Auto 292/15

 

 

SEGUIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Respuesta y remisión de derechos de petición elevados por ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado, acerca del cumplimiento de los efectos inter comunis de la sentencia SU-254/13 y otros componentes de la política de atención a la población desplazada

 

 

Referencia: Respuesta y remisión de derechos de petición elevados por ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado, acerca del cumplimiento de los efectos inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013 y otros componentes de la política de atención a la población desplazada.

 

Magistrada Ponente:

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

 

 

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015).

 

La Presidenta (E) de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de 1991, procede a dictar el presente auto, a partir de los siguientes:

 

ANTECEDENTES

 

1.       Sentencia SU-254 de 2013 y sus efectos inter comunis

 

1.1.         En sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013, esta Corporación constató “[l]a vulneración del derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, a los actores dentro de los procesos de tutela ahora acumulados, y por tanto la ausencia de garantía del goce efectivo de éste derecho, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia”. En consecuencia, y con el fin de restablecer los derechos constitucionales vulnerados, concedió la protección de los mismos.

 

1.2.         De conformidad a lo anterior, la Corte Constitucional reivindicó el derecho a la indemnización administrativa, y a las demás medidas de reparación, tales como: “la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales deberán aplicarse tanto aquellas víctimas cobijadas por el régimen de transición establecido en el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, como a las solicitudes que hayan elevado una vez entrada en vigencia la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios”.

 

1.3.         Del mismo modo, este Tribunal Constitucional decidió modular los alcances de la precitada providencia, otorgándole a la misma efectos inter comunis,[1] con la finalidad de salvaguardar la supremacía de la Constitución y los derechos de la población desplazada que, sin ser parte de los fallos revisados por esta Corporación, se encuentran en situaciones análogas –tanto fáctica como jurídicamente– a las que dieron origen a la sentencia de unificación 254 de 2013.

 

1.4.         Finalmente, en atención al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió designar a esta Sala Especial para adelantar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes generales proferidas en la sentencia SU-254 de 2013.[2]

 

2.     Peticiones elevadas a la Corte Constitucional

 

2.1.    En virtud de lo anterior, distintos ciudadanos en nombre propio y en representación de sus menores hijos, aduciendo ser víctimas de desplazamiento forzado y beneficiarios de los referidos efectos inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013, en uso del derecho de petición, solicitaron a esta Corporación ordenar el pago de las indemnizaciones que, como consecuencia de la vulneración de sus derechos, deben ser reconocidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – Unidad para las Víctimas.

 

2.2.    Igualmente, a efectos de garantizar el cumplimiento y pago de las aludidas indemnizaciones, algunos peticionarios solicitaron el decreto de medidas preventivas o cautelares. Lo anterior debido a que dicha entidad, en su sentir, vulneró su derecho a la indemnización pronta, justa y proporcional.

 

2.3.    En el mismo sentido, un grupo de peticionarios manifestó no haber recibido ayuda humanitaria en sus diferentes fases, ni haber sido beneficiarios de ningún programa de vivienda, generación de ingresos o reparación individual. En consecuencia, requirieron igualmente, (i) les sea entregada la ayuda humanitaria de conformidad a su estado de vulnerabilidad, (ii) se les garantice el goce efectivo de los componentes de la política pública citados previamente y (iii) se analice su condición real a efectos de ser priorizados, algunos en razón de su edad, su condición de discapacidad o como jefes(as) de hogar.

 

2.4.    Adicionalmente, diferentes ciudadanos cuyos derechos de petición, igualmente relacionados con la indemnización administrativa, fueron remitidos por esta Corporación a la Unidad para las Víctimas[3], de conformidad a las competencias que le han sido asignadas en los artículos 132 y 134 de la Ley 1448 de 2011, 146 y ss. del Decreto 4800 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011, acudieron a esta Sala poniendo de manifiesto que dicha entidad, no ha dado una respuesta clara en torno a la fecha en la cual se haría efectivo el pago de sus indemnizaciones.

 

3.     Informes allegados a la Sala Especial de Seguimiento

 

3.1.         De otra parte, en el marco del seguimiento que adelanta esta Corporación, el Gobierno Nacional presentó dos informes: el 25 de marzo^[4]  y el 11 de julio de 2014^[5]. En ellos, la Unidad para las Víctimas como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expuso las medidas y acciones adelantadas hasta el momento, para avanzar en el cumplimiento de la sentencia SU-254 de 2013. Sin embargo, esta Sala no volvió a recibir informes por parte de la Unidad a pesar de ser requeridos en diferentes oportunidades, como por ejemplo en los autos 181, 293, 300, 315, 353 y 409 de 2014 y 093 de 2015.

 

3.2.         Igualmente, en virtud del mandato de colaboración armónica de los poderes (artículo 113 constitucional), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, han remitido distintos informes en torno al desarrollo de la política de indemnización administrativa y el cumplimiento de la sentencia SU-254 de 2013.[6]

 

3.3.         Adicionalmente, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 7 de noviembre de 2013, constató que la respuesta de la Unidad para las Víctimas a quienes han solicitado indemnización administrativa, ha producido un aumento significativo en el número de acciones de tutela, como quiera que no se indica en su respuesta una fecha probable en que se realizará el pago de aquella. En consecuencia, dispuso informar a la Corte Constitucional sobre esta situación y exhortar al Gobierno Nacional a crear un “Programa de Atención y Seguimiento Prioritario de la Indemnización Administrativa”.

 

3.4.         A partir de estos documentos, la Sala Especial de Seguimiento actualmente adelanta un proceso de evaluación del cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-025 de 2004 y SU-254 de 2013 y sus autos complementarios, relacionadas con el derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado.

 

CONSIDERACIONES

 

4.     Respuesta a las peticiones objeto del presente auto

 

4.1.         Considerando que de conformidad con los artículos 132 y 134 de la Ley 1448 de 2011, 146 y ss. del Decreto 4800 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011, corresponde a la Unidad para las Víctimas conocer y decidir sobre los casos de indemnización administrativa, esta Sala remitirá los escritos objeto de la presente decisión, para que la aludida entidad dé estricto cumplimiento a las órdenes dictadas en la sentencia SU-254 de 2013, en especial a su orden vigésima segunda.^[7]

 

4.2.         Asimismo, tomando en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 387 de 1997 y 60 de la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes, corresponde al Gobierno Nacional adoptar acciones y medidas encaminadas a generar condiciones de sostenibilidad económica y social a favor de la población desplazada y, partiendo de la competencia que le ha sido asignada a la Unidad para las Víctimas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011,[8] los derechos de petición a que se ha hecho mención en el párrafo 2.3. del presente auto, también se remitirán a la referida entidad para que en virtud de su labor como coordinadora de las entidades que integran el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conozca de ellos, valore los mismos y adopte las medidas a que haya lugar.

 

5.     Requerimiento a la Unidad para las Víctimas

 

5.1.         Puesto que corresponde a la Sala Especial de Seguimiento, evaluar el nivel de cumplimiento de las órdenes generales dictadas por la Corte Constitucional en el marco de las sentencias T-025 de 2004 y SU-254 de 2013 y sus autos complementarios, en diversas oportunidades –como lo hará en la presente ocasión–, esta Sala no solo ha remitido a la aludida entidad las peticiones de indemnización administrativa elevadas por aquellos ciudadanos que afirman haber sido víctimas de desplazamiento forzado, sino que también ha solicitado ser informada sobre cómo la Unidad para las Víctimas ha aplicado los efectos inter comunis de la sentencia de unificación 254 de 2013 en los citados casos, así como de las acciones adoptadas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada a la verdad, justicia, reparación y la no repetición (autos 105 y 409 de 2014 y 093 de 2015, entre otros). En tal virtud, como se mencionó anteriormente, el Gobierno Nacional ha presentado dos informes el 25 de marzo y el 11 de julio de 2014 y, en algunos casos, una copia de la repuesta enviada a los peticionarios[9].

 

5.2.         No obstante, considerando que actualmente se adelanta un ejercicio de diagnóstico y recopilación de información y que esta Sala no volvió a recibir ningún reporte por parte del Gobierno Nacional a pesar de lo dispuesto en autos 181, 293, 300, 315, 353 y 409 de 2014 y 093 de 2015, es necesario reiterar los requerimientos allí consignados y, adicionalmente, solicitar a la directora de la Unidad para las Víctimas, se pronuncie puntualmente sobre los siguientes aspectos:

 

5.2.1. De conformidad a lo manifestado por la Unidad para las Víctimas, el acceso a todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral se da a través de la construcción de un Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas –PAARI– con la participación de la población desplazada[10]. Sobre el particular, ¿se indica a las víctimas una fecha en la cual poder acercase a diligenciar el PAARI o se le brinda información acerca de cómo establecer un horario en el cual poder hacerlo?

 

5.2.2. Igualmente, el Gobierno Nacional ha indicado que “la fase de reparación integral inicia con el retorno y la reubicación. Se considera que inicia una vez se firma el acta de voluntariedad para el retorno o la reubicación. Aunque, se priorizará a la población retornada o reubicada para las demás medidas de reparación”[11]. De lo anterior se desprende que, si una víctima de desplazamiento forzado desea acceder a su indemnización de manera pronta, deberá inscribirse en un proceso de retorno o reubicación, lo cual podría vulnerar el principio de voluntariedad que rige dichos procesos. En tal sentido, ¿qué acciones ha adoptado la Unidad para las Víctimas con la finalidad de impedir que dicho criterio de priorización se convierta en un incentivo que pueda viciar el consentimiento de las víctimas frente a los procesos de retorno, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas?

 

5.2.3. Adicionalmente, la Contraloría General de la República en su informe del 10 de enero de 2014[12] y la Defensoría del Pueblo en documento del 5 de agosto de 2014[13] han manifestado su preocupación por el reducido número de Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas elaborados y, en consecuencia, el bajo índice de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, por consiguiente –discriminando por año y departamento– se deberá indicar ¿cuántas víctimas de desplazamiento forzado han realizado el PAARI?, de ellas ¿a cuántas se ha pagado la indemnización administrativa? Y ¿bajo qué montos (17 o 27 salarios mensuales)?

 

5.2.4. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 1377 de 2014[14], el cual dispone: “La indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima de desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas – RUV”, ¿la Unidad para las Víctimas ha indemnizado a los núcleos familiares constituidos al momento del desplazamiento o al momento del pago del pago de aquella? Lo anterior por cuanto esta Sala ha tenido conocimiento acerca de casos en los cuales, se ha reconocido el pago de la indemnización al núcleo familiar conformado al momento de realizar el PAARI, siendo diferente de aquel que sufrió el desplazamiento[15].

 

5.2.5. Por otra parte, con relación a la respuesta que ha dado la Unidad para las Víctimas a las solicitudes de indemnización por vía administrativa, la Defensoría del Pueblo mediante informe del 5 de agosto de 2014, reportó:

 

“[E]n la mayoría de los casos la respuesta a los derechos de petición son ambiguas y demoradas por lo cual se han interpuesto acciones de tutela ante la UARIV. La regional Meta sostiene que al UARIV ha estandarizado un tipo de respuesta a la solicitud de información argumentando que de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1448 de 2011 se establece un término de 10 años de vigencia para materializar a las víctimas gradual y progresivamente, por lo cual la Unidad expidió la resolución 0223 del 8 de abril del 2013, por medio de la cual se establecieron los criterios de priorización, y para el caso de las víctimas de desplazamiento forzado la indemnización se pagará a aquellos hogares que se hayan retornado o reubicado y estén avanzando en su proceso de estabilización socioeconómica tendiente a la superación de su condición de vulnerabilidad”[16].

 

Ligado a ello, como se indicó previamente, diferentes ciudadanos cuyos derechos de petición fueron remitidos por esta Corporación a la Unidad para las Víctimas, de conformidad a lo expuesto en la consideración 4.1. del presente auto, han acudido a esta Sala poniendo de manifiesto que, dicha entidad no ha dado una respuesta clara en torno a la fecha en la cual se haría efectivo el pago de sus indemnizaciones.

 

En relación con lo anterior, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 7 de noviembre de 2013 consideró que en aquellos eventos en los que la Administración no informa a los peticionarios en qué fecha pagará la indemnización, desconoce el derecho fundamental de petición de los solicitantes por cuanto dicha respuesta no es adecuada, efectiva ni congruente “en relación con el tema, los intereses y necesidades de los ciudadanos, lo cual de por sí, hace que no tenga en ningún momento el carácter  de ser de fondo, y mucho menos, que sea clara o precisa”[17]. En consecuencia, frente al caso en particular,[18] ordenó a la Unidad para las Víctimas dar una respuesta conforme a lo anterior, esto es, dispuso dar una respuesta en la que se indicara a la peticionaria la fecha en que se pagaría su indemnización de conformidad a la valoración del PAARI y los criterios de priorización.

 

No obstante, dado que dicho Tribunal pudo constatar un aumento significativo en el número de acciones de tutela, sobre circunstancias análogas, resolvió informar sobre esta situación a la Corte Constitucional y exhortar a la Unidad para las Víctimas, a crear un “Programa de Atención y Seguimiento Prioritario de la Indemnización Administrativa” el cual podría tener, entre otras, las siguientes características:

 

“(i) construirse y aplicarse con enfoque diferencial (ii) tener en cuenta criterios de priorización; (iii) que sea de implementación anual; (iv) tener en cuenta el presupuesto asignado anualmente para las reparaciones administrativas a víctimas del desplazamiento de acuerdo con lo definido para tal rubro en el Conpes No. 3726 de mayo 30 de 2012 o el que en su defecto lo sustituya o lo modifique, y el número de indemnizaciones administrativas que se pagarían anualmente; (y) contar con la participación de las demás entidades estatales comprometidas, (vi) establecer un tiempo máximo razonable para las corroboraciones necesarias del derecho a la indemnización que cabe a las víctimas del desplazamiento que vayan a ser indemnizadas de acuerdo con los criterios precedentes, sin que ello implique trasladar la carga de la prueba a las víctimas, y sin perjuicio de la colaboración que éstas deben brindar en virtud del principio de colaboración conjunta, (vii) el diseño operativo de cómo se concretarán los pagos definidos para cada año”.

 

Tomando en cuenta lo anterior, a la luz del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 (subrogado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), “toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”, y la sentencia del 15 de enero de 2015, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,[19] después de realizar el PAARI ¿la Unidad para las Víctimas responde a los peticionarios indicando una fecha siquiera probable en que se llevará a cabo el pago efectivo de sus indemnización? En caso negativo, ¿cuál es el fundamento jurídico que impide hacerlo?

 

En mérito de lo expuesto,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, los derechos de petición que hacen parte del anexo de la presente providencia, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, en el marco de sus competencias, proceda de conformidad a lo expuesto en los párrafos 4.1. y 4.2. del presente proveído. De igual forma, infórmese a los peticionarios lo resuelto en el presente auto.

 

Segundo.- REQUERIR a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, en un término no superior a los diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, remita un informe de conformidad a lo dispuesto en los autos 181, 293, 300, 315, 353 y 409 de 2014, 093 de 2015 y en el que dé respuesta a las preguntas consignadas en el párrafo 5.2. de la parte considerativa de la presente providencia.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Presidente (E)

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

ANEXO

AUTO 292 DEL 17 DE JULIO DE 2015

 

Documentos referenciados en los numerales 2.1., 2.2. y 2.4. del Auto 290 de 2015

 

 

Documentos relacionados en el numeral 2.3. del Auto 290 de 2015