Auto 046/16

 

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

 

ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto

 

 

Referencia: ICC-2327

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto de Laboral de Cartagena.

 

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y

 

CONSIDERANDO

 

1.                La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que se trate de situaciones en las que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)

 

2.                Luis Felipe Bolaños Ruano instauró acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.

 

3.                El asunto se repartió a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena quien, en auto del 16 de septiembre de 2015, resolvió no avocar conocimiento de la demanda, bajo el argumento de que luego de un análisis preliminar de los hechos y las pruebas del expediente, constató que la petición central del accionante se encamina a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Por tanto, en su sentir, la vinculación que realizó el actor a las entidades mencionadas es aparente, pues no se evidenció responsabilidad alguna en la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

 

En ese orden, dado que dicho Tribunal estimó que la demanda se dirigía contra Colpensiones, señaló que los competentes para conocerla son los jueces del Circuito o con categoría de tales, en virtud del inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y, en esa medida, remitió el expediente a la Oficina Judicial.

 

4.                Efectuado nuevamente el reparto, el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cartagena, a través de auto del 22 de septiembre de 2015, decidió proponer conflicto negativo de competencia pues, el artículo 86 de la Carta establece que la acción de tutela puede presentarse ante cualquier juez. A su vez, que las únicas reglas de competencia en la materia son las dispuestas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, relacionadas con el territorio y los medios de comunicación; sumado a que, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Decreto 1382 de 2000 consagra reglas de reparto y no de competencia.

 

5.                En efecto, este Tribunal ha afirmado que, tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[2], como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000[3], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención[4], cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental o, ante el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (factor territorial)[5].

 

7. Que el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia[6].

 

8. En ese orden de ideas, no le es dable la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declararse sin competencia para resolver el presente asunto, toda vez que esta Corporación ha reiterado que, “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera un conflicto de competencia, ni siquiera aparente.”[7]

 

Tampoco es de recibo que la mencionada Sala pretenda imponer su interpretación preliminar de la pretensión del accionante, para determinar quién es el real demandado y, con base en ello, deducir la competencia para conocer el asunto, pues, como se observó, las únicas reglas de competencia en materia de tutela son las establecidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

 

Al respecto, en el Auto 003 de 2014[8], la Corte sostuvo: “[debe rechazarse] la conducta de aquellos jueces de la República que, en el estudio preliminar correspondiente a la admisión de la demanda, deciden determinar contra quiénes ha debido impetrarse la acción de tutela y se fundamentan en ello para declararse incompetentes con el argumento de que la modificación o inclusión de entidades demandadas altera la competencia. || De este modo, ha dispuesto la Corte que el juez a quien deben repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela pues tal estudio no procede en el trámite de admisión.”

 

En estos términos, la Corte procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS del auto del 16 de septiembre de 2015 proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del expediente ICC-2327.

 

SEGUNDO.- REMITIR al la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el expediente ICC-2327, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por Luis Felipe Bolaños Ruano contra el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado	GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General