Auto 226/16

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

 

Referencia: ICC-2388

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo- Sucre y el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla- Atlántico.

 

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y

 

CONSIDERANDO

 

1. Que, la Corte Constitucional, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, a través de su Sala Plena, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de los procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común^[1]y, excepcionalmente, para resolver también, los conflictos que se presentan entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común, cuando la demora en la decisión pueda comprometer la efectividad de los derechos fundamentales cuya protección se solicita o cuando el supuesto conflicto es promovido por la intervención directa de la autoridad jerárquica común^[2].

 

2. Que, en el presente caso, la señora Yadira Isabel Martínez Bustillo, interpuso acción de tutela contra la empresa Expreso Brasilia S.A., con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la referida empresa, al no dar respuesta a su solicitud de remisión de copias simples de los pagos de los aportes a pensión realizado por parte de la entidad accionada a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones desde el mes de mayo de 1979 hasta diciembre de 1983 y desde julio de 1984 hasta agosto de 1985.[3]

 

3. Que conforme al Acta Individual de Reparto[4], el conocimiento de dicha acción de tutela fue asignada al Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo-Sucre.

 

4. Que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, mediante providencia del 27 de noviembre de 2015, declaró su falta de competencia para conocer de la acción en virtud del factor territorial, toda vez que la presunta vulneración de los derechos fundamentales ocurrió en la ciudad de Barranquilla, por ser este el lugar donde se encuentra el domicilio de la empresa accionada. En consecuencia, dispuso remitir el expediente a la oficina judicial de Barranquilla- Atlántico, para que sea repartida a los juzgados municipales de esa ciudad[5].

 

5. Que la acción de tutela fue reasignada por la oficina judicial Barranquilla al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de esa misma ciudad, el cual, a través de Auto del 21 de enero de 2016, decidió no asumir el conocimiento de la acción, por considerar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la acción de tutela la tienen “a prevención, los jueces donde ocurra la amenaza del derecho o en el lugar donde se producen sus efectos”. De acuerdo con la anterior regla de competencia adujo que, si bien la presente tutela no se radicó en el domicilio de la entidad demandada, sí lo hizo en el lugar donde el accionante pone de manifiesto los verdaderos efectos de la presunta vulneración de derechos, esto es, en la ciudad de Sincelejo, donde actualmente reside la accionante, motivo por el cual, dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto negativo de competencia^[6].

 

6. Que, conforme lo ha sostenido esta Corte de manera uniforme y reiterada,^[7] las normas que fijan los parámetros de competencia sobre la acción de tutela, son, principalmente, los artículos 86 de la Constitución Política, que señala que esta se puede interponer “ante los jueces, en todo momento y lugar”, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que establece que:“[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

 

7. Que acorde con lo anterior, el mencionado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, regula la competencia por el factor territorial aduciendo que “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. Este criterio fue ampliado por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el cual prevé que conocerán de la acción de tutela “a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”.

 

8. Que en ese orden de ideas, en lo ateniente al factor territorial de competencia, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, atendiendo al contenido de los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000, “toda persona tendrá la acción de tutela” para la protección de sus derechos fundamentales, bien sea en el lugar donde ocurrió la presunta vulneración o amenaza, o ante el juez con jurisdicción en el lugar en el que se produjeron sus efectos, precisando que, de presentarse conflicto entre dos o más jueces que puedan llegar a ser competentes, en virtud de la competencia a prevención, conocerá el asunto aquel funcionario judicial que recibió primero la acción de tutela.^[8]

 

9. Que, por lo tanto, en el presente caso, no es de recibo para esta Corte las consideraciones aducidas por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia. Ello, en razón a que su decisión se adoptó sin considerar que, de conformidad con las normas antes citadas, quien promueve una acción de tutela está facultado para presentarla, bien sea en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o en el lugar donde se produjeron sus efectos. En consecuencia, como quiera que la acción de tutela de la referencia fue presentada en el lugar donde produjo efectos la violación de derechos alegada por el actor, en aplicación de las normas citadas, es al juzgado que inicialmente se le otorgó el conocimiento de la acción de tutela a quien “a prevención” le corresponde proceder a su trámite y resolución.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 27 de noviembre de 2015 proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo-Sucre, dentro del expediente ICC-2388.

 

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo-Sucre, el expediente ICC-2388, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Yadira Isabel Martínez Bustillo contra la empresa Expreso Brasilia S.A.

 

TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla-Atlántico.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado	GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General