Auto 226/15

(Bogotá D.C., Junio 03)

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reiteración auto A.124/09

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, en la acción de tutela promovida por el ciudadano Christian Andrés Murcia Chaves contra la Policía Nacional.

 

I. ANTECEDENTES.

 

1.  El accionante interpuso acción de tutela el 15 de febrero de 2015, contra la Policía Nacional, reclamando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado con la investigación disciplinaria que se le inició a raíz de los hechos sucedidos el día 19 de abril de 2010 en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, que tenía como finalidad dar con el paradero y posible rescate del señor Eliecer Reinaldo Rosero. En consecuencia, solicitó: (i) declarar la nulidad del fallo de primera instancia del 20 de octubre de 2014, proferido por la Inspección Regional Dos de la Policía Nacional, sede Neiva, mediante el cual se sancionó con destitución e inhabilidad por un lapso de 10 años al señor Christian Andrés Murcia Chaves; (ii) declarar la nulidad de la providencia de segunda instancia del 15 de diciembre de 2014, proferida por el Inspección General de la Policía Nacional, que confirmó en todas sus partes la sentencia del Ad-quo; y (iii) ordenar proferir un nuevo fallo.

 

2. La demanda le correspondió, conforme al acta individual de reparto, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Está Sala, por medio de Oficio del 20 de febrero de 2015, aseveró que de los hechos se desprende que: (i) el proceso disciplinario se adelantó en la ciudad de Neiva, lugar en que se produjo la violación de los derechos fundamentales invocados por el actor y, (ii) una de las accionadas es la Inspección Regional Dos de la Policía Nacional, sede Neiva, la cual es una entidad del orden nacional.

 

Consideró el Tribunal de Bogotá que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, son competentes para conocer de la acción de tutela los jueces del lugar donde ocurrió la violación del derecho o los jueces donde tiene efecto la violación, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Neiva.

 

3. Mediante acta individual de reparto del 2 de marzo de 2015, le correspondió el estudio de la acción de tutela a la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, quien a través de oficio del 4 de marzo de 2015 propuso conflicto de competencia negativo, por lo tanto, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional.

 

Dicha remisión se fundamentó en que de acuerdo con el Auto 124 de 2009, el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela para declararse incompetente ni para decretar la nulidad de lo actuado, lo que implica, que el estudio de la acción le corresponde a la autoridad judicial a quien inicialmente se le repartió.

 

De otra parte, aseguró que si bien es cierto que una de las accionadas es la Inspección Regional Dos de la Policía Nacional, sede Neiva, al proferir fallo de primera instancia; también lo es la Inspección General de la Policía Nacional con sede en Bogotá quien tuvo conocimiento del proceso disciplinario en segunda instancia, por tal motivo no es posible afirmar que la vulneración de los derechos fundamentales invocados ocurrió exclusivamente en la ciudad de Neiva.

 

Además, si el actor decidió presentar la acción de tutela en Bogotá, debió a prevención admitirla y tramitarla la autoridad judicial a quien fue repartida inicialmente, tal como lo indica la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

II. FUNDAMENTOS.

 

1. Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia.

 

1.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo.^[1]

 

1.2. Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.^[2]

 

1.3. No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común.^[3]

 

2. Normas que determinan la competencia en materia de tutela.

 

2.1. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la propia de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela, no las que definen la competencia de los despachos judiciales,^[4] pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado desestimó, mediante Sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.

 

2.2. Es por ello que este tribunal ha precisado que: “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”.^[5]

 

2.3. Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el Auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la doctrina tantas veces reiterada por esta Corporación:

 

(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).  

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.

 

2.4. Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del Decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.

 

A partir de las anteriores consideraciones, procede la Sala a decidir sobre el supuesto conflicto negativo de competencia planteado.

 

2.5. Caso concreto.

 

2.5.1. Conforme quedó indicado en las consideraciones jurídicas precedentes, este Tribunal ha fijado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, con fundamento en el principio de interpretación pro homine, para establecer que las demandas de tutela pueden presentarse (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar en el que se esté presentando la supuesta vulneración y/o amenaza de los derechos fundamentales o (ii) en el lugar en el que se estén produciendo sus efectos.

 

2.5.2. En el caso sub examine la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá quien no admitió a trámite la acción de tutela al considerar que la vulneración y/o amenaza de los derechos fundamentales se están produciendo en la ciudad de Neiva, donde se profirió la sentencia de primera instancia en desarrollo del proceso disciplinario que se adelantó contra el actor, lo que implica que la competencia radica en el Tribunal Superior de Neiva de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

 

Posteriormente, la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, manifestó su desacuerdo con la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aseverando que la acción de tutela también ataca la sentencia de segunda instancia del proceso disciplinario siendo ésta proferida en Bogotá, lo que implica, que no es posible asegurar que la vulneración y/o amenaza de los derechos fundamentales se esté dando de manera exclusiva en la ciudad de Neiva. A su vez, aseguró que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la demanda de tutela debe ser tramita a prevención donde el demandante eligió presentarla.

 

2.5.3. En el presente asunto no existe un conflicto de competencia sino una controversia sobre las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000. En este orden de ideas, es necesario dar aplicación a la regla general contenida en el Auto 124 de 2009, según la cual las normas contenidas en el citado acto administrativo son de reparto y no de competencia y, en tal virtud, una equivocación en la aplicación de tales directrices no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente. En consecuencia, lo procedente es remitir el proceso al juez a quien se repartió en primer lugar el asunto, para que decida de forma inmediata.

 

2.5.4. En virtud de lo anterior, considera la Sala Plena de esta Corporación que la autoridad judicial que debe conocer y resolver la acción de tutela de referencia es la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por lo tanto, se dejará sin efectos los oficios por medio de los cuales ambos jueces se declararon incompetentes y se remitirá el asunto a esta Sala para que lo tramite de forma inmediata. 

 

III. CONCLUSIÓN.

 

1. Síntesis del caso.

 

El ciudadano Christian Andrés Murcia Chaves interpuso acción de tutela contra la Policía Nacional, reclamando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas respectivamente por la Inspección Regional Dos de la Policía Nacional - sede Neiva - y por la Inspección General de la Policía Nacional – Bogotá -, mediante las cuales se sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al actor. En consecuencia solicitó al juez de tutela declarar la nulidad de dichos fallos y ordenar proferir un nuevo fallo.

 

La acción de tutela fue asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien a través de Oficio del 20 de febrero de 2015, aseveró que la vulneración y/o amenaza de los derechos fundamentales se está produciendo en la ciudad de Neiva, lugar donde se profirió la sentencia de primera instancia, lo que implica que la competencia radica en el Tribunal Superior de Neiva de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

 

Por su parte, la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, a través de Oficio del 4 de marzo de 2015 se declaró incompetente para conocer del caso asegurando que la acción de tutela también ataca la sentencia de segunda instancia del proceso disciplinario, siendo esta proferida en Bogotá, lo que implica, que la presunta vulneración y/o amenaza de los derechos fundamentales no solo se estaría materializando en Neiva, sino también en Bogotá.

 

2. Razón de la decisión.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, el 37 del Decreto 2591 de 1991 y lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000 son de reparto y no son disposiciones jurídicas que permitan al juez de tutela declararse incompetente, esto con el fin de  resguardar los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (D. 2591 de 1991).

 

IV. DECISIÓN

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE:

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS los Oficios del 20 de febrero de 2015 y el del 4 de marzo de 2015, por medio de los cuales la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, se declararon incompetentes para conocer de la acción de tutela presentada por el ciudadano Christian Andrés Murcia Chaves contra la Policía Nacional.

 

Segundo.- REMITIR el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que de forma inmediata, tramite la acción de tutela instaurada por el ciudadano Christian Andrés Murcia Chaves interpuso acción de tutela contra la Policía Nacional.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Cuarto.- ADVERTIR a la Oficina Judicial de reparto de Bogotá que deberá aplicar y cumplir las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Presidente (E)

 

 

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO     LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

       Magistrado                                               Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA  MARTELO Magistrado		GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO                        Magistrada               Ausente en comisión
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado       ALBERTO ROJAS RIOS Magistrado		JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado       MYRIAM ÁVILA ROLDAN Magistrada (E)
MARTHA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General