Auto 338/14

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Competencia de Tribunal Superior

 

 

Referencia: expediente ICC-2056

 

Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad.

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. HECHOS Y ACTOS PROCESALES

 

1. El ciudadano José Aldemar Moncada Moncada, a través de apoderado, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida, la salud, la integridad física, la dignidad y el debido proceso.

 

2. Manifiesta que fue condenado el 25 de septiembre de 2012 por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Medellín, imponiéndole la pena principal de 121 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y otro.

 

3.  Explica que desde las audiencias preliminares fue recluido en las instalaciones de la Cárcel Nacional de Bellavista.

 

4.  Narra que en lo corrido de 2013 sufrió un deterioro paulatino de su salud, agravado por el hacinamiento y la falta de una atención médica adecuada, situación que lo llevó a solicitar la detención domiciliaria. 

 

5.  Indica que a partir de un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en diciembre de 2013, le otorgó el citado beneficio.

 

6.  Advierte que en su domicilio ha tenido acceso al tratamiento y los controles necesarios para sobrellevar su enfermedad en condiciones dignas. Sin embargo, el 20 de febrero de 2014 dicho Juzgado ordenó una nueva valoración por parte de Instituto Nacional de Medicina Legal, examen que no se pudo realizar por cuanto no se encontraba en su domicilio. Aclara que el Inpec certificó que para esa fecha él se encontraba autorizado para reclamar unos exámenes médicos.

 

7.  Pone de presente que el agente del Ministerio Público ha solicitado en varias ocasiones la revocatoria del beneficio de la detención domiciliaria. Además, refiere que sus médicos tratantes han reiterado los cuidados especiales que requiere su enfermedad.

 

8.  A pesar de que Caprecom informó las dificultades que tendría la atención de la enfermedad al interior del penal, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, el 1º de agosto de 2014, revocó el sustituto del cumplimiento de la pena de prisión en el lugar de residencia del sentenciado.

 

9.  Considera que esa decisión desconoce las advertencias médicas efectuadas sobre su estado de salud y las certificaciones del Inpec y Caprecom, que dan fe de la ausencia de una capacidad para atender esos requerimientos.

 

10. La tutela fue repartida a la Sala Penal de Tribunal Superior de Medellín, el 13 de agosto de 2014. Mediante auto del 15 de agosto del año en curso, esa corporación se declaró incompetente para conocer de la acción y remitió el expediente al Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, para lo cual invocó el factor funcional, puesto que el superior del juez de ejecución de penas es el que dictó la sentencia en primera instancia conforme al artículo 478 de la ley 906 de 2004.

 

11. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín con funciones de conocimiento recibió la acción de tutela interpuesta por el señor Moncada Moncada el 25 de agosto siguiente. Mediante auto de esa misma fecha, argumentó que el Decreto 1382 de 2000 no facultaba a la Sala Penal de Tribunal Superior de Medellín para declararse incompetente y señaló que de la ley 906 de 2004 tampoco se puede inferir que su despacho sea el superior funcional del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL^[2]

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada jurisprudencia, la Sala Plena de este tribunal puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas no cuenten con superior funcional común^[3]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[4].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los operadores judiciales involucrados pertenezcan a esferas distintas teniendo en cuenta el factor funcional^[5].

 

1.2. Con todo, se ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[6].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. En diferentes oportunidades se ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[7].

 

Además, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 establece solamente las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no define la competencia de los despachos judiciales en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[8].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[9]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[10], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.”

 

La Corte también ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000^[11]. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[12] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[13].

 

III. DEL CASO CONCRETO

 

Como quedó anotado en las consideraciones de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia, está supeditado en principio, a la inexistencia de superior funcional común.

 

Sin embargo^[14], dicho parámetro procesal no debe ser entendido en términos absolutos, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial efectiva (art. 229 de la C.P.).

 

De los antecedentes de este caso se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, a quien le correspondió en un comienzo el estudio de la acción de tutela presentada por el ciudadano Moncada Moncada, se declaró incompetente para conocerla por el factor funcional, atendiendo que el juzgado que dictó sentencia es el superior funcional del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

 

Por su parte, el Juzgado 4º Penal del Circuito de la capital antioqueña señaló que esa corporación no podía declararse incompetente para conocer del amparo, debido a que el Decreto 1382 de 2000 solo establece reglas de reparto de la acción y a que él no es el superior jerárquico de la autoridad judicial demandada. 

 

Al respecto, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 claramente establece que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” 

 

Asimismo, es imperativo reiterar la segunda regla aplicable a los aparentes conflictos de competencia en materia de tutela y que es de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades judiciales por constituir una jurisprudencia reiterada por parte de este tribunal:

 

“Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.”

 

Bajo esas condiciones, es evidente que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín no podía sustentar la falta de competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por el señor Moncada Moncada, en la regla contenida en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000. Por tanto, sin importar si algunas decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad son conocidas en apelación por el juez que dictó la sentencia condenatoria en primera instancia[15], era obligación de esa corporación darle trámite a la solicitud de protección de los derechos fundamentales, máxime cuando se ha puesto de presente que se encuentra en peligro la vida del actor.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala resolverá el presente conflicto ordenando remitir el expediente inmediatamente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Adicionalmente, atendiendo que la jurisprudencia que soporta la solución de los aparentes conflictos de competencia ha sido reiterada en múltiples ocasiones desde hace más de 5 años, se hace imperativo advertir a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que en adelante, debe observar estrictamente las reglas interpretativas de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014) por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual declaró la incompetencia para conocer de la acción de tutela presentada por el ciudadano José Aldemar Moncada Moncada en contra Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

 

Segundo.- REMITIR el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que, de forma inmediata, tramite la acción de tutela iniciada por el ciudadano José Aldemar Moncada Moncada.

 

Tercero.- ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que en adelante, observe estrictamente las reglas interpretativas emanadas de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

Cuarto.- Por secretaría General, COMUNICAR al Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Medellín con funciones de conocimiento de la decisión adoptada en esta providencia.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado	MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Magistrada (E)

 

 

 

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General