Auto 174/17

 

ACCION DE TUTELA-Competencia Tribunal Superior de Distrito Judicial 

 

 

Referencia: Expediente ICC-2825

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto.

 

Magistrado Ponente:

AQUILES ARRIETA GÓMEZ

 

 

Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto con base en las siguientes,

 

I. CONSIDERACIONES

 

1. El quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), Angy Camila Pismag Arteaga presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental a la educación, que a su juicio fue vulnerado por el Ministerio de Educación Nacional, al negarle el acceso a los beneficios del plan “Ser Pilo Paga” del cual salió favorecida por su puntaje en las pruebas “Saber 11”, argumentando que para el efecto debía estar registrada en el Sisbén al 19 de junio, sin tener en cuenta que ella y su mamá son personas en condición de desplazamiento, registradas en el RUV, y que en el momento se encuentran en el régimen contributivo en razón de que su mamá por fin logró conseguir un trabajo como impulsadora en un almacén de cadena en Ipiales.

 

2. El asunto fue repartido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, Sala Penal, despacho que mediante Auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) resuelve declararse incompetente afirmando que la mención del Ministerio de Educación como accionado, es meramente aparente porque la situación fáctica reseñada evidencia claramente que las peticiones elevadas son de competencia exclusiva del ICETEX. Así, y teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela contra una entidad del orden nacional, descentralizada por servicios, según el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento de ésta corresponde a los jueces del circuito o con categoría de tales.

 

3. Realizado el nuevo reparto, le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, autoridad que a través de Auto del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), señala que no está de acuerdo con los argumentos esbozados por el Tribunal, ya que en ocasiones anteriores la Corte Constitucional ha dirimido el presunto conflicto por la naturaleza de las entidades demandadas señalando que al juez a quien se le ha repartido el asunto está obligado constitucional y legalmente para decidir de fondo y solo puede remitir el expediente a otra autoridad en los eventos en que se presente una manifiesta y evidente irregularidad en el reparto o cuando se advierte una manipulación grosera, caprichosa o arbitraria de las reglas del mismo. Por lo anterior, resolvió enviar el expediente a la Corte Constitucional para que sea quien dirima el presente conflicto negativo de competencia.

 

4. La Sala Plena de esta Corporación ha considerado, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, que es competente para conocer y resolver los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades judiciales que carezcan de un superior jerárquico común,^[1] o que teniéndolo,^[2] sea necesario que la Corporación se pronuncie para no continuar dilatando el trámite de una demanda de tutela.

 

5. La Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos, ha precisado que la jurisdicción constitucional está conformada por todos los jueces de tutela y que el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas de reparto de la acción de tutela y no de competencia.^[3] De tal modo, que se ha señalado que las disposiciones consagradas en dicho decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto, transformando una acción constitucional con un término de diez (10) días en varios meses, lesionando aún más la garantía de la efectividad de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los accionantes.^[4] Así las cosas, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”.^[5] 

 

6. Frente a la definición del régimen de competencias por la naturaleza de las entidades demandadas, es decir, por la aplicación del factor funcional, se reitera que en materia de tutela sólo hay una regla sobre el particular y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito.^[6]

 

De igual forma, ha expresado que cuando se presenta una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto, el juez de tutela no está autorizado para declararse incompetente. En esos casos, el juez tiene la obligación de tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso.^[7]

 

7. Conforme a estos lineamientos, la Sala Plena observa que en el presente caso no se presentó un conflicto negativo de competencias. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto, Sala Penal, tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 para declararse incompetente y no realizar un pronunciamiento de fondo haciendo un juicio a priori de que la vinculación de la autoridad demandada en realidad es aparente porque la que presuntamente vulneró derechos fundamentales en realidad fue otra, con lo cual aplica una regla de reparto que no desplaza su competencia y sí afecta los derechos fundamentales de la actora.

 

8. En este caso no se observa que la acción de tutela se haya distribuido de forma caprichosa. No hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000. Como se dijo, existió una discrepancia entre dos operadores jurídicos competentes acerca de la aplicación de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto.^[8]

 

Con base en los anteriores criterios, se dejará sin efectos el Auto del Veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, Sala Penal, dentro del trámite de acción de tutela formulada por Angy Camila Pismag Arteaga contra el Ministerio de Educación Nacional, y se remitirá el expediente ICC-2825 al referido Tribunal para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

II. DECISIÓN

 

Se reitera: la jurisdicción constitucional está conformada por todos los jueces de tutela; salvo una distribución caprichosa del expediente o una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas, una acción de tutela debe ser conocida por el juez a prevención (aquel al que se le repartió en primer lugar).

 

RESUELVE

 

 

Primero.- Dejar sin efectoS el Auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, Sala Penal, mediante el cual resolvió que no era competente para conocer de la acción de tutela presentada por Angy Camila Pismag Arteaga contra el Ministerio de Educación Nacional.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2825 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, Sala Penal, para que de manera inmediata y sin dilaciones profiera la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Primero Laboral de Pasto.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

           MARÍA VICTORIA CALLE CORREA           ALEJANDRO LINARES CANTILLO                  

            Magistrada                                                             Magistrado

 

 

 

    ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO        GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

                  Magistrado                                                                Magistrada

 

 

 

     IVÁN ESCRUCERÍA MAYOLO                                       AQUILES ARRIETA GÓMEZ

                    Magistrado (e)                                                               Magistrado (e)

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS                      JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS

                         Magistrado                                                     Magistrado (e)

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (e)