Auto 246/14

 

TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Solicitud simultánea o sucesiva por beneficiario

 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias

 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia del juez de primera instancia

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Conserva competencia preferente para intervenir en cumplimiento de sus providencias

 

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-No asumir trámite de solicitud de cumplimiento de sentencia T-627/13

 

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Competencia del juez de primera instancia para dar cumplimiento a sentencia T-627/13

 

Referencia: Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013

 

Magistrada (e) Ponente:

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

 

 

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014).

 

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013, proferida por esta Sala de Revisión.

 

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.     El ahora petente fue diagnosticado con diabetes mellitus y en virtud de dicha patología se le calificó el 28 de abril de 2008, con una pérdida de la capacidad laboral del 71,15% y fecha de estructuración del 24 de marzo de 2007.

 

2.     El ISS mediante Resolución 034738 del 28 de noviembre de 2008 le denegó al actor el reconocimiento de su derecho pensional en razón a que no cumplía con las 50 semanas requeridas.

 

3.     El accionante solicitó, mediante acción de tutela, que se ampararan sus derechos fundamentales, pues afirma que si bien no cotizó las 50 semanas requeridas hasta le fecha de estructuración, para la fecha en que se expidió el dictamen ya había satisfecho ese requisito plenamente.

 

4.     La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-627 de 2013 resolvió el caso del ahora solicitante, al igual que el de dos personas más, pues estimó que en razón a que existía identidad temática era posible acumular los expedientes correspondientes a sus acciones de tutela y tramitarlos en uno solo.

 

5.     En relación con el caso del ciudadano Willian Hernán Jaramillo Giraldo esta Corporación consideró que si bien con respecto a la fecha que le fue determinada como de estructuración de la pérdida de su capacidad laboral no cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores, resulta evidente desde un estudio pormenorizado del expediente, que la fecha que le fue determinada no corresponde al momento en que en efecto perdió la capacidad para procurarse su auto-sostenimiento a través del trabajo; y, por ello, estimó que en razón a que el actor siguió laborando y cotizando con posterioridad a esta fecha, era necesario que se tuvieran en cuenta estas cotizaciones y la accionada le reconociera el derecho pensional al actor.

 

6.     En consecuencia, esta Corporación resolvió conceder el amparo a los derechos fundamentales invocados y en los ordinales primero y segundo del fallo en mención, ordenó a la accionada proferir una resolución por medio de la cual disponga el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del actor.

 

7.     El accionante, a través de apoderado judicial, solicitó mediante escrito del 05 de mayo de 2014 que ante el incumplimiento de lo ordenado por parte de la entidad accionada era necesario que esta Corporación asumiera el cumplimiento de la Sentencia T-627 de 2013 y tomara las medidas que fueran necesarias a efectos de lograr la efectiva materialización del amparo otorgado.

 

II.               CONSIDERACIONES.

 

1. Problema Jurídico y Planteamiento del Caso

 

En el presente caso la Sala estudiará la petición de cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013, formulada por el apoderado del ciudadano William Hernán Jaramillo Giraldo en razón a la omisión de la entidad accionada de dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la providencia de referencia.

 

Con el objetivo de resolver la presente solicitud, esta Corporación deberá dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos: ¿la Corte Constitucional es competente para procurar el cumplimiento de sus sentencias? Y si lo es, ¿en qué condiciones?

 

Para dar solución al presente interrogante, la Sala procederá a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional que se ha desarrollado sobre: (i) el cumplimiento de los fallos de tutela; y (ii) la competencia de esta Corporación para adoptar las decisiones requeridas para materializar el cumplimiento de sus fallos.

 

2. El cumplimiento de los fallos de tutela. Reiteración de la jurisprudencia.

 

El cumplimiento de las órdenes judiciales no sólo es una consecuencia lógica de su adopción, sino que además es una garantía de orden constitucional que permite la efectiva materialización de los derechos subjetivos, así como su correcto ejercicio. Por lo anterior, el ordenamiento constitucional y legal vigente ha conferido al juez de cada causa, la autoridad y las facultades requeridas para lograr el efectivo cumplimiento de sus providencias.

 

Esta Corporación ha sido enfática en destacar que el incumplimiento de una decisión de tutela implica una vulneración sistemática del ordenamiento constitucional vigente, pues: (i) frustra la consecución material de los fines esenciales del Estado; (ii) desconoce las normas que regulan la acción de tutela y el derecho fundamental infringido, así como los contenidos normativos correspondientes al valor de la justicia, el efectivo acceso a la misma y el debido proceso; e (iii) ignora el status de cosa juzgada con el que fue resuelta la controversia y, con ello, la seguridad jurídica que le es inmanente a la decisión, pues afecta la confianza que tienen los ciudadanos en la aplicación del derecho vigente por parte de las autoridades públicas.[1]

 

En el caso de los jueces de tutela, el Decreto 2591 de 1991 ha previsto que, en razón a la especial naturaleza de los derechos que se discuten en este tipo de acciones, corresponde al juez adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de lo dispuesto. Por ello, el artículo 27 de la normativa en mención dispone que dado el caso en el que la autoridad responsable del agravio omita dar cumplimiento al fallo, el juez de tutela se encuentra facultado para solicitarle el cumplimiento y si no obra conforme a su deber, es menester que se lo solicite al superior del responsable para que éste inicie el correspondiente procedimiento disciplinario. Igualmente, se dispuso como medida adicional, que el juez de tutela podrá sancionar en desacato[2] a quienes injustificadamente se reúsen a cumplir la providencia.

 

De lo anterior, resulta evidente que en relación con la jurisdicción constitucional, el legislador ha dispuesto dos mecanismos a los cuales los ciudadanos pueden acudir para propender por la materialización del fallo proferido, esto es, a través de la figura del “cumplimiento” o mediante el incidente de desacato. En relación con estas dos figuras, la Corte en Auto 285 de 2008 se preocupó por resaltar sus diferencias de forma que fuera posible distinguirlas y hacer uso apropiado de ellas:

 

“i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal.

ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.

iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.

iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque

v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.” 

 

Es menester destacar que, tal y como se expuso en sentencia T-458 de 2003[3], “el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.”

 

Ahora bien, con respecto al incidente de desacato, resulta pertinente destacar que éste consiste en la facultad con la que cuenta el juez de tutela para que, ante la injustificada omisión del responsable de la vulneración ius-fundamental detectada, imponga una sanción de multa o arresto en aras de lograr el acatamiento de las órdenes proferidas y, así, materializar la protección reconocida.

 

3. Competencia de esta Corporación para adoptar las decisiones requeridas con el fin de materializar el cumplimiento de sus fallos. Reiteración de jurisprudencia.

 

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela radica, prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia, pues son estos los encargados de hacer cumplir las órdenes impartidas, así provengan de un fallo de segunda instancia o de revisión que haya resuelto revocar lo inicialmente dispuesto.

 

Esta Corporación en Auto 136A de 2002, destacó que la competencia principal del juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento de las distintas sentencias de tutela: “(i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991,  (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) esta (sic) en armonía con el principio de inmediación del trámite de  tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta”.

 

No obstante lo recién expuesto, se ha reconocido que la Corte Constitucional cuenta con una competencia preferente, similar a la radicada en cabeza de la Procuraduría General de la Nación en el campo disciplinario, para asumir, dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto, la competencia para desarrollar los trámites que tiendan por el cumplimiento de sus providencias. En este orden de ideas, en casos excepcionales es posible que esta corporación, en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, se arrogue la competencia para ejercer el cumplimiento de sus providencias cuando existe una justificación objetiva, razonable y suficiente que permita inferir la necesidad de que se rompa la regla general de competencia que regula este aspecto.

 

Al respecto, en numerosas ocasiones, esta Corte ha reconocido como justificación suficiente para asumir la competencia de materializar el cumplimiento de sus sentencias: “(i) cuando ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, (ii) o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces[4], o (iii) cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo.” [5]

 

Así, en caso de incumplimiento la Corte podrá tomar las medidas que considere necesarias, a fin de que el amparo sea efectivo, siempre que concurran las siguientes condiciones:

 

“1-. Se debe tratar de un incumplimiento de una sentencia dictada por la propia Corte Constitucional, en donde se concede la pretensión solicitada.

2-. Debe resultar necesaria la intervención de esta Corporación para proteger el orden constitucional.

3-. La actuación de la Corte debe ser indispensable para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.[6]”

 

III.            ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO.

 

En el caso sub lite, se evidencia que aunque se le solicita a esta Corte tomar las medidas tendientes a obtener el cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013, la Sala considera que no se materializa ninguna circunstancia excepcional que amerite inaplicar la regla general de competencia, conforme a la cual es el juez de primera instancia quien debe procurar por el cumplimiento de las sentencias de tutela, pues de lo expuesto por el solicitante: (i) no resulta posible verificar que se haya presentado solicitud alguna ante juzgado de primera instancia y éste no haya podido materializar su cumplimiento, esto es, que sus actuaciones no hayan tenido la virtualidad de ser lo suficientemente efectivas; o (ii) que en razón de la complejidad de las órdenes impartidas sea necesaria la excepcional intervención de esta Corporación.

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la sentencia T-627 de 2013, en el caso del ahora solicitante, fue producto del estudio en sede de revisión del expediente T-3.892.771, en el cual se hizo el análisis de las sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín –Antioquia–, el 14 de febrero de 2013 y en segunda instancia por el Tribunal Superior del distrito Judicial de Medellín –Antioquia– el 21 de marzo de la misma anualidad.

 

Como corolario de lo expuesto, para esta corporación resulta diáfano que la autoridad judicial competente para llevar a cabo las gestiones que correspondan a efectos de obtener el cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013 es el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín –Antioquia– (autoridad judicial que definió la litis planteada en calidad de juez constitucional de primera instancia) y, por ello, a él se remitirá la presente solicitud de cumplimiento, junto con sus anexos.

 

 

IV.           DECISIÓN

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales

 

 

RESUELVE

 

Primero. NO ASUMIR el trámite de la solicitud de cumplimiento incoada por el ciudadano Willian Hernán Jaramillo Giraldo.

 

Segundo. A través de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín –Antioquia– la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-627 de 2013, para que determine lo de su competencia.

 

Tercero. Por medio de la Secretaría General de esta Corte, INFORMAR al solicitante del trámite otorgado a su requerimiento.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrada (e)

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

SONIA MIREYA VIVAS PINEDA

Secretaria General (e)