Auto 164/17

 

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional del artículo 285 del Código General del Proceso

 

 

Referencia: Corrección de la sentencia T-711 de 2016 presentada por la Secretaría de Salud de Manizales, Caldas

 

Magistrada ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

 

 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

 

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y,

 

CONSIDERANDO:

 

1. La Sala Primera de Revisión de esta Corporación el día quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso de tutela T-5724136 iniciado por Jorge Iván Carvajal Cometa contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada- Caldas (Doña Juana), profirió la sentencia T-711 de 2016[1]. Mediante dicha providencia se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“Quinto.- COMUNICAR la presente decisión a la Secretaría de Salud de Manizales para que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo, realice una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas con el fin de que verifique el cumplimiento de las medidas implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros cualificados el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico apropiado. De esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión, y además, en caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas condiciones de afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean de su competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para mitigar de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las recomendaciones a que haya lugar”.

 

2. A través de escrito remitido por correo certificado el día dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017) y recibido por el Despacho el veintitrés (23) de marzo siguiente, el Secretario Local de Salud de la ciudad de Manizales, Caldas[2], precisó que “la jurisdicción de esta Secretaría en cuanto a medidas de control y vigilancia referidas en la sentencia, solo se circunscriben a la extensión territorial propia del municipio de Manizales”. Luego, “la visita solicitada en un establecimiento penitenciario que se encuentra ubicado en jurisdicción territorial del municipio de la Dorada, Caldas, deberá ser entonces, realizada por, la secretaría de salud de dicho municipio”.

 

3. Sobre la base de esta argumentación, el citado funcionario público solicitó la aclaración del numeral quinto de la sentencia T-711 de 2016. Esta Corporación ha reiterado que por regla general no hay lugar a la aclaración de sentencias proferidas en desarrollo de su función de revisión, toda vez que tal procedimiento desconoce la intangibilidad de la cosa juzgada, dando lugar a que se exceda el ámbito de competencias que le han sido asignadas por el artículo 241 de la Carta Política. No obstante, excepcionalmente y con fundamento en el artículo 285[3] del Código General del Proceso[4], ha admitido la procedencia de solicitudes de aclaración en la medida en que exista una razón objetiva de duda que nuble el entendimiento de la sentencia, siempre que tal perplejidad repercuta en la parte resolutiva del fallo, o en la parte motiva cuando de manera directa esta última influya sobre aquélla. De no cumplirse este requisito, se mantiene el principio de intangibilidad de las sentencias[5]. En detalle se ha dicho lo siguiente:

 

“… Se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún a pretexto de aclararla”[6].

 

4. En esta oportunidad puede colegirse que no hay lugar a la aclaración de que trata el artículo 285 del Código General del Proceso, toda vez que no existe confusión o duda alguna sobre la intelección del fallo ni del mismo puede predicarse ambigüedad en su alcance. Por el contrario, lo que se constata de su contenido, y lo que en últimas motivó al funcionario público a interponer la solicitud, es la existencia de un error involuntario en la parte motiva con incidencia en la resolutiva que debe ser corregido a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales cuya guarda se le encomienda a la Corte Constitucional y en el caso concreto, para asegurar el pronto cumplimiento de la tutela en favor del accionante. En efecto, en el numeral quinto de la parte resolutiva de la providencia, se le ordenó a la Secretaría de Salud de Manizales, Caldas y no a la Secretaría de Salud de La Dorada-Caldas, como en realidad correspondía atendiendo al ámbito de competencia territorial de cada una de las instituciones, llevar a cabo una visita en el Establecimiento Penitenciario accionado. Este error en la referencia de la entidad competente para cumplir la orden no implica, sin embargo, una modificación sustancial o reforma de la sentencia.

 

5. Esta Corporación ha señalado que cuando en la trascripción del texto de una sentencia se producen errores involuntarios por omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella, es aplicable directamente el artículo 286[7] del Código General del Proceso[8] que prevé la figura de la corrección, la cual puede ser adelantada de oficio o a petición de parte. En esta línea, se ha expresado que “cuando el error consiste en “omisión  o cambio  de palabras o alteración de éstas”, para que proceda su corrección, es necesario que el defecto esté contenido en la parte resolutiva de la sentencia o influir de manera directa en ésta (…) En efecto, la debida comprensión del contenido y alcance de la decisión no se ve afectada por la comisión de ese tipo de errores, pues las reglas de hermenéutica jurídica permiten interpretar de manera correcta e unívoca la providencia, a pesar del defecto que contiene”[9].

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

Primero.- CORREGIR la parte resolutiva de la sentencia T-711 de 2016, en el sentido de que el artículo quinto quedará así:

 

“Quinto.- COMUNICAR la presente decisión a la Secretaría de Salud de La Dorada, Caldas para que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo, realice una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas con el fin de que verifique el cumplimiento de las medidas implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros cualificados el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico apropiado. De esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión, y además, en caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas condiciones de afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean de su competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para mitigar de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las recomendaciones a que haya lugar”.

 

Segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que envíe el presente auto al juzgado de origen para que notifique su contenido a las partes interesadas en el asunto de la referencia.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General