Auto 514/16

 

COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de Jurisprudencia

 

DECRETO 1382 DE 2000-No establece competencia sino reglas de simple reparto

 

Referencia: Expediente ICC-2519

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Magistrado Ponente:

AQUILES ARRIETA GÓMEZ

 

 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 12 de septiembre de 2016, Héctor Armando Caicedo Pazmiño, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, que a su juicio fueron vulnerados por la Sala de Penal del Tribunal Superior de Bogotá al abstenerse de resolver el control de legalidad respecto de la resolución de archivo de las diligencias penales proferidas por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  por lo que solicita al despacho judicial realizar el control de legalidad de dicha resolución.

 

2. El  asunto fue repartido a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, la cual mediante auto del 15 de septiembre de 2016, manifestó que; “(…) la competencia para conocer de la presente acción de tutela radica en la Sala de Casación Civil de esta Corporación, como quiera que de los fundamentos de la demanda se infiere que en el asunto que motiva la queja constitucional ha intervenido una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que se impone necesaria su integración al contradictorio. Por lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento interno de esta Corporación, modificado a su vez por el Acuerdo 001 de 2002, se dispone remitir las presentes diligencias a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, proponiéndole desde ya a dicho cuerpo decisorio, colisión negativa de competencia, en el evento de no acoger el criterio aquí expuesto (…).”^[1] 

 

3. Remitido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 28 de septiembre de 2016, ese despacho manifestó su inconformidad con los argumentos esgrimidos por la Sala de Casación Penal, “(…) como quiera que la queja se dirige exclusivamente contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, este Despacho colige que la competencia para tramitarla, en primera instancia, corresponde a la Sala de Casación Penal de esta Corte, donde inicialmente fue repartida, conforme a lo consagrado en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por ser el superior funcional de aquella colegiatura. (…)”^[2]

 

II. CONSIDERACIONES

 

Competencia para resolver el conflicto

 

4. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que por regla general los conflictos de competencias en materia de tutela son resueltos por el superior jerárquico de las autoridades judiciales que proponen la colisión. Así mismo, ha indicado que en los eventos en los que no exista superior jerárquico común, dichos conflictos serán resueltos por esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional,^[3] puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.^[4]

 

5. En los casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, o en que la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte una discusión que envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto, previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, pues lo que se impone es garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia, así como propender por la efectividad de los principios de economía, celeridad y eficacia que sustentan el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).

 

6. Así mismo se advierte que lo señalado no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria–, la competencia para dirimir conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencias dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.

 

Precedente constitucional que establece las reglas para solucionar los conflictos en materia de tutela- Reiteración de jurisprudencia

 

7. La Corte Constitucional ha sostenido que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.

 

8. El Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales. Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.^[5]

 

9. Por lo anterior la aplicación de las normas de reparto establecidas en el Decreto 1382 dispone reglas administrativas para el mismo^[6] y no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente, ya que estos casos tienen prevalencia por los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales,^[7] así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela.^[8] Excepcionalmente esta Corporación asignaría  competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado decreto en el evento en que se presente tergiversaciones en las reglas de reparto.^[9]

 

10. La Corte Constitucional estableció en el Auto 124 de 2009^[10] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación: 

 

“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”  

 

11. Así mismo la Corte en Auto 198 de 2009,^[11] precisó la excepción (tutelas contra providencias de las Altas Cortes), establecida en esta última regla, en el sentido de que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”.

 

12. Adicionalmente, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991^[12] y 1° del Decreto 1382 de 2000.^[13] En el Auto 061 de 2011,^[14] siguiendo lo planteado en los autos 124 y 198 de 2011,^[15] esta Corporación señaló que la competencia a prevención implicaba que cualquiera de los jueces que fuera competente de acuerdo con el artículo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción constitucional. De tal manera que los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad.^[16]

 

13. En el Auto 070 de 2012^[17] se dijo que “el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista”.^[18] 

Con base en las anteriores consideraciones, procede la Sala Plena a decidir sobre el conflicto de referencia.

 

III. CASO CONCRETO

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver el conflicto suscitado, dado que en este caso se presenta una colisión en materia de tutela entre las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde a la Corte como organismo de cierre de la jurisdicción constitucional dirimirlo.^[19] Además, en los eventos que se prevea una demora para la adopción de una decisión de fondo en los términos establecidos por la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, esta Corporación puede asumir el conocimiento del conflicto de competencia, como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia y desarrollo de los principios de celeridad y eficacia que irradian el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).^[20]

 

14. El conflicto de competencia se suscitó debido a que “en el asunto que motiva la queja constitucional ha intervenido una Fiscalía Delegada ante la Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia, por lo que se impone necesaria la integración de dicha Sala al contradictorio” argumento que no es de recibo por cuanto: (i) no es un factor para declararse incompetente, (ii) la Sala de Casación Penal ha resuelto acciones de tutela en las cuales se cuestionan actuaciones de sus Fiscalías Delegadas^[21] y (iii) la Fiscalía Sexta Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no es la parte accionada dentro de la acción de tutela en cuestión.^[22]

 

15. Analizada la situación planteada por los despachos involucrados, se advierte que la discusión gira en torno a la aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, ^[23] lo cual no autoriza a los jueces de tutela a declararse incompetentes.^[24] Debe insistirse en que los únicos conflictos de competencia existentes en tutela son los relacionados con el factor territorial y los que se presentan en acciones dirigidas contra medios de comunicación, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991. En eventos como el presentado en esta oportunidad, el funcionario judicial a quien correspondió en primer lugar el conocimiento de la acción de tutela debe tramitarla o decidir su impugnación, según sea el caso.^[25]

 

16. Adicionalmente, al margen de la naturaleza jurídica o jerarquía de una de las entidades demandadas, el asunto examinado no es de aquellos exceptuados de la aplicación de la regla sobre conocimiento inmediato y obligado de la acción de tutela, sentada por la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009.^[26] Ello, por cuanto no se observa una distribución caprichosa de la acción de tutela, o un desconocimiento de las disposiciones sobre competencia por parte de la oficina de apoyo judicial.

 

17. Teniendo en cuenta que la acción de tutela cuestiona la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,^[27] y por ser la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia su superior funcional dicha Corporación no debió declararse incompetente para conocer de la acción^[28] ya que el reparto se realizó conforme a las reglas contenidas en el artículo 1º, inciso 2º, del Decreto 1382 del 2000.^[29]

 

18. Con base en los anteriores criterios, se dejará sin efectos el auto del 15 de septiembre de 2016, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de acción de tutela formulado por Héctor Armando Caicedo Pazmiño contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En consecuencia se remitirá el expediente ICC-2519 a la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, para que de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

19. La Sala considera que en este caso se acató lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 2º del Decreto 1382 del 2000, pues al tratarse de una acción de tutela interpuesta contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a quien debía ser repartido el asunto es al superior funcional, es decir, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 

IV. DECISIÓN

 

Se reitera: todos los jueces constitucionales son competentes para asumir el conocimiento de una acción de tutela; las tutelas que se dirijan contra una autoridad judicial deben ser repartidas al superior funcional.

 

 

RESUELVE

 

Primero.- Dejar sin efectoS el auto del 15 de septiembre de 2016, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual decidió que no era competente para conocer de la acción de tutela presentada por Héctor Armando Caicedo Pazmiño contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2519 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que de manera inmediata y sin dilaciones asuma el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.

 

Tercero.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

 

 

 

  LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ         ALEJANDRO LINARES CANTILLO                  

       Magistrado                                                         Magistrado

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

                  Magistrado                                                            Magistrada

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO                           AQUILES ARRIETA GÓMEZ

                    Magistrado                                                    Magistrado (e)

                Ausente con permiso

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS                LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

                          Magistrado                                       Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General