A145-17 Auto 145/17
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial
Supuesto conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué y el Juzgado Penal del Circuito de Lérida-Tolima.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO
1. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que se trate de situaciones en las que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, en tanto lo que se impone es privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.).
2. El señor Ramiro Méndez, instauró acción de tutela en procura de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, al no responderle la solicitud de reconocimiento de asignación de retiro por haber cumplido más de 23 años al servicio de la institución.
3. La oficina de reparto de Ibagué asignó el asunto al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué el que, a través de auto del 6 de octubre de la misma anualidad, rehusó la competencia de la acción de tutela al evidenciar que la sede de la entidad accionada se encuentra en la ciudad de Bogotá y el domicilio del demandante es en Lérida-Tolima. Por tal motivo, invocando las normas del Decreto 2591 de 1991 y del Decreto 1382 de 2000, sostuvo que no era competente para conocer, como quiera que Ibagué no es el lugar donde ocurre la presunta vulneración o amenaza del derecho fundamental y, en consecuencia, remitió a los jueces de Lérida-Tolima.
4. Efectuado el nuevo reparto, le correspondió conocer al Juzgado Penal del Circuito de Lérida-Tolima quien, por medio de auto del 11 de octubre de 2016, devolvió el expediente al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué, al estimar que de conformidad con el Decreto 1382 de 200 y la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la interpretación de las normas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente.
5. El 18 de octubre de 2016, allegadas las diligencias nuevamente al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué, se dispuso proponer el conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su competencia.
6. Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[2] como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000,[3] señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención,[4] cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, o a elección del demandante, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[5] y que “los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de1991”[6] .
7. En relación con la definición del régimen de competencias por la naturaleza de la entidad demanda, la Corte Constitucional ha sostenido que sólo existe una regla sobre el particular en materia de tutela y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[7] (Decreto 2591 de 1991, art. 37).
8. Esta Corporación ha sostenido que en virtud del principio pro homine “son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela, a saber:“(i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, (ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, (iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados”[8].
9. Según la dirección de notificación aportada en el escrito de tutela, el domicilio del accionante se encuentra en el municipio de Lérida-Tolima y la petición la radicó en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, sede Bogotá. A lo que se suma que mediante comunicación telefónica, se logró establecer que el accionante radicó la demanda de tutela en la ciudad de Ibagué, por cuanto consideró que no había lugar a objeciones de competencia en tanto estaba tramitando la solicitud en el mismo departamento en el que reside.
En ese sentido, como quiera el despacho judicial de Ibagué, no cumple con ninguna de las reglas establecidas por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, no se encuentra fundamento para que sea ese operador judicial quien trámite el recurso de amparo.
10. Por consiguiente, la Sala Plena procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Lérida-Tolima para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que en esa municipalidad se producen los efectos de la actuación reprochada pues allí tiene su domicilio el actor. Así las cosas, en virtud de lo expuesto:
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS del auto del 11 de octubre de 2016, proferido por el Juzgado Primero Penal de Lérida-Tolima, dentro del expediente ICC-2813.
SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Penal del Circuito de Lérida-Tolima el expediente ICC-2813, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por Ramiro Méndez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
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ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado |
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrado |
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ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado |
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada |
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IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Magistrado(E) |
AQUILES ARRIETA GÓMEZ Magistrado (E) |
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ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado |
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS Magistrado(E) |
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, las siguientes providencias: A-243 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, A-004 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla y A-015 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
[2] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[3] “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
[4] El término “competencia a prevención”, según la posición desarrollada por este Tribunal en autos como el 061 de 2011, significa que “cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido el escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante”.
[5] En Sentencia del 18 de julio de 2002, la Sección Primera del Consejo de Estado, estudió la expresión «o donde se produjeren sus efectos», inserta en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y referida a los efectos de la violación de los derechos fundamentales, expresión que había sido demandada en acción de nulidad porque presuntamente introducía un nuevo factor de competencia territorial, no establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, la Sala Plena de tal Corporación se pronunció en favor de la legalidad de tal disposición, “(…) interpretándola en el sentido de que el lugar donde se produce la violación o amenaza al derecho fundamental no sólo es aquel donde se despliega la acción o se incurre en la omisión, sino también adonde alcanzan los efectos de tales conductas.” Manifestó el Consejo de Estado, que la misma Corte Constitucional en Sentencia T-574 de 1994, había hecho referencia a la cuestión sobre la competencia para conocer solicitudes de tutela, cuando sus motivos se relacionaban con los efectos de actos expedidos por organismos que ejercían su autoridad a nivel nacional. “Aclaró que, pese a que dichos organismos tienen su sede en un determinado lugar desde donde profieren sus actos, éstos producen efectos en diferentes partes del país, de manera que si comprometen derechos fundamentales, la competencia para conocer de la demanda será de los jueces con jurisdicción en el lugar en que se concretaron los perjuicios o en que amenacen producirse”. (Subrayó el Consejo de Estado)// “Así entendida, la disposición reglamentaria ya está implícita en el precepto reglamentado, pues el lugar donde se produzcan los efectos de la conducta lesiva del derecho es así mismo el lugar donde se produce su violación.”
[6] Corte Constitucional, Auto 063 del 19 de marzo de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[7] Ver entre otras las siguientes providencias: A-215 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), A-034 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero) y A-093 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[8] Corte Constitucional A365-15