A318-15
ACCION PUBLICA DE HABEAS CORPUS-Competencia
HABEAS CORPUS-Derecho fundamental y acción constitucional
HABEAS CORPUS-Reglas para establecer la competencia
HABEAS CORPUS-Invocación ante cualquier autoridad judicial
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia para conocer de la acción de Habeas Corpus
CORTE CONSTITUCIONAL-Razones de incompetencia para conocer tanto de acción de Hábeas Corpus como de su impugnación
ACCION PUBLICA DE HABEAS CORPUS-Rechazar por falta de competencia
Referencia: Acción constitucional de Hábeas Corpus promovida por el señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015)
La Presidenta (e) de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias ha pronunciado el siguiente
AUTO
Síntesis de los hechos narrados por el peticionario
El señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo, presentó ante este Tribunal el día 27 de julio del presente año, acción constitucional de Hábeas Corpus, con el fin de que sea revocada la orden proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro del proceso penal adelantado en su contra por los punibles de secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego, en tanto, en la parte resolutiva de la sentencia comunicada en audiencia el día 15 de enero de 2014 dentro de su proceso, se ordenó revocar su libertad provisional, siendo condenado a cumplir pena intramural de 20 años, ocho meses, en el Centro de Reclusión Doña Juana de la Dorada-Caldas, en donde se encuentra actualmente.
Refiere que interpuso recurso de apelación en contra del fallo condenatorio en su contra, y que en su criterio la orden de captura debió quedar suspendida hasta la la ejecución de la pena, para que pudiera seguir disfrutando de su libertad provisional tal como lo venía haciendo desde el año 2009, momento en cual se dio inicio al proceso penal.
Así mismo, señala que su interés con la presentación de la acción de habeas corpus no es que se redosifique su pena o se declare su inocencia o culpabilidad, en tanto estos temas fueron objeto de reproche dentro del recurso de alzada, lo que pretende con ella es dejar por sentada la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, de los cuales considera ha sido víctima.
En consecuencia de lo anterior, el peticionario solicita al juez constitucional que se suspenda la decisión de revocar la libertad provisional que venía cumpliendo previamente a la sentencia condenatoria, hasta tanto no quede ejecutoriada la decisión.
II.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1. La acción de Hábeas Corpus y la competencia judicial para conocer y decidir sobre la misma
Según lo regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de 1991, “[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.
Por su parte, la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006, “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, en el artículo primero, define el Hábeas Corpus como un derecho fundamental y, a su vez, como una acción constitucional “que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”.
De la misma manera, el artículo 2° de la misma normativa establece la competencia para conocer y resolver la anotada acción, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
“1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello”.
Antes de la revisión previa de constitucionalidad realizada por la Corte Constitucional, el numeral 2° del artículo 2° del proyecto de ley estatutaria N° 284/05 Senado y N° 229/04 Cámara, contemplaba que “si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de Hábeas Corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación”. Este aparte fue declarado inexequible mediante sentencia C-187 de 2006, tras considerar que se cercenaba al interesado su facultad constitucional de invocar su derecho “ante cualquier autoridad judicial”. El resto de la disposición fue declarada exequible al verificar que se encontraba en perfecta armonía con el precepto superior que regula este derecho-acción.
En ese orden de consideraciones, es claro que una interpretación sistemática del texto sometido a revisión, conduce a establecer que la petición únicamente podrá ser presentada en primera instancia ante jueces individuales o ante corporaciones con jerarquía equivalente a la de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, último supuesto en el que será repartido el asunto de manera inmediata y resuelto por decisión de Magistrado Ponente.
En lo que respecta a los órganos límite de las jurisdicciones, particularmente la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sólo están habilitados para conocer y decidir en segunda instancia sobre las impugnaciones contra providencias de Magistrados de Tribunal que nieguen la solicitud de libertad.
También quedó precisado que los jueces de paz, la jurisdicción indígena, la Fiscalía General de la Nación, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, no tienen competencia para asumir el conocimiento de la acción de Hábeas Corpus.
En suma, “la autoridad judicial encargada de conocer de esta clase de petición integra una jurisdicción constitucional difusa, encargada de velar por el derecho a la libertad de las personas[1]”.
3.2. Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer de la acción de Hábeas Corpus
De acuerdo con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, razón por la cual esta Corporación debe ceñirse de manera estricta a ese marco competencial.
De esta manera, este Tribunal se le han entregado atribuciones precisas entre las que no se encuentra el conocimiento de la acción constitucional de Hábeas Corpus, parámetro formal que permite declarar la incompetencia en este tipo de asuntos, lo cual se justifica en la medida en que se desconocería el principio de la doble instancia.
A propósito de la incompetencia de este Tribunal en este preciso contexto, la sentencia C-187 de 2006, sostuvo que como “órgano supremo de la jurisdicción constitucional y respecto de la cual no existe superior funcional, carece de competencia para conocer de la acción de Hábeas Corpus, pues el peticionario no contaría con una autoridad judicial ante quien tramitar una eventual segunda instancia. Teniendo en cuenta la estructura orgánica de la jurisdicción constitucional, resulta lógico que el Tribunal Constitucional no esté facultado para conocer de la petición de Hábeas Corpus en ningún caso”.
Así las cosas, son dos las razones fundamentales por las cuales esta Corporación es incompetente para conocer tanto de la acción de Hábeas Corpus y de su impugnación: (i) en el artículo 241 superior se establecieron las funciones atribuidas a la Corte y, en las mismas, no se asigna la de conocer y resolver esta clase de acciones constitucionales y (ii) por no ser superior funcional jerárquico de los jueces competentes para conocer de esta acción constitucional, pues para ello se sigue la estructura de las distintas jurisdicciones.
3.3. Solución del caso concreto
El señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo, quien afirma encontrarse recluido en la Carcel Doña Juana de la Dorada - Caldas, promueve acción constitucional de Hábeas Corpus con el fin de que “se suspenda la decisión de revocar la libertad provisional, que venía cumpliendo, hasta tanto no quede ejecutoriada la decisión”.
Como se indicó en el acápite de consideraciones de esta providencia, la Corte Constitucional no tiene la competencia para adelantar el trámite de Hábeas Corpus, en tanto se trata de un asunto que la Carta Política no le atribuyó de manera explícita. A eso se agrega, que se enervaría la garantía de doble instancia prevista en el artículo 29 superior, debido a que como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional no cuenta con superior funcional.
Así las cosas, teniendo en consideración el factor territorial precisado por esta Corporación en la sentencia C-187 de 2006[2], “en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos”[3], o lo que es lo mismo, “en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad”[4], se dispondrá la remisión de la acción constitucional de Hábeas Corpus iniciada por el señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo, a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada - Caldas (reparto)[5], a fin de que se dicte la decisión de mérito a que haya lugar, con la debida prelación constitucional.
Con fundamento en las razones expuestas, la Presidenta (e) de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- RECHAZAR por falta de competencia la acción constitucional de Hábeas Corpus, presentada directamente ante la Corte Constitucional por el señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo.
SEGUNDO.- REMITIR la acción de Hábeas Corpus presentada por el señor Alex Mauricio Rodríguez Tamayo, a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada - Caldas, a fin de que adelante el trámite de rigor que corresponda de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política, la Ley 1095 de 2006 y la sentencia C-187 de 2006.
TERCERO.- ADVERTIR a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada - Caldas, que la acción constitucional de Hábeas Corpus puede ser invocada en todo tiempo, conforme lo establece el artículo 30 de la Constitución Política.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (e)
Secretaria General
[1] Cfr. Sentencia C-187 de 2006.
[2] Que efectuó el control de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria (ahora Ley 1095 de 2006).
[3] Esta subregla que ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal, se justifica en la necesidad de que (i) el juez cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona en el lugar en el que está privada de la libertad; (ii) puede entrevistar con mayor agilidad a las autoridades que han intervenido en el caso; (iii) facilita la inspección de los documentos que se requieran y (iv) permite practicar en el lugar las diligencias que sean del caso “para el esclarecimiento de los hechos”.
[4] Cfr., C-187 de 2006.
[5] Carrera 2ª Nº 16-04.