Auto 136/15

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO Y JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-Reiteración auto A124/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común

 

ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Factor territorial

 

ACCION DE TUTELA CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS-Competencia de Juzgado Civil del Circuito

 

Referencia: Expediente ICC-2128

 

Acción de tutela presentada por el señor Isidro Bedoya Franco en contra de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - UARIV

 

Magistrado Ponente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1.1.         Isidro Bedoya Franco presentó acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, en adelante UARIV, manifestando que esta última vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la petición, con la omisión y dilación en la entrega de los subsidios a los cuales tiene derecho por ser una persona en condiciones de desplazamiento.

 

1.2.         En consecuencia de lo anterior, solicitó la protección de los derechos conculcados, instando a la demandada que autorice una prórroga de ayuda humanitaria a su favor y “una oportuna indemnización para el goce efectivo de mis derechos”.

 

2. Decisiones que suscitaron el supuesto conflicto de competencia

 

2.1.         Efectuado el reparto administrativo el asunto le fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro que, mediante auto del 28 de enero de 2015, decidió no asumir el conocimiento de la acción de tutela por considerar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que podrán conocer de ella “a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presente solicitud”. Así las cosas, a su parecer, no es en su jurisdicción donde ocurre la presunta vulneración ni la amenaza, como tampoco se producen los efectos de la misma, en tanto, el accionante tiene su domicilio en el municipio de San Vicente de Antioquia y la entidad accionada tiene asiento en la ciudad de Medellín. Finalmente, advierte que si el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Ferrer-Antioquia, no acoge sus argumentos, propone desde ese mismo momento conflicto negativo de competencia.

 

2.2.         Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Ferrer-Antioquia en proveído del 6 de febrero de 2015, decidió aceptar la proposición de su antecesor sobre el conflicto negativo de competencia, no sin antes anotar, que no entendió las razones por las que el superior no asumió el conocimiento de la solicitud, desconociendo la facultad que tiene el usuario de escoger a prevención el juez que conozca de su tutela, dilatando los términos que por ley se estipulan para emitir un fallo de esta índole. Tampoco evidenció la naturaleza jurídica de la demandada, siendo esta una entidad del orden nacional descentralizada, lo cual impide de manera clara que sea su despacho quien trámite la petición tutelar.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

1.1. Conforme lo ha considerado la reiterada, consistente y consolidada jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que surjan en el trámite de la acción de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas, no cuenten con superior funcional común^[1]. En este contexto, el expediente deberá ser remitido a esta Corte, para que, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decida cuál despacho judicial debe conocer de la solicitud de amparo, de modo que su competencia es, en esta materia, residual^[2].

 

Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir posibles conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que las colisiones que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela son siempre eventuales conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a esferas distintas. Ello, por cuanto desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional^[3].

 

1.2. Empero, la Corte ha considerado que en atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, el parámetro de la residualidad anotado puede excepcionarse en aquellos casos en los que a pesar de existir superior funcional común, la demora en la decisión de un supuesto conflicto de competencia puede comprometer la efectividad de los derechos fundamentales^[4].

 

2. Marco jurídico que determina la competencia en materia de tutela

 

2.1. Este Tribunal en diferentes oportunidades ha precisado que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5].

 

Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia^[6].

 

En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”^[7]

 

Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció en el auto 124 de 2009^[8], las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, derivados de la falta de aplicación del factor territorial contenido en la Constitución Política (art. 86) y el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), así como lo relativo a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, las cuales, en uno y otro supuesto, son simplemente las consecuencias naturales de la jurisprudencia tantas veces reiterada por esta Corte:

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido aplicando en esta materia.

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

 

En relación con la última regla anotada, este Tribunal en auto 198 de 2009, precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído.”

 

También, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”^[9], contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000. Sobre el particular, este Tribunal expresó:

 

“Esta nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

 

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista.

 

La posición mayoritaria que se había acogido ha originado numerosos conflictos de competencia aparentes que dilatan enormemente la decisión de las acciones de tutela. En efecto, las oficinas de reparto, en algunas ocasiones, efectúan la distribución de las acciones de tutela a jueces diferentes de los escogidos por los demandantes, al cabo de lo cual éstos se declaran incompetentes en aplicación de la jurisprudencia mayoritaria de ésta Corporación y proceden a remitir el asunto a los jueces elegidos por los actores quienes a su vez consideran que, al margen de tal selección, se debe respetar la asignación de las oficinas de reparto, surgiendo entonces el conflicto aparente de competencia.

 

(…)

 

Es por ello que la Corte acoge esta nueva posición respecto del significado del término ‘a prevención’ pues es la que protege de manera efectiva los derechos fundamentales al evitar las dilaciones indebidas que se están presentando, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ello en aplicación de la regla según la cual se debe escoger la interpretación más favorable para los derechos de las personas (interpretación pro homine).

 

Esta argumentación se basa, además, en la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y busca proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (artículo 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991).”

 

2.2. De esta manera, la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta que el trámite de la acción de tutela es preferente, sumario e informal (arts. 86 C.P., 3° y 14 del Decreto 2591 de 1991) y que una de las finalidades del Estado social de derecho proclamado en la Constitución es la efectividad de los derechos (art. 2° C.P.), ha fijado los citados lineamientos en materia de conflictos de competencia, los cuales buscan, en últimas, evitar dilaciones injustificadas y barreras infranqueables y desproporcionadas en el acceso efectivo a la justicia, cuando lo que está en juego es la garantía de los derechos fundamentales. Lo anterior, está en estrecha armonía con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos^[10] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos^[11].

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Como quedó anotado en las consideraciones de esta decisión, la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de asumir el conocimiento de conflictos de competencia o de atribución, está supeditada, en principio, a la inexistencia de superior funcional común.

 

Sin embargo, como lo ha considerado en repetidas ocasiones la jurisprudencia constitucional^[12], dicho parámetro procesal no debe ser entendido en términos absolutos, toda vez que en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 o, que sencillamente, la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte es una discusión que apenas envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial efectiva (art. 229 de la C.P.).

 

En el asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se tiene que la controversia respecto de la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela promovida por el señor Isidro Bedoya Franco, en contra de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, está trabada entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro - Antioquia, y el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Antioquia, por lo que, correspondería dirimir el conflicto suscitado al Tribunal Superior-Sala Civil de Antioquia.

 

No obstante, en vista de que han transcurrido un poco más de tres (3) meses desde que se presentó la solicitud de tutela sin que el peticionario haya obtenido decisión de fondo, es razón suficiente para que la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional adopte la decisión que corresponda. Ello encuentra respaldo en los principios de economía, celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que orientan el ejercicio de la acción de tutela (Decreto 2591, art. 3°).

 

2. En el presente asunto, la Corte debe indicar que se presenta un conflicto negativo de competencia derivado del factor territorial como presupuesto que determina la misma en materia de tutela (Constitución Política, art. 86 y Decreto 2591 de 1991, art. 37).

 

Así las cosas, en el caso sublite el despacho judicial que conoció del caso inicialmente, debió respetar la competencia a prevención que recaía sobre él, en tanto los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de la acción de tutela, deben prevalecer a la hora de abordar una petición de amparo constitucional, puesto que lo que se ventila en estos procesos son vulneraciones a derechos fundamentales que no admiten espera en su trámite, lo que puede significar grandes perjuicios para quien demanda su protección.

 

En ese orden, lo que corresponde es acudir a la competencia a prevención, anteriormente descrita, razón por la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro es el que debe dictar la decisión de fondo de primera instancia, conforme a los hechos y a las pretensiones que han sido planteados en la solicitud de tutela.

 

Operador judicial que atendiendo las reglas previstas en el Decreto 1382 de 2000, le correspondería conocer como quiera que, por la naturaleza de la entidad demandada, el estudio de las tutelas que contra las entidades descentralizadas por servicios se presenten, debe ser asignado, en primera instancia, a los jueces de circuito. Luego como Rionegro es la cabecera judicial del municipio de San Vicente de Antioquia, lugar en el que, además, tiene su domicilio el demandante y en donde se producen los efectos de la transgresión alegada, funge como autoridad judicial idónea para definir de fondo el asunto.

 

3. En consecuencia, lo que se impone es el envío del expediente que contiene la acción de tutela interpuesta por el señor Isidro Bedoya Franco contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro con el objeto de que adopte la respectiva decisión de primera instancia.

 

Por tanto, se dejará sin efecto el auto del 28 de enero de 2015 emanado del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, dentro de la acción de tutela contenida en el expediente ICC-2128 y, en consecuencia, se ordenará su remisión al mencionado despacho judicial.

 

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

 

RESUELVE

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto del 28 de enero de 2015, adoptado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, mediante el cual se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Isidro Bedoya Franco contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

 

Segundo.- DECIDIR el conflicto de competencia suscitado ordenando la remisión del expediente ICC-2128 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, para que tramite y profiera la decisión de fondo de primera instancia respecto del amparo solicitado.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, COMUNÍQUESE al Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente -Antioquia, la decisión adoptada en esta providencia.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta (e)

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrada	LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado	GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Magistrada (e.)	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ausente con excusa

 

 

 

 

ANDRÉS MÚTIS VANEGAS

Secretario General (e.)