien actúa en representación de su hijo menor de edad Julio César Macías Macías, presenta acción de tutela contra la Secretaría Departamental de Educación de Santander, a fin de que sean restablecidos los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad.

 

Refiere que reside en la vereda La Laja del municipio de Curití donde se dedica a la actividad agraria. Agrega que es una persona de escasos recursos económicos, lo cual ha imposibilitado que su hijo pueda matricularse en el único colegio de la zona (Eduardo Camacho Gamba), distante a “más de hora y media”^[1].

 

De allí que haya considerado como alternativa académica que acceda a la institución educativa IDEAR, ubicada en su lugar de residencia. Empero, afirma, la demandada no permite el acceso a niños menores de quince años de edad, a pesar de conocer todas las dificultades que se presentan para acceder al casco urbano.

 

En tal virtud, pide al juez constitucional la protección de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que ordene a la Secretaría de Educación Departamental de Santander que disponga la vinculación del menor  Julio César Macías Macías al mencionado establecimiento educativo.

 

2. Decisiones que suscitaron el supuesto conflicto de competencia

 

Efectuado el reparto administrativo el asunto fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, que en proveído del 5 de marzo de 2014, decide rechazar por falta de competencia la acción constitucional impetrada por la accionante y dispone la remisión del expediente a los Juzgados del Circuito de San Gil (reparto). Dicha determinación se apoya en el Decreto 1382 de 2000 y en la naturaleza jurídica de la accionada (autoridad pública del orden departamental).

 

De esta manera, le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, que en auto del 12 del mismo mes y año, resuelve abstenerse de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo y remite las diligencias a la Corte Constitucional con el objeto de que dirima el conflicto de competencia suscitado.

 

Luego de hacer referencia a la jurisprudencia constitucional que ha fijado el alcance del Decreto 1382 de 2000, en tanto no establece reglas de competencia sino de reparto, concluye que al no existir conflicto negativo de competencia le corresponde a la primera autoridad judicial a quien fue repartida asumir el conocimiento. Así mismo, estima que el domicilio de la demandante se encuentra en la vereda La Laja, por lo que “es en tal municipio donde ocurre la vulneración o amenaza de los derechos alegados”^[2].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[3]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[4].

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello es así porque desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[5].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[6].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Este Tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[7].

 

Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[8].

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[9]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[10], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este Tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[11], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[12] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[13].

 

Con base en las anteriores consideraciones, entra la Sala a resolver el supuesto conflicto de competencia suscitado en el marco de la acción de tutela promovida por la señora Luz Herminda Macías Macías, quien actúa en nombre de su hijo menor de edad Julio César Macías Macías, contra la Secretaría de Educación Departamental de Santander.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó indicado en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada en principio, a la inexistencia de superior funcional común.

 

Sin embargo, tal como lo ha precisado en repetidas ocasiones la jurisprudencia^[14], dicho parámetro procesal no debe ser entendido de manera absoluta, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 29) o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que envuelve cuestiones relativas a la interpretación de las reglas administrativas del reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es garantizar la tutela judicial efectiva.

 

En el presente asunto, el supuesto conflicto de competencia se presenta entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, despachos judiciales que no cuentan con superior funcional común en tanto hacen parte de distintas jurisdicciones. De esta manera, le corresponde a esta Corte como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional definir cuál de los dos debe asumir el conocimiento, con el objeto de que profiera, sin más dilación, la decisión de fondo en un trámite que por expreso mandato constitucional (art. 86), “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.

 

En efecto, según se puede corroborar en el expediente la solicitud de amparo se presentó el 6 de marzo del año en curso, es decir, han transcurrido más de cuatro meses sin que la accionante haya encontrado una respuesta a su reclamo constitucional, lo cual ha puesto en entredicho el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 de la CP) y los principios de eficiencia, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia (art. 3° del Decreto 2591 de 1991), tributarios de la acción de tutela.

 

2. La señora Luz Herminda Macías Macías, actuando como representante legal de su hijo Julio César, presenta solicitud de amparo constitucional contra la Secretaría de Educación Departamental de Santander, con el fin de que se restablezcan los derechos fundamentales a la educación e igualdad, que considera vulnerados en razón de la negativa de la institución educativa IDEAR, a matricular al niño en ese establecimiento que es el único cercano al sitio donde vive (vereda La Laja de Curití).

 

El Juzgado Promiscuo Municipal de Curití rechaza por falta de competencia la acción de tutela, con fundamento en el Decreto 1382 de 2000. A su turno, el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil se abstiene de asumir el conocimiento y envía el expediente a este Tribunal Constitucional, a fin de que dicte la respectiva decisión.

 

En orden a lo anterior, la Corte Constitucional considera que en esta ocasión no se suscita siquiera un conflicto aparente de competencia, en tanto la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, se apoyó en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, para lo cual tuvo en consideración la naturaleza jurídica de la entidad accionada.

 

Ahora bien, como quiera que no se advierte una manipulación grosera o caprichosa de las anotadas reglas, lo que procede es aplicar la subregla definida en el Auto 124 de 2009, en virtud de la cual” en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo [aplicación del Decreto 1382 de 2000], el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”^[15].

 

3. Así las cosas, lo que se impone es el envío del expediente que contiene la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Herminda Macías Macías, quien actúa en representación de su hijo Julio César Macías Macías, contra la Secretaría de Educación Departamental de Santander, al Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, a fin de que adopte, con la debida prelación constitucional, la decisión de primera instancia conforme a la situación fáctica y a la pretensión formulada.

 

De esta manera, la Corte Constitucional dejará sin efecto el auto del 5 de marzo de 2014, dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, dentro de la acción de tutela contenida en el expediente ICC-2021 y, en su lugar, ordenará la remisión al mencionado despacho judicial.

 

De igual modo, considera oportuno advertir a la precitada agencia judicial que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto del 5 de marzo de 2014, dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Luz Herminda Macías Macías, quien actúa en representación de su hijo Julio César Macías Macías, contra la Secretaría de Educación Departamental de Santander.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2021 al Juzgado Promiscuo Municipal de Curití, para que asuma el conocimiento de la acción de tutela y adopte la decisión de fondo a que haya lugar conforme a los hechos y a las pretensiones formuladas.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Curití que, en lo sucesivo, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

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Cuarto.- Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNÍQUESE al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General