Auto 433/15

 

 

COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de Jurisprudencia

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

 

 

Referencia: Expediente ICC-2252

 

Conflicto de competencia entre la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.

 

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

 

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, y 

CONSIDERANDO

 

1. Luz Dary Segura Ramírez presentó acción de tutela contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional de Colombia, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Curaduría Urbana de Bogotá y la Defensoría del Pueblo, en defensa de sus derechos fundamentales al trabajo y la dignidad humana, por cuanto dichas autoridades han promovido el desalojo del lugar donde realiza su actividad económica de “vendedora ambulante”.  

 

2. La Oficina Judicial de Reparto asignó la acción de tutela a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para que decidiera en primera instancia, porque dos de las entidades demandadas eran autoridades públicas del orden nacional (Policía Nacional de Colombia y la Defensoría del Pueblo).^[2]

 

3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá se declaró incompetente para conocer el caso mediante auto del primero (1º) de septiembre de dos mil quince (2015), toda vez que “[…] de un estudio de los supuestos fácticos y el petitum de la acción, en manera alguna se corrobora actuar contrario a los derechos constitucionales de [la Policía Nacional o la Defensoría del Pueblo]”. En consecuencia, indicó que tales entidades no debieron aparecer como demandadas en el proceso de tutela, y ordenó que se repartiera nuevamente el expediente entre los Jueces Municipales.

 

4. Realizado el nuevo reparto, correspondió el estudio de la acción de tutela al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá. Ese despacho, en auto del dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015), señaló que tampoco podía asumir el conocimiento del caso porque el Tribunal no podía declararse incompetente mediante un estudio preliminar de los hechos y las pretensiones. Por tanto, propuso conflicto negativo de competencia y envió el expediente a la Corte Constitucional. 

 

5. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común.^[3]

 

6. En relación con la definición del régimen de competencias, la Corte Constitucional ha sostenido, en primer lugar, que los únicos conflictos existentes en tutela son los relacionados con el factor territorial y los que se presentan en acciones dirigidas contra medios de comunicación.^[4] (Decreto 2591 de 1991, art. 37). Y en segundo término, que la competencia se determina con base en quien sea la persona demandada en el escrito de tutela y no a partir del análisis de fondo de los hechos,^[5] pues lo contrario supondría hacer un estudio sobre quién es responsable de la violación o amenaza de los derechos fundamentales, y esa circunstancia precisamente se determina en la sentencia.^[6]

 

7. En esta ocasión no se presenta entonces un conflicto de competencia, sino un error en la interpretación de las reglas del reparto relativo a las acciones de tutela, ocasionada por una lectura particular de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá sobre las personas que debían comprenderse como demandadas.

 

8. Frente a la aplicación del Decreto 1382 de 2000, la Corte ha establecido que el mismo consagra reglas de reparto más no de fijación de competencias.^[7] En este contexto, las disposiciones que hacen parte del mencionado decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto.^[8] Por tanto, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”.^[9]

 

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del primero (1º) de septiembre de dos mil quince (2015) proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual se declaró incompetente para conocer la acción de tutela presentada por Luz Dary Segura contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional de Colombia, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Gobierno, la Curaduría Urbana de Bogotá y la Defensoría del Pueblo.   

 

Segundo.- REMITIR el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que de forma inmediata tramite en primera instancia la acción de tutela mencionada en el numeral anterior.

 

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá la decisión adoptada en esta providencia.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta (E)

 

 

 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

Ausente

 

 

 

ALBERTO ROJAS RIOS

Magistrado

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General