Auto 082/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

DECRETO 1382 DE 2000-No establece competencia sino reglas de simple reparto

 

Referencia: ICC-2768

 

Supuesto conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 1° Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, la Subsección D, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 3º Administrativo de Oralidad de Bogotá

 

Magistrado Ponente:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y

 

CONSIDERANDO

 

1.                La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, debe resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que, no obstante que este exista, se trate de situaciones en las que se evidencie tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, caso en el cual se impone que esta Corte dirima el asunto en aras de privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)

 

2.                Ricardo Rodríguez Henao instauró acción de tutela contra la Superintendencia Financiera de Colombia en procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, toda vez que, en su sentir, la entidad demandada resolvió archivar de manera irregular las quejas que presentó contra el Banco Davivienda S.A..

 

3.                El asunto se repartió a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien, a través de auto del 12 de enero de 2017, sostuvo que según el inciso 2º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, le corresponde conocer el caso a los jueces del circuito o con categoría de tales, toda vez que la Superintendencia Financiera es una entidad del sector descentralizado por servicios.

 

Además, en vista de que el actor se encuentra domiciliado en Villavicencio y es en dicho lugar donde se producen los efectos de la alegada vulneración, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, los competentes para conocer la solicitud de amparo son los jueces de tal ciudad. En esa medida, en la parte motiva de la providencia el Tribunal indicó que el expediente sería remitido a los Jueces Administrativos de Villavicencio. No obstante, en la resolutiva, dispuso enviarlo a los Jueces Administrativos de Bogotá.

 

4. Realizado nuevamente el reparto, el expediente le correspondió al Juzgado 3º Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, operador judicial que, a través de auto del 20 de enero de 2017, resolvió devolverlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando aclarar lo dispuesto en la providencia del 12 de enero del año en curso, por medio de la cual este último se declaró incompetente para conocer el caso, pues no tenían certeza acerca de la autoridad a la que remitieron.

 

5. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca, a través de auto del 23 de enero de 2017, aclaró lo resuelto en su precitada decisión, indicando que quienes debían conocer eran los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de Villavicencio. En esa medida, el expediente fue asignado al Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de dicha ciudad que, por medio de auto del 2 de febrero de 2017, se declaró sin competencia para asumir el caso y propuso conflicto.

 

Lo anterior, al considerar que para fundamentar la falta de competencia en materia de tutela, el juez únicamente debe ceñirse a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. De otro lado, sostuvo que, de presentarse el evento en el que dos autoridades sean competentes para estudiar y analizar una solicitud de amparo, debe prevalecer la elección que hiciere el demandante al momento de interponerla. En esa medida, indicó que es el Tribunal remitente quien debe asumir el conocimiento del asunto, al ser el primer juez a quien le fue repartido el expediente.

 

6. Que tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[2], como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000[3], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención[4], cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental o, ante el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[5].

 

6. Que el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales, en la medida en que por su inferioridad jerárquica respecto a las citadas disposiciones, no puede modificarlas. Ese fue precisamente el entendimiento dado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al desestimar la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, en sentencia del 18 de julio de 2002, por considerar que no era contrario al artículo 86 de la Constitución, en tanto establecía normas de reparto y no de competencia[6].

 

7. En ese orden de ideas, no le es dable a la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararse sin competencia para resolver el presente asunto, toda vez que esta Corporación ha reiterado que, “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera un conflicto de competencia, ni siquiera aparente.”[7]

 

En estos términos y, en vista de que la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es competente para conocer el caso, al ejercer jurisdicción en el lugar donde ocurre la supuesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados, pues en Bogotá tiene su domicilio la entidad demandada, la Corte procederá a resolver el presente asunto, ordenando remitirle el expediente, teniendo en cuenta también que fue la autoridad que primero conoció del caso, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas en virtud de lo expuesto:

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 12 de enero de 2017, proferido por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente ICC-2768.

 

SEGUNDO.- REMITIR a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el expediente ICC-2768, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela presentada por Ricardo Rodríguez Henao contra la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ Magistrado (E)	MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada	JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General