[1] Del proceso de tutela conocieron, en primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado y, en segunda, la Sección Segunda Subsección “A” de la misma Corporación.

[2] Así consta en la certificación remitida a este despacho, por la Secretaría General de esta Corporación, el 29 de febrero de 2016. Dicha certificación reza en el siguiente sentido:

“[e]n el Acta No. 28 de 2010, correspondiente a la sesión de Sala Plena de la Corte Constitucional celebrada el (5) de mayo del mismo año, fue aceptado el impedimento manifestado por la Magistrada María Victoria Calle Correa para participar en la revisión del expediente T-2579672 contentivo de la acción de tutela instaurada por Luis Alejandro Perea Albarracín contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, en razón a que su compañero permanente, magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, participó en la sentencia de pérdida de investidura de Sala Plena del Consejo de Estado, objeto de esta acción de tutela.

En consecuencia, la magistrada Calle Correa tampoco intervino en la adopción del Auto 152/15, que definió sobre una solicitud de nulidad de la sentencia SU-044//12 (sic) [SU-400 de 2112], con lo cual culminó el proceso de revisión de los fallos de tutela en el expediente T-2579672, según consta en Acta No. 22 del veintiséis (26) de abril de dos mil quince (2015)”.

(…)”. (Resaltados del texto original).

[3] Así lo ha expresado esta Corporación en el Auto 332 de 2015, en los siguientes términos:

“En este orden de ideas, si al momento de proferir un fallo, se ha desconocido la regla dispuesta sobre la mayoría necesaria para adoptar una decisión, la Corte debe proceder de oficio a decretar la nulidad de la providencia que se expidió sin el lleno del citado requisito previsto en la ley y en el reglamento interno de la Corte, pues ello otorga certidumbre y confianza a la sociedad en general (…)”. En el mismo sentido los Autos

En el Auto 070 de 2015, la Sala Plena declaró la nulidad de la Sentencia T-759 de 2014, con fundamento en que la providencia no contaba con la mayoría exigida para su aprobación, pues un miembro de la Sala de Revisión había salvado el voto y el otro se había ausentado con excusa justifica, pero por un error involuntario había firmado la sentencia. En este caso, la Corte consideró que la conformación de la mayoría decisoria constituye un elemento esencial del debido proceso que determina la validez de la sentencia. Y, adicionalmente, la Sala  Plena indicó que, no obstante que el error cometido haya tenido el carácter de involuntario, “no deja de producir efectos jurídicos indeseados, por lo que el debido proceso debe ser observado y garantizado en todas las actuaciones judiciales y de modo más exigente en las decisiones que tome la Corte Constitucional, toda vez que a través de los fallos de revisión de tutelas, se propende por que se protejan los derechos fundamentales con efectividad y certeza”.

A propósito, en el Auto 332 de 2015 se declaró la nulidad de la Sentencia T-905 de 2014, pues, si bien la sentencia se había suscrito por los tres magistrados de la Sala de Revisión, con salvamento parcial de voto de uno de ellos, con posterioridad a su promulgación, uno de los integrantes de la sala comunicó que por un error involuntario había suscrito la providencia no obstante que no había participado en la sala. En consecuencia, en el Auto se concluyó que no se había conformado la mayoría mínima exigida (con un salvamento de voto y un magistrado ausente), por lo que “al ser omitida de forma involuntaria una regla básica del proceso, referente a la formación del acto descrito por el juez, se procederá a decretar la nulidad”.

A su vez, en el Auto 071 de 2015, se decretó la nulidad de una sentencia proferida por la Sala Plena (C-825 de 2013) toda vez que, si bien la decisión había contado con la mayoría de los votos de los magistrados presentes en la sesión, no cumplía con la regla del quorum decisorio previsto en el Reglamento Interno de la Corte, según el cual, la aprobación de las decisiones de la Sala Plena, requiere la mayoría absoluta. Esto, en la medida en que dos integrantes estaban impedidos, y otro dos salvaron el voto. Así las cosas, en dicha oportunidad se arguyó que “al no contar con la mayoría absoluta en la decisión tomada dentro de la sentencia C-825 de 2013, esto es, cinco (5) votos a favor, pues tan solo fue aprobada por cuatro (4) miembros de la Corporación, la Sala Plena declarará la nulidad de la Sentencia y dispondrá que el proyecto de fallo vuelva a someterse a discusión y aprobación, en la próxima Sala”.

[4] En el Auto 149 de 2015,  por el cual se negó la solicitud de nulidad de la Sentencia C-523 de 2005, en la que se controvertía si un magistrado debió declararse impedido, se estableció que la declaratoria de nulidad está subordinada a que no basta con la ocurrencia de un defecto en el procedimiento, sino que es preciso que el mismo produzca una vulneración trascendental con repercusiones en la decisión tomada.

“En efecto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, solo las irregularidades que impliquen violación ostensible y probada al debido proceso podrán servir de base para que la Sala Plena anule el proceso. Por lo tanto, quien alega una nulidad, debe demostrar el quebranto de las reglas procesales previstas en los decretos 2967 y 2591 de 1991, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso; es decir, debe tratarse de una vulneración significativa y trascendental, con repercusiones sustanciales, respecto de la decisión adoptada. Estas nulidades debe alegarse antes del fallo respectivo”.

En el mismo sentido, en el fallo de tutela T-778 de 2009, en el que se examinó la posible vulneración del derecho al debido proceso por la indebida aceptación de un impedimento dentro de un proceso adelantado por un tribunal administrativo, la Corte concluyó que, en  todo caso, el posible defecto no tenía repercusiones sobre el quorum decisorio, de manera que “no viola ningún derecho fundamental a las partes, ni menos el de defensa o debido proceso”.

[5] “Artículo 3°. Mayoría. Las decisiones de la Corte, salvo lo dispuesto en la ley

para determinados casos, se adoptarán por mayoría absoluta.

Se entiende por mayoría absoluta cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de Magistrados que integran la Corte.”

[6] Salvo por el Magistrado Luis Ernesto Vargas que se encontraba ausentes de la sesión, con escusa; y por la magistrada María Victoria Calle quien no participó de la decisión por estar impedida.

[7] Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros.

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.