Auto 339/14

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO Y JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA-Remisión expediente a quien se repartió en primer lugar

 

ACCION DE TUTELA CONTRA INSPECCION DE POLICIA URBANA Y JUZGADO CIVIL MUNICIPAL-Competencia de Juzgado Penal Municipal

 

 

Referencia: expediente ICC-2065

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado 28 Penal Municipal con funciones de control de garantías, el Juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, el Juzgado Primero Civil del Circuito, todos de la ciudad de Medellín, y el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá.

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. HECHOS Y ACTOS PROCESALES

 

1. La ciudadana María del Socorro Ledesma Zapata instauró acción de tutela en contra de las inspecciones “Primera Civil Especializada y de Policía Permanencia 4” de la ciudad de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos a la igualdad, el debido proceso, la dignidad y la propiedad privada.

 

2. Manifiesta que en 1990 celebró un negocio jurídico con el señor Armando Vargas sobre el bien inmueble ubicado en la calle 18 B núm. 81-9, barrio Belén .la Nubia en Medellín.

 

3.  Explica que al mencionado señor se le entregó el dinero acordado y quedó pendiente el pago de los impuestos para efectuar la escritura correspondiente. De hecho, aclara, él le otorgó poder a la señora Elodia Aguirre para que firmara ese título cuando el inmueble se encontrara a paz y salvo.

 

4.  Advierte que a pesar de haberse puesto al día con la administración de impuestos de Medellín, no le fue posible lograr que el señor Vargas o la señora Aguirre cumplieran con su obligación. Sin embargo, puntualiza que desde el momento de la celebración del contrato mantuvo una posesión tranquila, pacífica e ininterrumpida de la propiedad.

 

5.  Indica que el 30 de marzo de 2011 el Juzgado Trece Civil Municipal de Medellín comisionó a la Inspección Primera Civil Especializada para que llevara a cabo diligencia de secuestro sobre su vivienda. Afirma que aunque no le explicaron en qué consistía ese trámite, allí explicó que llevaba en posesión del inmueble por más de 24 años y que el señor Armando Vargas no contaba con algún derecho sobre el predio.

 

6.  Reitera que la inspectora no le indicó en qué consistía la diligencia e insiste en que le explicó su condición de poseedora para lo cual mostró el acuerdo de pagos que había acordado con la Secretaría de Hacienda de Medellín y llamó a los vecinos para que corroboraran su situación. Explica que no se le permitió oponerse y que el secuestre le dejó el bien en calidad de depósito, por lo que se negó a firmar el acta respectiva.

 

7  Narra que en 2013 el secuestre interpuso una demanda de restitución de inmueble la cual fue respondida con los documentos que demuestran su calidad de poseedora. Sin embargo, sus excepciones fueron negadas por no haber ejercido la defensa en el juzgado donde se inició el proceso, es decir, el Juzgado 41 Civil Municipal de la ciudad de Bogotá.

 

8.  Advierte que el 27 de junio de este año el inspector de policía permanencia 4, primer turno, se acercó al inmueble para iniciar el trámite del lanzamiento. Indica que a él también se le pusieron de presente varios documentos que demuestran su calidad de poseedora.

 

9.  Informa que nunca tuvo la oportunidad de defenderse dentro del proceso que se adelantó en la ciudad de Bogotá y considera que las actuaciones de las demás entidades de la ciudad de Medellín desconocen sus derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad, entre otros.

 

10. La tutela fue repartida al Juzgado 28 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín y este admitió el amparo mediante auto del 14 de julio de 2014. Posteriormente, el 28 de julio, dictó sentencia en la que concedió la protección de los derechos invocados y, entre otros, declaró la nulidad de la diligencia de secuestro.

 

11. Ese fallo fue impugnado por varios de los demandados, lo que llevó a que el expediente fuera enviado al Juzgado 24 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Este, a través de providencia del 1º de septiembre de 2014, decretó la nulidad de lo actuado desde el auto del 14 de julio de 2014, debido a que la primera instancia no integró el contradictorio y a la falta de competencia para conocer las providencias judiciales dictadas por los jueces civiles de rango municipal de las ciudades de Medellín y Bogotá.

 

12.  Como consecuencia, el Juzgado 28 Penal Municipal, el 16 de septiembre, remitió el expediente al reparto de los jueces civiles del circuito de Medellín.

 

13.  La nueva acta individual de reparto se llevó a cabo el 17 de septiembre, la cual le asignó el conocimiento del asunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín. Este, el 19 de septiembre, dictó providencia en la que declaró su falta de competencia debido a que el origen del proceso ordinario demandado está a cargo del Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá y, por tanto, quien debe conocer de la acción es el superior jerárquico de este en la capital de la República, de conformidad al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

 

14.  Lo anterior llevó a que la tutela fuera repartida el 29 de septiembre al Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá quien mediante providencia del 30 de septiembre propuso conflicto negativo de competencia, debido a que el origen de la vulneración de los derechos se encuentra en la ciudad de Medellín y, por tanto, es en ese lugar en donde se debe decidir el amparo constitucional elevado por la señora María del Socorro Ledesma Zapata.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL^[2]

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada jurisprudencia, la Sala Plena de este tribunal puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas no cuenten con superior funcional común^[3]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[4].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los operadores judiciales involucrados pertenezcan a esferas distintas teniendo en cuenta el factor funcional^[5].

 

1.2. Con todo, se ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[6].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. En diferentes oportunidades se ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[7].

 

Además, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 establece solamente las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no define la competencia de los despachos judiciales en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[8].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[9]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[10], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.”

 

La Corte también ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000^[11]. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[12] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[13].

 

III. DEL CASO CONCRETO

 

Como quedó anotado en las consideraciones de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia, está supeditado en principio, a la inexistencia de superior funcional común.

 

Sin embargo^[14], dicho parámetro procesal no debe ser entendido en términos absolutos, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial efectiva (art. 229 de la C.P.).

 

De los antecedentes de este caso se observa que cuatro despachos judiciales han conocido del asunto y que debido a la interpretación errada de las reglas de reparto consignadas en el Decreto 1382 de 2000, por lo menos durante cuatro meses se ha dilatado la solución de la protección de derechos invocada por la ciudadana Ledesma Zapata. La Sala recuerda a todas esas autoridades judiciales que la única fuente para generar un conflicto de competencia es la que se puede fundar en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y que ha sido definida por la Corte de la siguiente manera:

 

“Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).”

 

Aunque el Juzgado 28 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín dio trámite a la acción de tutela e inclusive llegó a dictar sentencia a favor de la actora, su actuación fue anulada por el Juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, quien a pesar de argumentar la falta de competencia de la primera instancia con base en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2002, se abstuvo de remitir el expediente a la autoridad que correspondía. Esta decisión llevó a que la tutela fuera enviada a otros dos despachos, quienes en aplicación de la misma norma y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 respectivamente, se abstuvieron de dar trámite al amparo constitucional.

 

Al respecto, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 claramente establece que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” 

 

Asimismo, es imperativo reiterar la segunda regla aplicable a los aparentes conflictos de competencia en materia de tutela y que es de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades judiciales por constituir una jurisprudencia reiterada por parte de este tribunal:

 

“Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.”

 

Bajo esas condiciones, es evidente que el Juzgado 24 Penal, del Circuito con funciones de Conocimiento de Medellín no podía sustentar la falta de competencia para conocer de la acción de tutela impetrada por la ciudadana Ledesma Zapata, en la regla contenida en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. Por tanto, sin importar la especialidad judicial que haya dado origen a la presunta vulneración de derechos fundamentales de la actora, era obligación de esa autoridad judicial darle trámite a la solicitud de protección de los derechos fundamentales, máxime cuando se ha puesto de presente que ella se encuentra en peligro de ser desalojada de su vivienda.

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala resolverá el presente conflicto ordenando remitir el expediente inmediatamente al despacho que conoció del caso en la primera oportunidad de acuerdo a la especialidad elegida por la actora, esto es, el Juzgado 28 Penal Municipal con función de garantías de Medellín, para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, integrando la totalidad del contradictorio del caso conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Adicionalmente, atendiendo que la jurisprudencia que soporta la solución de los aparentes conflictos de competencia ha sido reiterada en múltiples ocasiones desde hace más de 5 años, se hace imperativo advertir al Juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín que en adelante, debe observar estrictamente las reglas interpretativas de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 1º de septiembre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, en lo que se refiere a la falta de competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la ciudadana María del Socorro Ledesma Zapata en contra de las inspecciones de policía urbana permanente 4 – turno 1 y otros de esa ciudad, así como el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá. En la misma medida, en cuanto dio cumplimiento a la anterior decisión, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 16 de septiembre de 2014 proferido por el Juzgado 28 Penal Municipal de esa ciudad.

 

Segundo.- REMITIR el expediente al Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, para que, de forma inmediata y una vez conformado todo el contradictorio, decida la acción de tutela iniciada por la ciudadana María del Socorro Ledesma Zapata.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín que en adelante, observe estrictamente las reglas interpretativas emanadas de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.

 

Cuarto.- Por secretaría General, COMUNICAR a los Juzgados 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín y al Juzgado 1º Civil del Circuito de la misma ciudad de la decisión adoptada en esta providencia.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado	MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Magistrada (E)

 

 

 

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General