Auto 103/17

 

 

SOLICITUD CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Abstenerse de tramitarla

 

 

Referencia: Solicitud de cumplimiento del fallo T-605 de 2015, emitido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional

 

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Iván Humberto Escrucería Mayolo (e), Aquiles Arrieta Gómez (e) y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto, con fundamento en los siguientes:

 

I. ANTECEDENTES

 

1. En la Sentencia T-605 de 2015, dictada por la Sala Quinta de Revisión de la Corte, se protegieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de la señora Delia Urueña Tovar, quien presentó una acción de tutela, al considerar que el Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos referidos, al negarse a reconocerla como beneficiaria del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, a pesar de contar con una sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, que declaró la unión marital de hecho entre ella y el causante.

 

En la sentencia, la Sala estableció que los jueces en el proceso ordinario laboral, omitieron decretar pruebas de oficio para dirimir la controversia entre la accionante y la señora Carmen Elina Cardozo, quienes reclamaban la sustitución pensional. En esa dirección, declararon como beneficiaria sólo a la señora Cardozo, quien desde el año 2006 recibía por parte de la empresa Pajonales S.A, el 100% del beneficio pensional.

 

La Corte Constitucional consideró que, tanto el juez de primera como el de segunda instancia en el proceso ordinario laboral, incurrieron en un defecto fáctico, al no decretar de oficio pruebas que consideraran necesarias para dirimir el conflicto, aunado a que omitieron analizar los elementos probatorios que debidamente fueron allegados al proceso y que demostraban la convivencia entre la accionante y el causante. En consecuencia, esta Corporación concluyó que se desconocieron los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de la señora Delia Urueña Tovar.

 

En ese orden de ideas, y al acreditarse en el caso concreto una convivencia simultánea, la Sala concedió la prestación que devengaba el fallecido Juan de Jesús Álvis Bocanegra, distribuida en partes iguales, entre la señora Carmen Elina Cardozo y Delia Urueña Tovar, con quienes el causante convivió varios años antes de su muerte, tuvo hijos y a quienes brindaba ayuda económica.

 

Para tales efectos, esta Corporación conminó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que expidiera un nuevo pronunciamiento, donde ordenaría el reconocimiento a favor de la señora Delia Urueña Tovar del 50% de la asignación mensual de jubilación que devengaba el señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, en su condición de compañera permanente.

 

2. Posteriormente, el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar, solicitó la intervención de la Corte Constitucional para asegurar el cumplimiento de la Sentencia T-605 de 2015. Para tales efectos, el apoderado relató que el 10 de noviembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué profirió sentencia de reemplazo, en la que aplicó los lineamientos fijados en la Sentencia T-605 de 2015.

 

Señaló que el 11 de noviembre de 2015, solicitó ante el Tribunal referido la adición de la sentencia de reemplazo proferida, para que a la señora Delia Urueña se le reconociera la sustitución pensional desde la fecha de fallecimiento del causante, es decir el 23 de octubre de 2002.

 

Para resolver la solicitud presentada, mediante Auto del 2 de febrero de 2016, el Tribunal Superior de Ibagué adicionó la sentencia “en el sentido que CARMEN ELINA CARDOZO CRUZ, está obligada a satisfacer a la señora DELIA URUEÑA TOVAR, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013.”

 

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que en caso de que posteriormente aparezcan nuevos beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que les correspondan[1].

 

A juicio del apoderado de la señora Urueña Tovar, con la decisión referida continuaba la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social de su representada, pues el pago de la sustitución pensional debió ordenarse por el Tribunal Superior de Ibagué, desde la fecha del fallecimiento del causante y a cargo de la empresa Pajonales S.A. 

 

3. Al analizar la solicitud presentada por el apoderado de la señora Urueña Tovar, la Sala Quinta de Revisión mediante Auto 312 del 12 de julio de 2016, ordenó remitirla al juez de primera instancia, para que adelantara el trámite de cumplimiento o desacato. Lo anterior, por cuanto se observó que el solicitante no desplegó previamente las medidas previstas para hacer efectivas las órdenes ante el juez de primera instancia, quien era el competente para iniciar la respectiva actuación jurisdiccional de cumplimiento.

 

4. En cumplimiento de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 27 de julio de 2016 requirió a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que se pronunciara en relación con la solicitud de cumplimiento presentada por el apoderado de la accionante.

 

4.1. En respuesta al requerimiento, la Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué que profirió la sentencia de reemplazo, señaló que dio cabal cumplimiento a la orden proferida en la Sentencia T-605 de 2015 en relación con el reconocimiento de la señora Urueña Tovar como beneficiaria del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra.

 

Además, explicó que lo resuelto por la Sala Laboral en la providencia del 2 de febrero de 2016, mediante la cual adicionó la sentencia de reemplazo, en el sentido de ordenar que la señora Cardozo Cruz debía satisfacer a la señora Urueña Tovar, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013, no constituía una modificación de la orden proferida por la Corte Constitucional, sino una precisión en relación con los alcances de tiempo y modo en que se debía pagar la obligación.

 

En esa medida, la Magistrada destacó que la inconformidad del solicitante se dirigía contra la providencia que resolvió la solicitud de adición presentada por él, y en modo alguno se relacionaba con un posible incumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-605 de 2015.

 

En consecuencia, la Magistrada precisó que el desacuerdo relacionado con lo resuelto en el auto que adicionó la sentencia de reemplazo debía ser cuestionado a través del recurso extraordinario de casación. Lo anterior, toda vez que “la sentencia y la providencia por medio de la cual se adiciona o complemente aquella, son una  sola decisión, esto es, la adición se entiende incorporada a la sentencia pues en aquella se resuelve sobre una pretensión de la demanda que por omisión no fue objeto de pronunciamiento, y por lo tanto, por tratarse de una sentencia de segunda instancia, solo es susceptible del recurso extraordinario de casación, siempre y cuando cumpla con el requisito del interés para activar el mecanismo excepcional.” [2]

 

5. Mediante Auto del 11 de agosto de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de iniciar el trámite incidental. Para tal efecto, señaló que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué dio estricto cumplimiento al fallo emitido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-605 de 2015. Además, precisó que el reparo del apoderado de la señora Delia Urueña Tovar escapaba del trámite incidental, pues se dirigía contra el Auto del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal referido adicionó la sentencia “en el sentido que CARMEN ELINA CARDOZO CRUZ, está obligada a satisfacer a la señora DELIA URUEÑA TOVAR, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013.”

 

6. En razón a lo expuesto, el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar solicita nuevamente a la Corte Constitucional el cumplimiento de la Sentencia T-605 de 2015. Además, que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué precisar que el reconocimiento del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra debe darse “desde la fecha de su muerte, 23 de octubre de 2002”.

 

II. CONSIDERACIONES y fundamentos

 

1. El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en sede de revisión, deberán ser comunicados al juez de primera instancia, el cual notificará la sentencia a las partes. Asimismo, los artículos 23^[3], 27^[4] y 52^[5] de la misma normativa preceptúan que ante el incumplimiento de una orden emitida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o sucesiva: (i) su cumplimiento, por medio del denominado trámite de cumplimiento, y/o (ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente, a través del incidente de desacato^[6].

 

2. A partir de ello, la Corte Constitucional al interpretar los mencionados preceptos, ha considerado que, por regla general, el funcionario competente para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo de amparo es el juez de primera instancia, a pesar de que la decisión provenga de segunda instancia o de revisión^[7].

 

3. No obstante, en casos excepcionales, esta Corporación ha indicado que conserva una potestad excepcional, tanto para promover el cumplimiento de sus sentencias como para dar trámite al incidente de desacato, y que dicha facultad se presenta en las siguientes situaciones:

 

“(i)Cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte, no adopta medidas conducentes;^[8] (ii)Cuando se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces;^[9] (iii)Cuando el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste;^[10] (iv)Cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato;^[11] (v)Cuando resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad  del ordenamiento constitucional;^[12] (vi)Cuando la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados;^[13] (vii)Cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo.^[14]”^[15]

 

En otras palabras, en ciertas circunstancias particulares, la Corte conserva la competencia preferente, de forma tal que se encuentra habilitada para intervenir en el cumplimiento de sus propias decisiones, bien sea porque a quien compete pronunciarse no adopta las medidas conducentes, o porque el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste.

 

En conclusión, conforme a la normativa y a la jurisprudencia, en principio la Corte Constitucional no es competente para verificar el cumplimiento de las decisiones de tutela, con las excepciones señaladas. Por tanto, la competencia respecto del seguimiento le corresponde al juez de primera instancia.

 

4. Ahora bien, al estudiar el escrito presentado por el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar, la Sala encuentra que, no está directamente relacionado con el cumplimiento de la orden impartida en la acción de tutela. En efecto, al estudiar lo decidido en la Sentencia T-605 de 2015 se observa que, la Corte Constitucional conminó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que expidiera una nueva providencia, donde se ordenaría a la empresa Pajonales S.A el reconocimiento a favor de la señora Delia Urueña Tovar del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, sin que esta Corporación se pronunciara en la parte motiva o resolutiva de la sentencia referida sobre los alcances de tiempo y modo, en los que se debía pagar la obligación.

 

5. En esa medida, las inconformidades planteadas por el solicitante, no guardan relación directa con la parte resolutiva de la Sentencia T-605 de 2015, sino con lo decidido en el Auto del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal Superior de Ibagué adicionó la sentencia de reemplazo en el sentido de ordenar que la señora Cardozo Cruz debía satisfacer a la señora Urueña Tovar, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que en caso de que posteriormente aparezcan nuevos beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que les correspondan.

 

6. En consecuencia, se observa que la intervención de esta Corporación no es procedente en este caso, por cuanto se advierte que sí se surtió la actuación correspondiente por parte Tribunal Superior de Ibagué en lo concerniente al cumplimiento de la orden impartida en la Sentencia T-605 de 2015. No obstante, es preciso recordar al solicitante que estará legitimado para promover acción de tutela contra decisiones judiciales que considere vulneradoras de los derechos fundamentales de la señora Delia Urueña Tovar y se aparten de los mandatos constitucionales. 

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- ABSTENERSE de tramitar la solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-605 de 2015, promovida por el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar.

 

SEGUNDO.- ORDENAR que por Secretaría General se comunique la decisión adoptada en esta providencia al apoderado de la señora Delia Urueña Tovar.

 

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Magistrado (e)

Con aclaración de voto

 

 

 

AQUILES ARRIETA GÓMEZ

Magistrado (e)

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO (E)

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

AL AUTO 103/17

 

 

Referencia. Auto 103 de 2017. Solicitud de cumplimiento de la sentencia T-605 de

2015.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, me permito hacer explícitas las consideraciones que me llevaron a aclarar el voto respecto al Auto 103 de 2017.

 

1. En la sentencia T-605 de 2015, la Sala Quinta de Revisión protegió los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de la señora Delia Urueña Tovar, vulnerados por las entidades judiciales accionadas al negarse a reconocerla como beneficiarla del 50 % de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Alvis Bocanegra, a pesar de contar con una sentencia proferida por un juzgado de familia que declaró la unión marital de hecho con el causante.

 

La Corte encontró que los jueces en el proceso ordinario laboral omitieron decretar pruebas de oficio para dirimir la controversia entre la accionante y la señora Carmen Elina Cardozo, quienes reclamaban la sustitución pensional, y al declarar como beneficiarla solo a la señora Cardozo. Observó que el juez de primera instancia dio pleno valor probatorio a ciertos documentos dentro de los cuales se encontraban testimonios rendidos por allegados tanto de la señora Carmen Elina como de Delia Urueña, quienes pretendían demostrar, en cada una, la calidad de compañera permanente. Concluyó que aun cuando en el proceso ordinario laboral surgieron indicios que permitían inferir la existencia de una convivencia simultánea, dicha situación no se dilucidó respecto de la señora Delia Urueña, ante la falta de valoración del material probatorio aportado por las partes y por la omisión en el decreto de pruebas por parte del juez.

 

Con sustento en ello, la Sala Quinta dejó sin efectos las sentencias proferidas en el proceso ordinario y conminó al Tribunal Superior de Ibagué para que profiriera una nueva decisión donde ordenara también el reconocimiento a favor de la accionante del 50% de la asignación de jubilación.

 

2.   El 10 de febrero de 2015 el Tribunal Superior de Ibagué profirió sentencia de reemplazo siguiendo los lincamientos fijados por la Corte. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2015, el apoderado de la accionante solicitó ante el Tribunal la adición de la sentencia de reemplazo, para que se le reconociera la sustitución pensional desde la fecha del fallecimiento del causante, esto es, desde el 23 de octubre de 2002.

 

Mediante Auto del 2 de febrero de 2016, el Tribunal adicionó la sentencia en el sentido de que "la señora Carmen Elina Cardoso está obligada a satisfacer a la señora Delia Urueña Tovar, en la cuota parte de las mesadas pensiónales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013 ". A juicio del apoderado la vulneración continúa en tanto la pensión debió ordenarse desde la fecha del fallecimiento del causante y a cargo de la empresa Pajonales S.A. que es la que encargada de la cancelación. Por esa razón, solicitó el cumplimiento de la sentencia T-605 de 2015.

 

A través del Auto 312 de 2016 la Sala Quinta remitió la solicitud a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conoció la acción de tutela en primera instancia y a quien corresponde estudiar el cumplimiento de la decisión adoptada por la Corte, la cual se abstuvo de iniciar el trámite incidental al considerar que el Tribunal accionado dio estricto cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional. Por lo anterior, el apoderado de la accionante requirió de la Corte el cumplimiento de la sentencia T-605 de 2015.

 

3.   En el Auto 103 de 2017 la Sala se abstuvo de tramitar la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-605 de 2015. Determinó que no estaba directamente relacionada con el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de la Corte Constitucional. Recordó que la Sala de Revisión conminó al Tribunal accionado para que expidiera una nueva providencia donde se ordenara a la empresa Pajonales S.A. el reconocimiento a favor de la actora del 50% de la sustitución pensional, sin pronunciarse en la parte motiva o resolutiva sobre el alcance de tiempo y modo en los que se debía pagar la obligación.

 

Concluyó que las inconformidades del solicitante no guardaban relación directa con la parte resolutiva de la sentencia T-605 de 2015, sino con lo decidido en el Auto del 2 de febrero de 2016 mediante el cual el Tribunal adicionó la sentencia de reemplazo. Finalmente, advirtió que el peticionario podría promover otra acción de tutela contra las decisiones judiciales que encontrara desconoce los derechos fundamentales de la accionante.

 

4.   Al respecto, debo señalar que compartí la decisión de la mayoría porque al revisar la parte considerativa y las órdenes impartidas en la sentencia T-605 de 2015 se evidencia que, en efecto, la Corte no hizo pronunciamiento alguno acerca de los alcances de tiempo y modo en los que se debía pagar la sustitución pensional a favor de la accionante. El fallo se limitó a reconocer el derecho, revocar las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral y ordenar al Tribunal accionado proferir una nueva decisión en donde dispusiera a cargo de la empresa Pajonales S.A. el pago de pensión para ambas reclamantes. De ese modo procedió el Tribunal Superior de Ibagué al proferir la sentencia de reemplazo, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.

 

Además, en el Auto 103 de 2017 se le recuerda al solicitante que está legitimado para promover acción de tutela contra decisiones judiciales que considere vulneradoras de sus derechos fundamentales. Esta aclaración le muestra a la parte afectada que tiene otras opciones o mecanismos en contra de la nueva decisión proferida por el Tribunal accionado para hacer valer sus garantías fundamentales.

 

5. No obstante, considero necesario exponer algunas inquietudes que surgen con ocasión de la sentencia T-605 de 2015 y que expuso la peticionaria, por cuanto puede llegar a afectar la efectividad del pago del retroactivo pensional.

 

La Corte Constitucional no ha especificado la forma en que se debe realizar el pago del retroactivo de la sustitución pensional cuando existió convivencia compartida, en los casos en que se ha producido el desembolso del 100% a favor de una de las reclamantes. Sin embargo, ha señalado de manera general que "el pensionado que se haya beneficiado con lo pagado en exceso, no podrá pretender conservar dichos dineros indebidamente recibidos, razón por la cual, la entidad que tenga derecho a exigir su devolución deberá hacer uso de los mecanismos legales y judiciales existentes. No obstante contar con este derecho, la entidad deberá al momento de recuperar dichos recursos económicos, tener en cuenta factores esenciales para que dicho cobro no afecte los derechos del particular, para lo cual deberá tener presentes elementos tan importantes como el monto total de lo reclamado, la situación económica del particular, su edad y esperanza de vida, su núcleo familiar dependiente económicamente y otros componentes que permitan garantizar el mínimo vital del pensionado"^[16].

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha definido el asunto señalando que, en esos casos, es deber de la empresa demandada pagar el retroactivo, pero con la facultad de deducir el valor a la esposa o compañera permanente que comparte la pensión y que recibió dinero de más durante determinado periodo de tiempo. Al respecto, se puede consultar la sentencia del 20 de junio de 2012 donde esa Corporación resolvió declarar a la cónyuge demandante igualmente beneficiaria de la pensión de sobreviviente del causante y condenar a la entidad demandada a pagar la dicha prestación, autorizándola "para deducir de las sumas a pagar a la compañera permanente, lo que ésta recibió de más, al habérsele cancelado el 100% de la pensión de sobrevivientes sin tener en cuenta que únicamente le correspondía una cuota parte "^[17].

 

De lo establecido por la jurisprudencia constitucional y la ordinaria laboral, se desprende que es la empresa demandada la encargada de efectuar esos pagos, ya sea directamente o repitiendo contra la persona que recibió el dinero en exceso.

 

En este caso, por el contrario, el Tribunal Superior de Ibagué decidió adicionar la sentencia de reemplazo disponiendo que la señora Carmen Elina Cardozo (quien venía recibiendo el 100 % de la sustitución pensional) es quien está obligada a satisfacer a la señora Delia Urueña Tovar la cuota parte de las mesadas pensiónales que le correspondían desde la fecha de la muerte del causante.

 

Esta orden podría dificultar la efectividad del pago retroactivo al que tiene derecho la accionante, en tanto no es la señora Cardozo la obligada a hacer esa clase de pagos o desembolsos, sino la empresa Pajonales S.A. como entidad encargada de verificar que el retroactivo reconocido en sede de tutela se haga efectivo a través de los descuentos a que haya lugar, descontando el valor correspondiente a la señora Cardozo o repitiendo contra esta.

 

Este punto debió ser abordado también porque en respuesta a las actuaciones realizadas en sede de revisión allegadas antes de proferirse la sentencia T-605 de 2015, el representante legal de la empresa Pajonales hizo mención a esta situación y solicitó que se estableciera que, en caso de que posteriormente aparecieran nuevos beneficiarios de la sustitución pensional, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación estaban solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que les correspondan; es decir, que a su juicio era la señora Carmen Elina Cardozo quien debía responder por las cuotas pensiónales de la señora Delia Urueña Tovar.

 

De esta manera, la problemática había sido planteada a la Sala sin que se hubiera realizado pronunciamiento alguno sobre el particular, lo cual ha llevado a impedir la efectividad del pago retroactivo a favor de la accionante.

 

Las razones expuestas me llevan a aclarar el voto. Considero que la Sala de Revisión al pronunciarse debe también precaver el mecanismo de compensación que daría mayor certeza y alcance a la decisión final, además de evitar nuevas acciones de tutela, que terminen imponiendo mayores gravámenes a las partes y resten efectividad a las decisiones de este Tribunal.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Magistrado (E)