Auto 539/15

 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional 

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales y materiales de procedencia

SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto no se incurrió en ninguna de las causales invocadas

 

 

Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-176 de 2015.

 

Expediente: T-4624438

 

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

 

 

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente:

 

AUTO

 

Mediante el cual resuelve la solicitud de nulidad presentada por el señor Luis Ignacio Andrade Blanco contra la sentencia T-176 de 2015, dictada por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de esta Corporación.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos que dieron lugar a la solicitud de tutela.

 

1.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Luis Ignacio Andrade Blanco demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de declarar la nulidad del oficio DTH (sin número) del 31 de diciembre de 2004, mediante el cual esa entidad expidió la liquidación de las cesantías correspondientes a los años que laboró en el cargo de Cónsul General Grado Ocupacional 4 EX, sin que se le hubieren liquidado las mismas de manera completa y con base en el salario realmente devengado, ni se reconocerá indemnización moratoria a la que, según el accionante, tenía derecho.

 

1.2. Ese proceso fue conocido por la Sección Segunda, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia del 31 de enero de 2008 resolvió:

 

“PRIMERO: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento alguno respecto de la pretensión de reliquidación de cesantías, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio DTH sin No. De diciembre 31 de 2004, mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la reliquidación de los aportes para pensión al señor Luis Ignacio Andrade Blanco, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

 

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores efectuar una nueva liquidación de los aportes para pensión correspondientes al señor LUIS IGNACIO ANDRADE BLANCO, cancelados al Instituto de los Seguros Sociales, para el periodo comprendido entre marzo de 2000 y abril de 2004, tomando como base para su liquidación el salario básico realmente devengado como Cónsul General Grado Ocupacional 4EX.

 

CUARTO: Las diferencias que resulten de la reliquidación serán ajustadas en los términos del art. 178 del C.C.A., siguiendo para esto la fórmula dada en la parte motiva de esta providencia”.

 

1.3. Contra dicha providencia interpuso recurso de apelación, ante la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado. Esa Corporación, mediante fallo del 21 de octubre de 2011, revocó el numeral 1º de la sentencia recurrida. En su lugar ordenó, de una parte, la reliquidación de la cesantía solicitada, y, de otra, confirmó esa providencia en sus demás numerales.

 

1.4. El señor Ignacio Andrade Blanco solicitó adición y aclaración del fallo del 21 de octubre de 2011, al considerar que “la sentencia en cuestión incurrió en error de hecho al señalar que ni siquiera se ha causado la cesantía, porque el demandante no se ha retirado del servicio, lo cual no corresponde a la verdad por cuanto fu[e] desvinculado del servicio el 30 de julio de 2004, hecho que está probado con el Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que reposa en el expediente a folio 177 y siguientes. Hasta la fecha no se [le] ha pagado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la cesantía definitiva a la cual [tiene] derecho –un derecho irrenunciable por cierto- y menos aún la sanción por mora equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la satisfacción de dicha obligación por parte del Ministerio”[1].

 

1.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante auto del 23 de mayo de 2013, adicionó el numeral 1º de la sentencia ordenando la reliquidación de las cesantías correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, con base en los valores reales devengados por el actor en el servicio diplomático en el exterior. Sin embargo, negó el pago de la indemnización moratoria reclamada (con fundamento en la Ley 244 de 1995).

 

1.6. Contra esa decisión, el accionante promovió acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia, salud, mínimo vital y a la vida digna ante la negativa al pago de las cesantías correspondientes al año 2000 y la indemnización moratoria, luego de su desvinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tales vulneraciones fueron sustentadas por el actor con base en la supuesta existencia de los defectos fáctico y sustantivo.

 

4. Sentencia T-176 de 2015.

 

4.1. En la sentencia T-176 del 16 de abril del 2015 la Sala Sexta de Revisión de Tutelas consideró que el problema jurídico que debía resolver era el siguiente:

 

“Si la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, al no haber ordenado (i) el pago de la cesantía correspondiente al año 2000 y (ii) la indemnización moratoria reclamada, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, salud, mínimo vital y a la vida digna del actor, al omitir valorar el material probatorio y no dar el alcance correcto a las normas legales aplicables a su caso (como la Ley 244 de1995)”.

 

Para dar solución al mismo la Sala planteó la siguiente metodología: “(i) comenzará por reiterar su jurisprudencia constitucional en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Luego, (ii) abordará específicamente los defectos sustantivos y fácticos, que guardan estrecha relación con el presente asunto. A continuación, (iii) se referirá al régimen aplicable en materia de cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y (iv) a la indemnización moratoria de las cesantías. Finalmente, a partir de lo anterior, (v) resolverá el caso concreto”.

 

4.2. El primer punto analizado por la Sala Sexta de Revisión fue el relativo a la procedencia de la acción de tutela, concretamente las causales genéricas de procedibilidad. Una vez verificado el cumplimiento de dichos criterios, procedió a analizar los presuntos defectos fáctico y sustantivo alegados por el accionante.

 

4.2.1. En relación con el defecto sustantivo, la Sala consideró que el Consejo de Estado fundamentó su decisión de reliquidar las cesantías desde el año 2001 a 2004, y negar la sanción moratoria causadas durante su vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el material probatorio allegado, las normas y la jurisprudencia, por lo que hizo una interpretación razonada, autónoma e imparcial.

 

4.2.2. Respecto del defecto fáctico, estimó que no era cierto que la entidad accionada hubiere negado el pago de la cesantía aduciendo que no se había retirado del servicio, puesto que en la decisión proferida por el Consejo de Estado, el 21 de octubre de 2011, se ordenó la reliquidación de la prestación solicitada teniendo en cuenta el régimen aplicable en materia de cesantías para los funcionarios del servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

La Sala de Revisión consideró que tampoco hubo falta de apreciación del certificado expedido por el mencionado Ministerio (dentro del cual se acreditan los cargos desempeñados por el actor), puesto que solo daba cuenta de que el demandante se retiró del servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del 30 de julio de 2004, conclusión a la que llego el ad quem teniendo en cuenta que lo ordenado fue el pago de la reliquidación de las cesantías hasta esa fecha; luego esa circunstancia mal podía estructurar un defecto fáctico suficiente para desvirtuar lo concluido en la sentencia censurada.

 

4.2.3. Finalmente, la Sala indicó que, acerca de la falta de cancelación de la cesantías del año 2000, dicha prestación se causaba a partir de 2001, esto es, que la misma se liquidaba anualmente en favor del trabajador durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente, conforme lo consagra el Decreto 3118 de 1968[2]. Por eso, encontró acertada la decisión del Consejo de Estado al concederla a partir de esa fecha.

 

4.3. En atención a lo anterior la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió:

 

“Primero. CONFIRMAR la providencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el veintidós (22) septiembre de 2014, mediante el cual fue denegado el amparo solicitado por el señor Luis Ignacio Andrade Blanco, en el asunto de la referencia.

 

Segundo. LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados”.

 

II. SOLICITUD DE NULIDAD

 

El 21 de julio de 2015 el señor Luis Ignacio Andrade Blanco solicitó la nulidad de la sentencia T-176 de 2015. Como primera medida, indicó que esa providencia no le fue notificada por el juez de primera instancia según lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, por lo que con la presentación del escrito operaba la notificación por conducta concluyente y, en ese orden, debe entenderse que la petición se formula oportunamente dentro del término establecido por la jurisprudencia constitucional[3].

 

Consideró que la decisión de la Sala Sexta de Revisión omitió “analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión”, lo cual afectó su derecho al debido proceso.

 

Expuso que en la mencionada sentencia se evidencia una flagrante violación al debido proceso en su contra, con base en la omisión en analizar una situación fáctica y una serie de argumentos alegados tanto en el proceso adelantado ante el Consejo de Estado como en sede de tutela.

 

Indicó que los fundamentos cuyo análisis fue pretermitido por la Corte Constitucional se refieren a que no solo fue desvinculado del Ministerio de Relaciones Exteriores sin que se le hubieren liquidado las cesantías de manera completa y con base en el salario realmente devengado, sino que también fue retirado del cargo estando en un periodo de incapacidad derivado de una fractura y otras enfermedades sufridas como funcionario de dicho Ministerio, cuyas secuelas no le han permitido reanudar su vida laboral con normalidad.

 

Alegó que no resulta comprensible que la Sala Sexta de Revisión desconociera tal hecho y dejará de pronunciarse sobre el mismo, avalando una vez más el defecto fáctico en el que incurrió el Consejo de Estado.

 

Así, teniendo en cuenta que fue desvinculado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un periodo cubierto por una incapacidad laboral, la consecuencia apenas lógica era (i) el reintegro en los términos establecidos por la Corte, (ii) el pago de la indemnización derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, o (iii) la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995, solicitada en la acción de tutela y en todo el proceso ordinario.

 

Respecto de las dos primeras consecuencias, estimó que a pesar de no haberse solicitado de manera expresa en la acción de tutela, debieron ser tenidos en cuenta por la Sala de Revisión con el fin de proteger su derecho a la estabilidad laboral reforzada en persona que se encuentra en debilidad manifiesta en atención a su grave estado de salud, (con base en la posibilidad de la Corte de fallar de manera extra o ultra petita[4]).

 

Consideró irrazonable que no se hubieren otorgado las garantías básicas de estabilidad laboral reforzada, a pesar de encontrarse acreditado, tanto en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como en el texto mismo de la acción de tutela, que la procedencia y salvaguarda de este derecho era imperativo para protegerlo de la actuación de una entidad pública, que una vez habiendo agotado la fuerza laboral de uno de sus servidores, prescinde de sus servicios.

 

Manifestó que era procedente la protección de los derechos invocados toda vez que de acuerdo con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, por medio del cual se fijaron los términos para el pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos, se dispuso:

 

“En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

 

Con base en lo expuesto, señaló que si se hubiera apreciado en debida forma que su desvinculación se presentó en un periodo de incapacidad, no se habría afirmado que el pago incompleto de las cesantías se hizo de buena fe, como se adujo en la sentencia T-176 de 2015, dado que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores el que conociendo su estado de salud lo desvinculó en dicha condición.

 

Por otro lado, aseveró que ni siquiera al momento actual, a pesar de contar con una providencia en firme, se le han pagado todas las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías, conforme con la real tasa de cambio, circunstancia que reitera la procedencia de la indemnización moratoria a su favor, desde la fecha de retiro y hasta que efectivamente sean pagadas todas las prestaciones exigidas por la normatividad legal y reglamentaria.

 

En ese orden de ideas, sostuvo que por la vía de la acción de tutela era procedente la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por cuanto el Ministerio actúo de mala fe al aplicar el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que tenía un contenido normativo sustancialmente idéntico a la ley ya declarada inconstitucional por la Corte, como así fue ratificado por esta Corporación mediante sentencia C-173 de 2004. Por este motivo, señaló, era previsible para el Ministerio de Relaciones Exteriores que si liquidaba las prestaciones sociales con sustento en una normativa materialmente similar a la ya declarada inexequible, dicha conducta transgredía el ordenamiento jurídico al proceder a unos pagos por prestaciones sociales con sustento en una asignación mensual mucho menor al salario percibido por él, afectando el derecho a la igualdad en los términos ya referenciados por la Corte.

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia.

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional^[5], la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra las sentencias de tutela proferidas por esta Corporación.

 

2. Procedencia excepcional de la nulidad de sentencias dictadas por las Salas de Revisión. Reiteración de jurisprudencia^[6].

 

2.1. El artículo 243 de la Constitución dispone que los fallos proferidos por esta Corporación en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional^[7]; es decir, que se encuentran resguardados por el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, una vez proferidos se tornan definitivos, intangibles e inmodificables, lo que implica, “como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”^[8].

 

2.2. En consonancia con lo anterior, el artículo 49 del Decreto ley 2067 de 1991^[9] establece que contra las sentencias de este Tribunal no procede recurso alguno. Dice la norma:

 

“ARTÍCULO 49.- Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso.”

 

Esta Corporación, de conformidad con el artículo 49 mencionado, ha sostenido que las nulidades de los procesos ante la Corte Constitucional solo pueden invocarse antes de proferido el fallo, únicamente por violación al debido proceso^[10]. Sin embargo, interpretando de manera armónica dicha disposición, ha precisado que aún después de producido el fallo de revisión se pueden invocar nulidades imputables directamente al texto o contenido de la decisión, a petición de parte o de manera oficiosa^[11]. Sobre el particular, en Auto 162 de 2003 señaló:

 

“En este orden de ideas, la Corte ha considerado que, si bien la Constitución ordena que todas las decisiones adoptadas por este Alto Tribunal hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (Artículo 243 de la Carta Política), es decir, que tienen un carácter definitivo e inmutable, el reconocimiento a la dignidad humana y la necesidad de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución, le imponen al juez constitucional la obligación ineludible de incluir, dentro del espectro de sus competencias, un mecanismo judicial que eventualmente le permita revisar sus propias actuaciones, de manera que le sea posible establecer si, frente a un caso concreto y en una situación específica, ha desconocido grave e incorregiblemente alguna de las garantías procesales previstas en la Constitución y las leyes.”

 

2.3. No obstante lo anterior, la Corte ha sido enfática en precisar que: (i) esta clase de incidentes no implica per se la existencia de un recurso contra las providencias proferidas por las Salas de Revisión, y (ii) su procedencia no constituye una regla general, toda vez que la posibilidad de que prosperen está restringida a que esté demostrada la existencia de situaciones jurídicas excepcionales y extraordinarias. Al respecto, en Auto 162 de 2003 dijo:

 

“Nótese como, el que la ley y la jurisprudencia hayan convalidado la existencia de incidentes de nulidad contra las distintas decisiones proferidas por esta Corporación, no significa que tal procedimiento se constituya en regla general. Por el contrario, la posibilidad de que éstos prosperen está condicionado a que previamente se verifique ‘la existencia de circunstancias jurídicas verdaderamente excepcionales’^[12]. La necesidad de preservar los derechos a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, de propender por la certeza en el ejercicio del derecho, y de mantener el carácter intangible de sus decisiones, han llevado a la Corte a concluir que la declaratoria de nulidad de una cualquiera de sus actuaciones o de la propia sentencia requiere de características especiales, por lo cual debe tratarse de situaciones jurídicas excepcionales y extraordinarias ‘que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestren, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso.’^[13]

 

De este modo, para que una solicitud de nulidad pueda prosperar, es imprescindible que la irregularidad en que haya podido incurrir la Corte produzca efectos sustanciales de tal significación y trascendencia, que de haberse advertido a tiempo la decisión por tomar no hubiera sido la misma, o en su defecto, que su oportuna percepción hubiere implicado cambios radicales reflejados en aquella o en sus efectos.” (Subrayas fuera de texto original).

 

Asimismo, ha sostenido que el carácter excepcional de las nulidades contra las sentencias proferidas en sede de revisión exige una especial rigurosidad, estableciendo para su efecto los siguientes parámetros: “el incidente de nulidad ha de originarse en la sentencia misma, a petición de parte o de oficio^[14]; quien lo invoque debe cumplir con una exigente carga argumentativa^[15]; debe tratarse de irregularidades superlativas y ostensibles, esto es, de una notoria, flagrante, significativa y trascendental vulneración del debido proceso^[16]; y no constituye una instancia adicional por lo que no puede pretenderse reabrir un debate concluido(Auto A-167 de 2013)”^[17]. 

 

2.4. Conforme con lo expuesto, la Corte ha decantado algunas condiciones necesarias para la procedencia de la nulidad, distinguiendo para ello unas de carácter formal y otras de naturaleza sustancial.

 

2.4.1. Respecto a los requisitos de forma esta Corporación ha afirmado que están orientados a comprobar los presupuestos mínimos que deben existir para poder adelantar un análisis de fondo de la solicitud de nulidad, precisando que la carencia de alguno de ellos torna improcedente la solicitud^[18]. Entre estos se identifican los siguientes: 

 

(i) Temporalidad. La solicitud de nulidad debe ser invocada dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia; una vez vencido dicho  término se entienden saneados los vicios que hubieran dado dar lugar a la declaratoria de la misma^[19].

 

(ii) Legitimación en la causa por activa: El incidente de nulidad debe ser presentado por quienes hayan sido parte dentro del proceso de tutela o por los terceros que resulten afectados por las órdenes dictadas por la Corte en sede de revisión.

 

(iii) Deber de argumentación: Quien invoca la nulidad debe sustentarla en debida forma, lo que implica la obligación de “demostrar, mediante una carga argumentativa seria y coherente, el desconocimiento del debido proceso”^[20], no siendo admisibles razones que simplemente expresen disgusto o inconformismo con la decisión^[21]. En relación con este punto la Sala Plena, en Auto 251 de 2014, señaló:

 

“Así las cosas, conforme al carácter extraordinario de esta figura, sustentado sobre todo en la entidad de las decisiones proferidas por este Tribunal como órgano de cierre, se ha precisado que, de una parte, las causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad debe alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la anomalía en la que se funda la pérdida de efectos de la sentencia .

 

El análisis de la Corte sólo se circunscribe al estudio de los cargos formulados por quien presenta el incidente de nulidad, sin que sea posible reabrir el debate sobre los problemas jurídicos abordados en la providencia o entrar a analizar y determinar de oficio la existencia de vicios no identificados en la respectiva solicitud o propuestos por otro sujeto procesal.”

 

2.4.2. Respecto a los requisitos sustanciales o materiales la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado las causales que pueden dar lugar a la declaración de nulidad, aclarando que siempre debe existir una vulneración del debido proceso “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”^[22]. La Corte ha sistematizado de la siguiente forma esas irregularidades o causales: 

 

“(i) Cambio de jurisprudencia. Según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, solamente la Sala Plena de la Corte está autorizada para realizar cambios de jurisprudencia. Por ello, cuando el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena ha sido variada por una Sala de Revisión de tutelas, ante una misma situación fáctica y jurídica, se desconoce el principio del juez natural y se vulnera el derecho a la igualdad, con la consecuente declaratoria de nulidad por violación al debido proceso.

 

(ii) Desconocimiento de las mayorías legalmente establecidas. En los casos en los que la Corte dicta una sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto Ley 2067 de 1991, el Reglamento Interno (Acuerdo 05 de 1992) y la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, también hay lugar a la declaratoria de nulidad.

 

(iii) Incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia. Esta causal se configura en aquellos eventos en los cuales existe incertidumbre respecto de la decisión adoptada, por ejemplo ante decisiones anfibológicas o ininteligibles, por abierta contradicción o cuando carece en su totalidad de argumentación en su parte motiva. Sin embargo, ello no quiere decir que los criterios que se utilizan para la adecuación de la sentencia (respecto de la redacción o la argumentación) o el estilo de los fallos (más o menos extensos en el desarrollo de la argumentación), vulneren el debido proceso.

 

(iv) Órdenes a particulares no vinculados. Esta causal surge como garantía de los derechos de contradicción y defensa, por cuanto al no tenerse la oportunidad de intervenir en el trámite de tutela se vulnera el debido proceso de aquellos que no han participado.

 

(v) Elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional. Hay lugar a declarar la nulidad de un fallo cuando la omisión en el examen de argumentos, pretensiones o cuestiones de orden jurídico afectan el debido proceso, si de haber sido analizados esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o si por la importancia que revestía en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala. En este punto se debe precisar que la Corte cuenta con la facultad de delimitar el ámbito de análisis constitucional, restringiendo su estudio a los temas que considere de especial trascendencia. Al respecto se ha señalado que en sede de revisión la delimitación se puede hacer de dos maneras: (i) mediante referencia expresa en la sentencia, cuando al analizar los asuntos objeto de revisión la Corte establece específicamente el objeto de estudio; o (ii) tácitamente, cuando se abstiene de pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen relevancia constitucional, hecho este que autónomamente considerado no genera violación al debido proceso.

 

(vi) Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional. Esta causal se deriva de una extralimitación en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Corte por la Constitución y la Ley (A-031A de 2002, A-082 de 2000).”^[23]   

 

2.5. Finalmente, es importante indicar que la declaratoria de nulidad de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional en sede de revisión solo prospera si se acreditan los requisitos formales y sustanciales. De no ser así, la naturaleza excepcional y extraordinaria de esta clase de incidentes obliga a denegar la nulidad. 

 

3. Elusión de análisis de asuntos de relevancia constitucional como causal de nulidad.

 

3.1. Con referencia a la causal de nulidad de una sentencia de revisión por omisión de análisis de aspectos de relevancia constitucional, la Corte ha precisado que la tarea de las Salas de Revisión de este Tribunal no consiste en estudiar en detalle todos los aspectos que plantee el accionante en la demanda, sino en unificar la jurisprudencia en relación con los derechos fundamentales. Al respecto, la Sala Plena en el Auto 031A de 2002 sostuvo:

 

“Sin embargo, sobre aquellos asuntos que no fueron planteados expresamente en el proceso y que no tengan incidencia directa en la decisión, puede la Corte abordar su estudio con un menor rigor que sobre otros aspectos abiertamente tratados durante el trámite de la acción, pues debe entenderse que el debate constitucional para cada caso concreto corresponde a los jueces de instancia, lo cual no excluye la posibilidad de que la Corte, en aras a precisar el alcance de los derechos fundamentales, aborde el análisis de esos asuntos si lo considera relevante desde una perspectiva sistémica. En estas condiciones, los elementos accesorios no exigen una fuerte carga motiva, ni menos aún que ella deba ser abordada in extenso. Es razonable suponer que si la Corte tiene la facultad para delimitar el estudio de ciertos aspectos jurídicos, goza también de la potestad para ampliar el ámbito de su análisis, como por ejemplo en cuanto a la tipología de otros derechos fundamentales, no solo porque ello resulta útil en términos de dogmática constitucional, sino, además, ante la importancia de precisar el alcance de su jurisprudencia, bien sea por una de las salas, bien por la plenaria. Sin embargo, como es necesario que se mantenga un hilo conductor coherente, la Corte estima que ese elemento está dado por la congruencia fáctica, es decir, en el análisis de los hechos y circunstancias relevantes del caso concreto.”

 

Lo anterior explica que la Corte Constitucional cuente con un amplio margen de discrecionalidad para delimitar los temas que serán objeto de estudio y que pueda abstenerse de pronunciarse acerca de alguno de ellos, sin que ello implique una infracción al debido proceso que pueda generar la nulidad de una sentencia[24]. Así lo estableció el mencionado Auto:

 

“El examen precedente muestra que por la especificidad de la labor de la Corte en sede de revisión (que no consiste en una tercera instancia), esta Corporación no tiene el deber de estudiar todos los puntos planteados por la demanda de tutela. La Corte goza entonces de una razonable discrecionalidad para delimitar la controversia constitucional en sede de revisión, por lo que no es una violación del debido proceso, susceptible de generar una nulidad, el mero hecho de que la sentencia de una Sala de Revisión haya omitido el examen de algún punto planteado en la demanda, o no lo haya estudiado con el detalle que es necesario durante los debates procesales en las instancias.”

 

No obstante, dicha discrecionalidad no puede conducir a una delimitación arbitraria del ámbito del pronunciamiento del juez constitucional, en razón a la necesidad de una decisión coherente con la trascendental tarea que cumple la Corte en sede revisión. En palabras de la jurisprudencia:

 

“Ese margen de discrecionalidad, sin embargo, no puede conducir a una delimitación arbitraria del ámbito del pronunciamiento de la Corte. Dada la necesidad de una decisión recta, transparente y consecuente con la trascendencia de la tarea que cumple esta corporación en sede de revisión, se exige que su análisis abarque el estudio de los asuntos constitucionalmente relevantes para la solución del caso y de aquellos que tengan una incidencia directa sobre la decisión que debe adoptarse.

 

Los aspectos que no incidan de forma directa en la solución de la problemática constitucional bajo examen pueden, en contraste, valorarse con menos rigor, para privilegiar el análisis de aquellos que resultan relevantes para delimitar el alcance de los derechos fundamentales involucrados en la respectiva controversia y para materializar los principios de justicia material y prevalencia del derecho sustancial que caracterizan el trámite de la acción de tutela”.[25]

 

3.2. La Corte Constitucional ha sostenido que el hecho de que una Sala de Revisión no agote todos los aspectos planteados por la solicitud de la tutela no constituye una vulneración del derecho al debido proceso que pueda generar la nulidad de la sentencia. Sin embargo, si la elusión conlleva a una decisión distinta a la que debió tomarse de haberse examinado los argumentos, pruebas o pretensiones que no fueron analizadas, se puede constituir una violación del derecho al debido proceso[26].

 

4. Caso concreto.

 

Conforme con los criterios formales y sustanciales para la procedencia de la nulidad, la Sala Plena entrará a examinar el caso concreto.

 

4.1. Estudio de los requisitos formales. 

 

(i) Factor temporal. Según consta en el expediente se tiene que a pesar de que en la parte resolutiva de la sentencia T-176 de 2015 se ordenó librar las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991[27], el Secretario General del Consejo de Estado certificó que el señor Luis Ignacio Andrade Blanco ya no reside en la dirección que obraba en la presentación de la demanda de tutela, por lo que no le fue notificada dicha providencia al accionante[28]. Tal situación originó que el señor Andrade Blanco presentara la solicitud de nulidad el 21 de julio de 2015, alegando la figura de la notificación por conducta concluyente (artículo 301 del Código General del Proceso)[29].

 

La Corte entiende que el señor Luis Ignacio Andrade Blanco se notificó de la sentencia de revisión de tutela por conducta concluyente, el día jueves 21 de julio de 2015, fecha en la que presentó el escrito de la solicitud de nulidad, en donde manifestó tener conocimiento acerca de la respectiva providencia.

 

(ii) Legitimidad. El señor Luis Ignacio Andrade Blanco funge como accionante. Luego, es claro que está legitimado para pedir la nulidad de la sentencia de revisión.

 

(iii) Deber de argumentación. La Sala encuentra que no se cumplió con la carga argumentativa requerida cuando se alega la nulidad de una sentencia de revisión por omisión de valoración de asuntos de relevancia constitucional y con ello la violación del debido proceso.

 

1. Si bien presenta algunos argumentos, los mismos no alcanzan a demostrar, con razonamientos claros, ciertos, coherentes y suficientes, cómo se configura la causal de nulidad invocada, su incidencia en la decisión adoptada y la evidente violación del debido proceso. Al contrario, puede apreciarse que las razones aducidas obedecen más bien al inconformismo del solicitante con la decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión.

 

2. Menos puede ahora el incidentante traer a colación nuevos hechos (despido laboral durante periodo de incapacidad que genera una supuesta violación al derecho fundamental de estabilidad laboral reforzada), que él reconoce nunca fueron alegados en la acción de tutela presentada, lo cual además de pretender abrir un debate concluido, no constituye argumento en sede de nulidad.

 

De ahí que en la sentencia T-176 de 2015 la Sala Sexta de Revisión no abordara el estudio de la estabilidad laboral reforzada, puesto que la acción de tutela presentada por el señor Luis Ignacio Andrade Blanco no pretendía que se le protegiera tal derecho ni mucho menos anexó pruebas que acreditaran un despido injustificado; con el amparo solo buscaba que se le reconociera la liquidación de las cesantías y el pago de una indemnización moratoria.

 

Con base en esta situación, la Sala no estaba obligada a realizar el estudio de los nuevos hechos alegados por el actor en el escrito de nulidad.

 

3. Incluso, si se deja de lado que no presentó una debida argumentación respecto de la causal de nulidad invocada que le permita a este Tribunal entrar a estudiar el fondo del asunto, es posible concluir que no se presenta la omisión de asunto de relevancia constitucional y menos la violación del derecho al debido proceso, ya que la sentencia T-176 de 2015 analizó si la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, al no haber ordenado (i) el pago de la cesantía correspondiente al año 2000 y (ii) la indemnización moratoria reclamada, vulneraba los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, salud, mínimo vital y a la vida digna del actor, al omitir valorar el material probatorio o dar un alcance indebido a las normas aplicables a su caso.

 

La Corte, previo estudio de las causales genéricas de procedebilidad de la tutela, procedió a analizar los presuntos defectos sustantivo y fáctico formulados en esa solicitud de amparo.

 

Sobre el primer aspecto, llegó a la conclusión de que el Consejo de Estado fundamentó su decisión de reliquidar las cesantías desde el año 2001 a 2004, y negar la sanción moratoria conforme con el material probatorio allegado, las normas y jurisprudencia aplicable (inexistencia de defecto sustantivo).

 

Acerca del segundo punto, la Sala de Revisión consideró que tampoco hubo falta de apreciación del certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez  que solo daba cuenta de que el demandante se retiró del servicio a partir del 30 de julio de 2004, que fue la misma conclusión a la que llego el ad quem, teniendo en cuenta que lo ordenado fue el pago de la reliquidación de las cesantías hasta esa fecha; luego, esa circunstancia mal podía estructurar un defecto fáctico suficiente para desvirtuar lo concluido en la sentencia censurada.

 

4. En conclusión, esta Corporación, al proferir la sentencia T-176 de 2015, analizó todos los aspectos que revestían relevancia constitucional, tal y como fueron planteados por el accionante en su solicitud de amparo bajo las estrictas causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, especialmente las emanadas de una alta corporación.

 

5. En ese orden de ideas, la Sala Plena negará la solicitud de nulidad elevada por el señor Luis Ignacio Andrade Blanco en contra de la sentencia T-176 de 2015.

 

En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DENEGAR la nulidad de la sentencia T-176 de 2015, proferida por la Sala Sexta de la Corte Constitucional, solicitada por el señor Luis Ignacio Andrade Blanco.

 

Segundo.- Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta (E)

Impedimento aceptado

 

 

 

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada (E)

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General