Auto 234/15

 

 

SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia de aclaración o recursos

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional por violación al debido proceso

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por violación al debido proceso

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cuando el vicio alegado se refiera a situaciones ocurridas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la petición deberá elevarse antes de que se emita la sentencia

 

DECLARATORIA DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Naturaleza excepcional

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye oportunidad para reabrir debates jurídicos resueltos

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales de procedencia

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Término de tres días siguientes a la notificación del fallo

 

NULIDAD SENTENCIA PROFERIDA POR SALA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos materiales

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carga argumentativa de quien la invoca

 

NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Afectación ostensible, probada, significativa y trascendental que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos

 

NULIDAD SANEABLE EN PROCESO DE TUTELA-Vulneración del derecho de defensa y debido proceso por falta de vinculación de parte o tercero con eventual interés

 

ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO DE PROTECCION AL DERECHO DE VIVIENDA DIGNA-Se decide declarar parcialmente nula, la sentencia T-837 de 2012 únicamente en lo referente al expediente T-3.469.991 por indebida conformación del contradictorio

 

 

Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-837 de 2012

 

Magistrada Ponente (E):

Myriam Ávila Roldán

 

 

Bogotá D. C., tres (3) de junio de dos mil quince (2015)

 

 

Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de nulidad de la sentencia T-837 de 2012 proferida por la Sala Novena de Revisión.

 

I. ANTECEDENTES

 

La señora Dilma Rodríguez García presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-837 de 2012. Dicha sentencia resolvió dos casos que fueron acumulados por la Sala Novena de Revisión, mediante auto del 14 de agosto de 2012, para que fueran fallados en una misma sentencia, teniendo en cuenta que ambos expedientes guardaban una estrecha similitud en cuanto a hechos y pretensiones. La nulidad que ahora ocupa a la Sala corresponde únicamente al caso T-3.469.991, y por lo tanto, lo resuelto sobre el caso T-3.352.756 en la sentencia T-837 de 2012, no será objeto de pronunciamiento en esta oportunidad.

 

Los antecedentes de la acción de tutela T-3.469.991 se resumen a continuación:

 

1.1  La señora  Doris Lilia Saray Rodríguez interpuso acción de tutela contra la Oficina de vivienda del Departamento del Meta y la Gobernación del Meta. Manifestó ser madre cabeza de familia de dos hijos y, al no contar con los recursos suficientes para comprar independientemente una vivienda para ellos, se postuló para adquirir una vivienda de subsidio familiar en la Urbanización Semillas de Paz ubicada en Villavicencio.

 

1.2        Luego de haberse surtido todo el trámite correspondiente, mediante la Resolución No. 268 de 2011, el Gerente de vivienda del Departamento del Meta le transfirió a título de subsidio de vivienda familiar en especie a la accionante y sus dos hijos un lote de terreno ubicado en la Calle 29 A sur No. 37-47 en la Urbanización Semillas de Paz. Para poder ser adjudicataria del inmueble la accionante tuvo que pedir un crédito para cancelar la suma de $7’500.000 al Departamento del Meta.

 

1.3        Señaló que cuando se disponían a realizar la diligencia de entrega real y material del inmueble, no pudo llevarse a cabo porque en éste se encontraba habitando una familia, que no obstante la presencia de la Policía, se negó a abandonar el predio.

 

1.4        En consecuencia, la Oficina de vivienda del Departamento del Meta, se comprometió a adelantar todas las diligencias necesarias para recuperar el bien que le fue adjudicado a la actora. Sin embargo, al ver que no recibía respuesta alguna, la accionante radicó un derecho de petición el 13 de septiembre de 2011 ante dicha oficina, para que solucionaran su situación. Para el momento de la interposición de la tutela, éste no había sido contestado.

 

1.5        La actora consideraba que dicha situación vulneraba sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a una vivienda digna, pues la entidad demandada no le había dado solución a la imposibilidad de entregarle  la casa que adquirió. También dijo que se encontraba pagando arriendo y el crédito que solicitó para solventar el pago de su vivienda, así mismo, respondía económicamente por sus dos hijos, y por ello consideraba amenazado su mínimo vital. En consecuencia solicitó al juez de tutela que ordenara a la demandada realizar la entrega real y material de la casa que adquirió.

 

1.6. La Corte Constitucional seleccionó para revisión la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta, que resolvió la acción de tutela promovida por la señora Doris Lilia Saray Rodríguez contra la Oficina de vivienda del Departamento del Meta y la Gobernación del Meta. En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión, profirió la sentencia T-837 del veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012).

 

2. Fundamento de la sentencia T-837 de 2012.

 

Revisados los hechos narrados y probados durante el trámite de la acción de tutela, la Sala Novena de Revisión encontró que los derechos fundamentales de la accionante, Doris Lilia Saray Rodríguez y los de sus menores hijos estaban siendo vulnerados por la Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta, pues pese a que Jorge Carmelo Pérez Alvarado, Gerente de Vivienda del Departamento del Meta, afirmó que “la titularidad del derecho radica en cabeza de la Señora Doris Lilia Saray Rodríguez, quien se encuentra inscrita como titular del derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la ocupación, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Villavicencio.”, dicha entidad no había avanzado en los trámites necesarios para hacer la entrega real del inmueble que afirmó, era propiedad de la accionante.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Novena de Revisión ordenó:

 

“Cuarto.- REVOCAR parcialmente el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta el 23 de enero de 2012, dentro del proceso de tutela iniciado por Doris Lilia Saray Rodríguez contra la oficina de vivienda del Departamento del Meta, en tanto solo amparó su derecho de petición y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a una vivienda digna y de propiedad de la accionante.

 

Quinto.- ORDENAR al Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del Meta,  que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta providencia, realice las gestiones necesarias para reubicar a la familia que actualmente se encuentra ocupando la vivienda situada en la Calle 29ª Sur 37-47 de la Urbanización semillas de Paz, del municipio de Villavicencio, en un alojamiento temporal que cuente con las condiciones mínimas necesarias para garantizarles una vivienda digna hasta tanto puedan procurarse un lugar digno en donde vivir por sus propios medios, para dar cumplimiento a esta orden podrá hacer uso de todas las acciones legales y policiales que tenga a su alcance, en las cuales se garantice el derecho al debido proceso de los implicados. Adicionalmente, dicha autoridad deberá informar y explicar a dicha familia, las convocatorias para adquisición de vivienda de interés social a las que pueden postularse, según la oferta que se encuentre vigente por parte del municipio de Villavicencio y el Departamento del Meta.

 

Por otra parte, una vez se logre reubicar a la familia señalada, del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 230-145152 de Villavicencio- Meta y, la cédula catastral número 00-16-0855-0009-000, dentro del término de los siguientes cinco (5) días el Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del Meta deberá realizar la entrega material y real de dicho inmueble, a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez”

 

Contra la sentencia T-837 de 2012 de la Corte Constitucional, la señora Dilma Rodríguez García, presentó solicitud de nulidad, el diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013).

 

II. SOLICITUD DE NULIDAD

 

La señora Dilma Rodríguez García, interpuso el 19 de marzo de 2013, incidente de nulidad contra la sentencia T-837 de 2012.

 

En primer lugar, señaló que a pesar de resultar directamente afectada por la decisión adoptada en la sentencia T-837 de 2012, nunca fue vinculada al proceso. Por lo anterior, solicitó que se tenga como fecha para su notificación el 15 de marzo de 2013, día en que afirmó tuvo conocimiento sobre el proceso de tutela y decisión adoptada por esta Corporación. Así las cosas, manifestó estar en término para solicitar la nulidad de la providencia, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.

 

En segundo lugar, fundamentó la solicitud de nulidad en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, pues al no haber sido parte dentro del proceso de tutela, no tuvo la oportunidad de controvertir los hechos y pruebas recaudadas en el mismo, y aun así,  terminó directamente afectada por la decisión tomada en la sentencia T-837 de 2012.

 

Afirmó que mediante la resolución No. 710 del 6 de septiembre de 2009 la Gobernación del Meta le adjudicó una vivienda de interés social ubicada en la Calle 29 A sur # 37-47, Urbanización Semillas de Paz, ciudad de Villavicencio. El día 9 de ese mes, le fueron entregadas las llaves de la misma, y empezó a habitarla. Para obtener lo anterior, dijo que pagó $7’500.000. También aseguró que con el fin de legalizar la entrega, se dirigió varias veces a la Empresa de vivienda de interés social de la Gobernación del Meta, y a la oficina de instrumentos públicos de Villavicencio lugares en los que le informaron que la Gobernación era la entidad encargada de realizar las escrituras y que éstas se encontraban en trámite.

 

Sostuvo que es una poseedora de buena fe, con justo título y que ha ejercido actos de señora y dueña de forma continua, tranquila, pacífica e ininterrumpida, junto con su familia, que está compuesta por tres hijos menores de 6, 15 y 17 años de edad, un hijo mayor de edad que cuenta con 23 años, su nuera (de la cual no informa edad) y su nieto de dos años de edad. Dice ser madre soltera y cabeza de familia.

 

Así mismo, contó que realizó varias mejoras al inmueble que según sus cálculos pueden ser estimadas en $25’000.000, las cuales hacen parte de su patrimonio, y actualmente no tiene cómo exigir que le sea reembolsado su valor.

 

Manifestó que solo hasta el 13 de marzo de 2013 recibió una comunicación proveniente de la Secretaría de vivienda de interés social de la Gobernación del Meta, en la cual se le requirió para que se acercara a las oficinas de dicha entidad. Una vez se presentó, le informaron que debían reasignarle provisionalmente una vivienda para dar cumplimiento a la sentencia T-837 de 2012.

 

En consecuencia, solicitó que se declare nula la sentencia T-837 de 2012 en lo que tiene que ver con el caso de la señora Doris Lilia Saray Rodríguez, toda vez que al no ser vinculada al proceso no pudo exponer sus argumentos y demostrar su buena fe, teniendo en cuenta que al parecer, la Gobernación habría incurrido en un error al adjudicar a dos personas distintas el mismo inmueble.

 

Finalmente, para ilustrar a la Corte sobre su situación adjuntó los siguientes documentos:

 

a. Copia de algunos folios del proceso de tutela No. 50-001-31-07-002-2012-00002-00 de Doris Lilia Saray Rodríguez contra la Oficina de vivienda del Departamento del Meta y otro. (Folios 9 a 59)

 

b. Copia de los trámites surtidos después de la expedición de la sentencia T-837 de 2012, tales como otorgamiento de poderes por parte de la Gobernación del Meta a abogados para adelantar un proceso reivindicatorio, así como solicitudes de conciliación pre judicial. (Folios  60 a 109).

 

c. Copia autenticada de la Resolución No. 710 de 2009, en la cual, la Gerencia de Vivienda del Meta le adjudicó a la señora Dilma Rodríguez García una vivienda de interés social en el proyecto denominado “Semillas de Paz”, ubicado en la ciudad de Villavicencio. En ésta no se señala cuál casa específicamente le fue adjudicada a la beneficiaria, pero se reconoce que canceló el valor de la misma, es decir, $7’500.000. (Folios 140 a 143).

 

d. Copia autenticada de varios recibos de pago a favor de la “Gerencia de vivienda de interés social” de la Gobernación del Meta, cancelados por la señora Dilma Rodríguez García. (Folios 144 a 147).

 

e. Declaración extra juicio rendida por el señor Johnatan Gabriel Perez Yumbo, ante la Notaria Primera del Circuito de Villavicencio, en la que manifestó que conoce a la señora Dilma Rodríguez García, de quien le consta es poseedora desde el año 2009 de la casa de habitación ubicada en la Super manzana 3, manzana I, casa 3 del barrio Semillas de Paz en el municipio de Villavicencio. Afirmó que fue quien le ayudó a remodelarla. (Folio 148).

 

f. Certificado de tradición con matrícula inmobiliaria No. 230-145152 del predio ubicado en la dirección Manzana I Lote 8 Urbanización Guatape II – Calle 29 A Sur 37 47 SM3, expedido el 18 de marzo de 2013 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio, en el que consta que el propietario es el Departamento del Meta, el cual lo adquirió mediante compra venta junto con otros predios. (Folios 150 y 151)

 

g. Actas del proceso policivo de desalojo de inmueble, iniciado por la Inspección de Policía No. 9 de Catumaré, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-837 de 2012 y entregar el bien inmueble previamente identificado, a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez. En ésta consta que la diligencia fue suspendida por solicitud del apoderado de la señora Dilma Rodríguez García. (Folio 348)

 

h. Acta de entrega y recibo a satisfacción de una unidad de vivienda de interés social prioritario por parte del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Meta, a la señora Dilma Rodríguez García en la Urbanización La Madrid Etapa II, ubicada en la manzana 48 casa 05. (Folios 418 a 423)

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Asunto objeto de análisis.

 

1. La Corte debe determinar si en el presente caso es procedente la solicitud de nulidad propuesta por la señora Dilma Rodríguez García respecto a su falta de vinculación dentro del proceso que dio origen a la sentencia T-837 de 2012, por considerar que con ello se vulneran sus derechos al debido proceso, a la defensa, y a una vivienda digna.

 

De conformidad con los asuntos planteados por la señora Rodríguez García en la solicitud de nulidad, la Corte adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, recordará las reglas sobre la procedencia de la nulidad, y en particular, se referirá a la causal de falta de vinculación a particulares con interés o que resultaron afectados con las órdenes impartidas en la sentencia. Posteriormente, estudiará los argumentos planteados por la peticionaria.

 

Requisitos para la procedencia excepcional de la declaratoria de  nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela.  Reiteración de jurisprudencia.

 

2. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone que contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no procede recurso alguno.  La misma norma prevé que la nulidad de los procesos que se surtan ante esta Corporación sólo podrá alegarse antes de proferido el fallo y deberá sustentarse en irregularidades que comporten la violación del debido proceso.  

 

3. No obstante, la jurisprudencia constitucional, con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, ha aceptado la posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela con posterioridad al fallo o de manera oficiosa[1].  Para ello, ha fijado una serie de requisitos que se sintetizan a continuación.[2]

 

3.1 Naturaleza excepcional.  La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional. A esta decisión sólo puede arribarse cuando concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.’[3] (Subrayado fuera de texto)”[4].

 

En este sentido, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad de una sentencia de revisión no puede, en ningún caso, convertirse en un recurso adicional contra la providencia adoptada por la Sala de Revisión. De hecho, el debate sobre el asunto respectivo no puede reabrirse gracias a la utilización de una solicitud de nulidad de la sentencia[5]. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se trata de un recurso para impugnar las decisiones de este Tribunal, ni de una instancia adicional y menos de una oportunidad para reabrir debates probatorios o argumentativos decididos en sus providencias. 

 

3.2. Presupuestos formales de procedencia.  La jurisprudencia constitucional ha señalado que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de revisión los siguientes requisitos[6]:  

 

(i)          La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte.  Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[7];

(ii)        En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de Revisión emita la sentencia correspondiente.  En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente;[8]

 

3.3. Presupuestos materiales de procedencia.  En igual sentido, la doctrina constitucional relativa a los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de nulidad también ha establecido determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que se utilicen para fundar los cargos en contra de la sentencia respectiva, las cuales se resumen de la siguiente manera:

 

(i)          El solicitante tiene la carga de demostrar, con base en argumentos serios y coherentes que la sentencia vulnera el derecho al debido proceso.  Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado por la Sala de Revisión carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia[9].

 

(ii)        La solicitud de nulidad no puede utilizarse como alternativa para que la Sala Plena de la Corte Constitucional reabra el debate probatorio realizado por la Sala de Revisión que profirió el fallo respectivo.  En consecuencia, el cargo que sustente la solicitud de nulidad no puede estar dirigido hacia ese fin.

 

(iii)      La afectación del debido proceso por parte de la Sala de Revisión tiene naturaleza cualificada.  Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”.[10]  Con base en estas características, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características, tales como:

“- Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. (…)[11]

 

- Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[12]

 

- Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[13] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

- Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[14]

- Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[15]”[16]

 

(iv)   La jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[17] 

 

4. En conclusión, la solicitud de nulidad de las sentencias que profiere la Corte Constitucional es un trámite de configuración jurisprudencial relacionado con la protección del derecho al debido proceso, que tiene naturaleza excepcional y que está sometido a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que  afecten de manera cierta el derecho fundamental mencionado.  Igualmente, constituye un procedimiento que, en ningún caso, puede originar la reapertura del debate jurídico resuelto por la sentencia correspondiente[18].

 

Reiteración de jurisprudencia. La causal de falta de vinculación a particulares que se ven afectados con la decisión.

 

5. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una de las causales que puede dar lugar a la anulación de una sentencia proferida por la Corte Constitucional tiene que ver con la ausencia de vinculación al proceso, de personas (terceros) que pueden verse directamente afectados con las órdenes impartidas, toda vez que ello significaría una grave vulneración de su derecho al debido proceso.

 

Sobre la notificación en materia de acción de tutela, es necesario tener en cuenta que pese a su naturaleza informal, de las garantías que hacen parte del debido proceso, tales como el derecho de defensa y contradicción, se deriva la necesidad de notificar a todas aquellas personas que puedan tener interés o resultar afectadas sobre el proceso. Además, en virtud de las normas que a continuación se señalan, se trata de un procedimiento evidentemente aplicable a la acción de tutela:

 

a.     El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

b.     La posibilidad de que, según el artículo 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, los terceros con interés legítimo intervengan como coadyuvantes o como partes. [19]

c.      Los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, que llevan al juez a proteger el derecho al debido proceso de partes y terceros cuando se evidencie una posible vulneración.

d.     El Art. 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela en virtud de la disposición contenida en el Art. 4º del Decreto 306 de 1992, que contempla que el proceso es nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena (...)”[20].

 

Así pues, en algunas ocasiones la Sala Plena de la Corte Constitucional ha anulado sentencias proferidas por las distintas Salas de Revisión, porque se había omitido notificar a terceras personas que resultaron afectadas por las órdenes en ellas impartidas.

 

5.1 Por ejemplo, en el Auto 022 de 1999, la Corte anuló parcialmente la sentencia T-014 de 1999 porque al amparar los derechos fundamentales de los accionantes al mínimo vital y a la seguridad social, condenó a la entidad demandada –Colcurtidos S.A.- al pago de las mesadas pensionales reclamadas, pero además condenó a sus socios a responder solidariamente por dichas obligaciones, personas que no estuvieron vinculadas al proceso en ninguna de sus instancias.

 

La Corte recordó que el debido proceso es un principio y un derecho constitucional que debe ser respetado por todas las autoridades, más aún por aquellas que hacen parte de la jurisdicción constitucional, de manera que ante la omisión de notificación de personas que resultan afectadas con las órdenes impartidas en una sentencia de tutela, la Corte debe admitir el error y declarar la nulidad de la misma, para así remediar la violación al debido proceso en la que habría incurrido. En consecuencia, resolvió declarar la nulidad de la sentencia T-014 de 1999, únicamente en lo que tenía que ver con la responsabilidad solidaria de los socios de la empresa demandada.

 

5.2 En similar sentido, la Sala Plena de esta Corporación mediante el Auto 097 de 2005 declaró nula la sentencia T-268 de 2005, tras comprobar que personas que no habían sido notificadas del proceso, se vieron afectadas con las órdenes allí impartidas. Se trató de un caso en el que el accionante –que había sido parte de la terna para la alcaldía local de la Candelaria en Bogotá-  cuestionó la constitucionalidad del acto de nombramiento de la alcaldesa local. El proceso culminó con la protección a sus derechos a la igualdad y al debido proceso, no obstante, los demás miembros de la terna, incluida quien en ese momento se desempeñaba en el cargo de alcaldesa local no habían hecho parte del mismo. La Corte consideró que su falta de vinculación significaba una violación al debido proceso y por ello, resolvió declarar la nulidad de todo el proceso, desde el auto admisorio de la demanda, y ordenó al Juzgado de primera instancia renovar la actuación y resolver nuevamente el asunto, respetando los derechos de las personas que se verían afectadas con la decisión.

 

5.3 A la misma conclusión se llegó en el Auto 054 de 2006, en el que la Sala Plena resolvió la solicitud de nulidad de la sentencia T-1006 de 2004. Esta se fundamentó en la indebida notificación de la sociedad mercantil Omnitempus Ltda, del proceso de tutela instaurado por el señor Adonay González, contra una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso laboral iniciado por el señor González contra la empresa antes mencionada. La Corte comprobó que en efecto, los telegramas en los que se le comunicaba del proceso en su contra y se le citaba para comparecer al mismo, le habían sido enviados a una dirección diferente a la consignada en el registro mercantil para el recibo de notificaciones judiciales. Por lo tanto, declaró la nulidad de todo el proceso de tutela, y ordenó renovar la actuación anulada, con la vinculación en debida forma de la sociedad comercial Omnitempus Ltda.

 

5.4 Recientemente, el Auto 223 de 2014 declaró la nulidad de la sentencia T-893 de 2011, por la causal que se viene analizando. Se trató de un caso en el que dos compañeras permanentes de un difunto se disputaban el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que sólo le había sido otorgada a una de ellas por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Séptima de Revisión concedió el amparo y dejó sin efectos las sentencias del proceso ordinario, y en su lugar, le ordenó a la Corte Suprema proferir una nueva providencia en la que se dividera el pago de la pensión de sobrevivientes en 50% para cada compañera permanente del difunto, sin embargo, la empresa encargada de cancelar la prestación nunca fue  notificada del proceso de tutela, y en consecuencia su derecho al debido proceso y de defensa habían sido vulnerados.

 

5.5 En suma, la Corte ha aceptado que la falta de notificación a terceros directamente afectados por la decisión adoptada en una sentencia de tutela proferida por ella misma, constituye una grave vulneración al debido proceso, y por lo tanto, da lugar a declarar la nulidad de la sentencia.

 

Con base en los fallos reseñados, la Sala pasará a estudiar la solicitud de nulidad.

 

Estudio de la solicitud de nulidad. Requisitos formales y materiales de procedencia.

 

6. La señora Dilma Rodríguez García, solicitó declarar nula la sentencia T-837 de 2012, por haber incurrido en una vulneración de su derecho al debido proceso ya que no estuvo vinculada al trámite de la acción de tutela instaurada por Doris Lilia Saray Rodríguez contra la Gobernación del Departamento del Meta, para la asignación de una vivienda de interés familiar.

 

De acuerdo con las pruebas recaudadas dentro del incidente de nulidad, se pudo constatar que pese a los esfuerzos del inspector de policía, la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, fue muy difícil encontrar a la señora Rodríguez García, pues le enviaron varias comunicaciones, para asistir a audiencia de conciliación[21], para entrevistarla[22], entre otros, pero nunca compareció, y quienes se encargaban de entregar los citatorios, dejaban constancia de que la vivienda estaba cerrada.

 

De igual forma, durante el trámite de nulidad, el magistrado ponente decretó varias pruebas tendientes a verificar si la señora Dilma tuvo conocimiento del proceso antes de la fecha que indicó en su escrito[23], sin embargo, la misma respuesta de las autoridades fue que tras múltiples intentos de notificación, sólo fue posible contactarla hasta el 13 de marzo de 2013.

 

Por lo tanto, ante la falta de vinculación de la accionante a la acción de tutela, en este caso no es posible contabilizar para efectos de revisar los presupuestos formales el término para interponer la nulidad como tres días después de notificado el fallo de la Corte.

 

Por otra parte, la solicitud de nulidad fue presentada por la señora Dilma Rodríguez García, persona que se vio directamente afectada con las órdenes que fueron impartidas en la sentencia T-837 de 2012, toda vez que ella y su familia eran quienes habitaban la casa que se ordenó entregar a la accionante de tutela, la señora Doris Lilia Saray Rodríguez. En otras palabras, la peticionaria fue desalojada del lugar en el que vivía con su familia, y trasladada a una vivienda provisional, con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la sentencia T-837 de 2012, y entregar la vivienda ubicada en la Urbanización Semillas de Paz a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez.

 

Así pues, existe legitimación para actuar. En consecuencia, en el caso bajo estudio se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos formales, y por ende, es preciso realizar el análisis de fondo de la solicitud de nulidad.

 

- Sobre el fondo del asunto.

 

7. En lo referente a los presupuestos materiales de procedencia, la carga argumentativa que se impone al solicitante comprende el planteamiento de razones serias y coherentes relacionados con la violación al derecho al debido proceso. La peticionaria señaló que con la sentencia T-837 de 2012, se vulneró su derecho al debido proceso, porque no estuvo vinculada a la acción, teniendo un evidente interés en la misma pues, tal como lo demuestran las pruebas que aportó al trámite de la nulidad, ella -al igual que la entonces accionante Doris Lilia Saray Rodríguez- pagó a favor de la Gerencia de Vivienda del Meta por la adjudicación de una vivienda de interés social; de igual forma, mediante la Resolución No. 710 de 2009 dicha oficina le adjudicó una vivienda de interés social en el proyecto denominado “Semillas de Paz”.

 

8. Además, de acuerdo con las pruebas que fueron aportadas por la peticionaria de la nulidad, es posible concluir que la Oficina de Vivienda del Departamento del Meta habría incurrido en un error al adjudicar la casa que le había entregado a ella, a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez. Así pues, la señora Rodríguez García no se encontraba ocupando de hecho una vivienda que no era suya, sino que vivía en la casa que le había sido otorgada. Aunado a lo anterior, la peticionaria demostró que había sido diligente al acercarse varias veces a las entidades territoriales competentes para gestionar la firma de las escrituras de la casa, y poder legalizar la compra que realizó; sin embargo, siempre le respondieron que su caso se encontraba en trámite.

 

En otras palabras, la oficina de vivienda del Departamento del Meta entregó una casa a una beneficiaria, que después adjudicó a otra persona, y esta situación no se conoció durante el proceso de tutela iniciado por la señora Doris Lilia Saray Rodríguez, debido a la falta de notificación de la señora Dilma Rodríguez García, persona a la que le fue entregada la casa que luego reclamó la accionante de tutela. En consecuencia, el derecho al debido proceso de la peticionaria de nulidad, resultó evidentemente afectado con la falta de notificación de la acción de tutela, pues la orden impartida recaía directamente sobre ella, al ser quien se encontraba en posesión de la vivienda de interés social a la que se hizo referencia.

 

9. No hacen falta mayores argumentos para concluir, que existió una falta de garantía del derecho al debido proceso de la señora Dilma Rodríguez García, toda vez que no pudo dar a conocer su posición frente al predio en disputa.

 

10. En consecuencia, la Sala Plena de esta Corporación accederá a la petición de nulidad de la sentencia T-837 de 2012, pero únicamente respecto del expediente T-3.469.991, desde la notificación del auto admisorio de la acción de tutela. Por lo tanto, el trámite debe volver a iniciar desde la primera instancia, con la respectiva garantía del derecho al debido proceso de la señora Dilma Rodríguez García.

 

11. Ahora bien, teniendo en cuenta que se encuentran de por medio los derechos fundamentales de varios menores de edad, la Sala considera necesario y adecuado advertir que ninguna de las dos familias pueden quedar desprotegidas, y en consecuencia deben contar con un lugar digno para vivir, durante todo el trámite de la acción de tutela.

 

IV.  DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DECLARAR parcialmente nula, la sentencia T-837 de 2012 proferida por la Sala Novena de Revisión, únicamente en lo referente al expediente T-3.469.991 desde el auto por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta admitió la solicitud correspondiente.

 

Segundo.- COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta esta providencia, para que, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa de la señora Dilma Rodríguez García, renueve la actuación y decida nuevamente el asunto sometido a su consideración.

 

Tercero.- ADVERTIR al Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del Meta, o a quien haga sus veces, que el derecho a la vivienda digna de los menores de edad que se verían afectados por las medidas que se adopten a partir de esta providencia, deberá ser garantizado durante todo el proceso.

 

Cuarto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR esta decisión a las señoras Dilma Rodríguez García (Urbanización La Madrid Etapa II, ubicada en la manzana 48, casa 05, Villavicencio - Meta), Doris Lilia Saray Rodríguez (Supermanzana 3 Manzana I Lote No 8 Calle 29 A sur 37-47, Urbanización Semillas de Paz, Villavicencio - Meta), y a la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta (Carrera 30 No. 41B – 45 Barrio la Gama, Villavicencio - Meta), para lo cual se les enviará copia de la providencia.

 

Quinto.-  Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno. 

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta (E)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada P. (E)	MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Ausente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado	GABRIEL EDUARDO MENDOZA  MARTELO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada Ausente en comisión	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado	ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General