Auto 029/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

 

Referencia: ICC-2714

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Cuatro Oral del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá

 

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y

 

CONSIDERANDO

 

1.                La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que se trate de situaciones en las que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)

 

2.                El señor Javier Ricardo Delgado, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sociedad de Activos Especiales SAS y la Inspección de Policía de Armero Guayabal en procura de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y de defensa, con ocasión de una diligencia de entrega real y material de un bien inmueble, dentro de la cual no pudo participar.

 

3.                El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a quien le fue repartido el asunto, se abstuvo de conocerlo, arguyendo que la empresa demandada era una sociedad por acción simplificada, comercial, de economía mixta del orden nacional y la Inspección de Policía también es una entidad del orden nacional. Por esa razón, consideró que el llamado a resolver era el Tribunal Superior de Bogotá.

 

4.                Efectuado el nuevo reparto, le correspondió el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá quien, por medio de auto del 9 de diciembre de 2016, se abstuvo de conocer el caso y propuso el conflicto negativo de competencia ante esta Corporación, al estimar que de conformidad con el Artículo 1º del Decreto 1382, el conocimiento de las acciones de tutela contra las entidades descentralizadas por servicios del orden nacional corresponde a los jueves del circuito.

 

5.                Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[2] como el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[3], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención[4], cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, o a elección del demandante, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[5] y que “los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de1991”[6] .

 

6.                En relación con la definición del régimen de competencias por la naturaleza de la entidad demanda, la Corte Constitucional ha sostenido que sólo existe una regla sobre el particular en materia de tutela y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[7] (Decreto 2591 de 1991, art. 37).También se ha admitido que solo cabría hacer valer las normas de reparto cuando se incurra en una violación grosera o flagrante de las mismas, como cuando la tutela se interpone contra una providencia judicial y no se asigna al superior jerárquico, que no es el caso dilucidado.

 

7.                Así las cosas, no le es dable al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá declararse sin competencia para resolver el presente asunto, toda vez que esta Corporación ha reiterado que, “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera un conflicto de competencia, ni siquiera aparente”[8]. Por tanto, en este caso, se debe respetar la elección que haya efectuado el accionante, para ello se remitirá el expediente al despacho que en primer lugar conoció el asunto con el fin de que la acción de amparo sea decidida inmediatamente.

 

8.                Entonces, la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 6 de diciembre de 2016 proferido por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del expediente ICC-2714.

 

SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del expediente ICC-2714, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Javier Ricardo Delgado contra la Sociedad de Activos Especiales Sas y la Inspección de Policía de Armero Guayabal.

 

TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Presidenta

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado	GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado	AQUILES ARRIETA GÓMEZ Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General