Auto 221/17

 

ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia respecto de conceptos o frases contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella

 

 

Referencia:

Solicitud de aclaración de la sentencia T-683 de 2016

 

Accionante:

Jairo Enrique Puerto Ardila

 

Demandado:

Registraduría Nacional del Estado Civil

 

Magistrado Ponente:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

 

 

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto, con fundamento en los siguientes:

 

I. ANTECEDENTES

 

El 17 de abril de 2017, la Secretaría de la Corporación remitió al despacho un escrito presentado por Jeanethe Rodríguez Pérez, Jefe de la Oficina Jurídica (e.) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del cual solicita la aclaración de la Sentencia T-683 de 2016.

 

1. Reseña de la Sentencia T-683 de 2016, cuya aclaración se solicita

 

En la Sentencia T-683 de 2016, dictada por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, se estudió la acción de tutela presentada por Jairo Enrique Puerto Ardila contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que se debatió si la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo del demandante, al no prorrogar su vinculación como supernumerario, a pesar de sus precarias condiciones de salud.

 

Los hechos del caso en la Sentencia T-683 de 216 se resumieron así:

 

“2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil vinculó al señor Jairo Enrique Puerto Ardila, mediante diferentes resoluciones y en distintos periodos, en la modalidad de supernumerario, como Auxiliar Administrativo, Código 5120-04^[1].

 

La primera resolución, a través de la cual se designó al señor Puerto Ardila en calidad de supernumerario en el cargo mencionado, fue la Nº 8938, del 2 de septiembre de 2013, para el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

                         

La última resolución, mediante la cual se vinculó al señor Jairo Enrique Puerto, en la modalidad indicada y en el cargo anotado, fue la Nº 301, del 20 de enero de 2016, para el periodo que abarcó desde 20 de enero de 2016 hasta el 9 de febrero de 2016.

 

2.2. El 5 de junio de 2015, el señor Puerto Ardila, en cumplimiento de sus labores, en el municipio de Santa Rosa (Bolívar), sufrió un accidente laboral, tras el volcamiento del automóvil en el que venía como pasajero^[2].

 

2.3. Como consecuencia del siniestro, el señor Jairo Enrique, tuvo que ser hospitalizado en la Clínica de Barú, en la ciudad de Cartagena, donde permaneció durante 33 días.

 

2.4. Por el trauma severo que sufrió en el segundo dedo de la mano derecha el señor Puerto Ardila fue intervenido quirúrgicamente en 6 oportunidades.

 

2.5. Con ocasión de dicho accidente laboral, al señor Jairo Enrique, le fue concedida, inicialmente, una incapacidad por 30 días, la cual se prorrogó, en varias ocasiones, hasta el 9 de abril de 2016^[3].

 

2.6. A pesar de las precarias condiciones de salud del señor Puerta Ardila, su vinculación como supernumerario en la Registraduría Nacional del Estado Civil no fue prorrogada. Así, estuvo vinculado con la entidad demandada hasta el 9 de febrero de 2016”.

 

La Corte, en dicha oportunidad, resolvió sobre si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales invocados por Jairo Enrique Puerto Ardila, quien se desempeñó como supernumerario en la entidad, por más de dos años y fue desvinculado por la expiración del plazo fijo pactado, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraba.

 

Este Tribunal concluyó que la desvinculación de Jairo Enrique Puerto Ardila, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desconoció sus derechos fundamentales, por las siguientes razones: (i) cuando la accionada tomó la iniciativa de no prorrogar el vínculo que mantenía con el señor Puerto Ardila, este se encontraba en condición de debilidad manifiesta por la merma en sus condiciones de salud debido al trauma que sufrió en el segundo dedo de la mano derecha; (ii) la disminución de las condiciones de salud del demandante era de conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si se tiene en cuenta que esta afectación fue consecuencia del accidente laboral acaecido el 5 de junio de 2015 y le fueron concedidas varias incapacidades; (iii) no  hay prueba que acredite que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a pesar de que tenía conocimiento de que el actor presentaba una grave afección, haya solicitado la autorización al Ministerio del Trabajo, para dar por terminado el vínculo, desconociendo, que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.

 

Bajo este contexto, para la Corte, en el presente caso, la vinculación del accionante no fue prorrogada por parte de la entidad demandada, en razón de la mencionada merma en su condición física con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía conocimiento de los padecimientos del trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser separada del servicio o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.

 

Así las cosas, la Sala Cuarta de Revisión resolvió:

 

“PRIMERO.- REVOCAR el fallo del 22 de junio de 2016, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual confirmó, a su vez, el dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , el 13 de mayo de 2016. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Jairo Enrique Puerto Ardila y, en consecuencia, ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que dé cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Jairo Enrique Puerto Ardila, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la modalidad por medio la cual se designa a los supernumerarios. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.

 

SEGUNDO.- ADVERTIR al señor Jairo Enrique Puerto Ardila que, si no lo ha hecho, acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, por ser esta la competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le pudieran corresponder”.

 

2. Contenido de la solicitud de aclaración

 

Jeanethe Rodríguez Pérez, Jefe de la Oficina Jurídica (e.) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, vía correo electrónico, un escrito a través del cual solicitó la aclaración de la Sentencia T-683 de 2016, el cual fue enviado el 5 de abril de 2017 a la Corte Constitucional. El 17 de abril del corriente año, la Secretaría General de esta Corporación lo remitió al despacho.  

 

La petición va encaminada que se aclare lo ordenado en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia mencionada.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de aclaración, de conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso.

 

2. Posibilidad excepcional de aclarar o adicionar las sentencias de la Corte Constitucional

 

La Corte, en Sentencia C-113 de 1993, declaró inexequible el inciso cuarto del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que contemplaba la posibilidad de solicitar aclaración frente a los fallos proferidos por esta Corporación, en sede de revisión.  Al respecto se dijo:

 

“La Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que los fallos pronunciados en virtud de la facultad dispuesta en el artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política, en principio no son susceptibles de aclaración, pues las decisiones adoptadas hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no hay posibilidad para debatir aspectos considerados en una sentencia o extender los efectos definidos en ella.

 

El principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, considerados como pilares de la actividad judicial, resultarían conculcados si la Corte Constitucional reabriera el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva. Los fallos pronunciados por las Salas de Revisión deben ser acatados en los términos expresados por la Corporación”.

 

No obstante, conforme al anterior Código de Procedimiento Civil, artículo 309, la Corte admitió, de manera excepcional, la procedencia de solicitudes de aclaración. Dicha norma disponía esta posibilidad siempre y cuando la petición se formulaba “dentro del término de la ejecutoria de la sentencia y a petición de parte o de oficio” y, respecto de “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, ofrezcan verdaderos motivos de duda para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”.^[4]

 

En la actualidad, la norma aplicable en relación con la solicitud de aclaración de sentencias es el artículo 285 del Código General del Proceso, según el cual:

 

“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

                                                                                          

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

 

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”

 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, en principio, frente a los fallos proferidos en sede de revisión,  las solicitudes de aclaración son improcedentes, dado que: “i) al ser la facultad de revisar las providencias de tutela discrecional, la Corte puede, eventualmente, dejar de analizar algunos de los asuntos planteados en la acción impetrada, de manera expresa o tácita, sin que ello constituya una omisión que la obligue a pronunciarse; ii) la revisión no constituye una tercera instancia que permita a las partes controvertir, en una nueva sede, todos sus argumentos o pretensiones y; iii) la finalidad principal es la unificación de jurisprudencia constitucional y la interpretación de los principios y derechos fundamentales”.

 

Pero además, ni el artículo 241 Superior, ni los Decretos 2067 y 2591 de 1991, prevén el análisis de todos los asuntos jurídicos que se ponen a consideración de la Corte y que, una vez culmina la etapa de revisión de un fallo de tutela, se agota la competencia del Tribunal Constitucional para decidir materias nuevas sobre los mismos hechos.

 

Al respecto, la Corporación ha señalado que:

 

“En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la Corte no tiene el deber de estudiar necesariamente todos los planteamientos de un peticionario de acuerdo a su solicitud de tutela. Por ello, la revisión eventual por parte de esta Corporación no configura una tercera instancia en el trámite de tutela, que permita a las partes controvertir en una nueva sede todos sus argumentos o pretensiones. Además, en razón a que la revisión de la Corte Constitucional es de naturaleza discrecional, ésta puede eventualmente dejar de analizar algunos de los asuntos planteados en la acción impetrada, de manera expresa o tácita.”^[5]

 

No obstante, esta Corte ha considerado que solo, excepcionalmente es posible que se acceda a este tipo de solicitudes, frente a circunstancias muy puntuales.

 

En tal virtud, se han establecido tres requisitos que deben cumplirse, de manera concomitante, para que la solicitud de aclaración se torne procedente, a saber: i) que la solicitud sea impetrada por alguna de las partes del proceso; ii) que la solicitud se presente dentro del término de la ejecutoria, esto es, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo; y iii) que cuando se verifique que efectivamente existe una expresión imprecisa en la parte resolutiva de la decisión o, si está en la parte motiva, que dicha expresión tenga incidencia en la parte resolutiva del fallo.”^[6]

 

Bajo esta perspectiva, la aclaración o corrección de lo resuelto en un fallo de tutela solamente cabe cuando el error en el que incurrió el fallador sea de tal magnitud que se impone un pronunciamiento al respecto, para esclarecer o enmendar situaciones que generan verdaderos motivos de duda, que ponen en tela de juicio la claridad de la decisión adoptada.

 

III. Caso concreto

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala entrará a determinar si, en efecto, la solicitud bajo estudio cumple con los requisitos de procedibilidad, para que la Corte, en ejercicio de una facultad excepcional, aclare una sentencia de tutela.

 

En primer lugar, se observa que la peticionaria es la apoderada de la entidad demandada en el proceso de tutela dirimido con la Sentencia T-683 de 2016. Luego, en este caso, se cumple el requisito según el cual el requerimiento debe ser presentado por alguna de las partes.

 

En lo concerniente a la oportunidad, se recuerda que la solicitud debe ser presentada dentro del término de la ejecutoria, es decir, durante los 3 días siguientes a la notificación de la providencia. En este caso, se observa que, la decisión fue notificada el miércoles 29 de marzo de 2017. La solicitud de aclaración con fecha 3 de abril del citado año, fue enviada vía correo electrónico al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, la cual pasó al despacho el 5 de abril siguiente, “debido a los inconvenientes en el internet en el TSB”, según consulta al Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI. La Corte dará por cumplido el requisito de oportunidad, toda vez que los problemas presentados en el cableado estructurado y/o fibra óptica del mencionado tribunal no se pueden trasladar a la entidad solicitante.

 

En relación con la petición de aclaración, Jeanethe Rodríguez Pérez, Jefe de la Oficina Jurídica (e.) de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicita se indique con precisión lo ordenado en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia T-683 de 2016 que textualmente dice:“(…)  reintegrar al señor Jairo Enrique Puerto Ardila, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la modalidad por medio de la cual se designa a los supernumerarios (…)”.

 

Específicamente, la peticionaria pide que se aclare “bajo qué tipo de vinculación debe reintegrarse al accionante, y así dar cumplimiento a lo ordenado en sede de revisión por la Corte Constitucional”.

 

Lo anterior, en la medida en que la última vinculación del demandante fue con carácter provisional.

 

Analizada la petición de aclaración de sentencia en la que se anexan las distintas resoluciones por medio de las cuales el señor Jairo Enrique Puerto Ardila fue vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil[7], en efecto, la duda planteada resulta válida.

 

Lo anterior porque si bien el demandante fue inicialmente nombrado como Supernumerario en la Registraduría Nacional del Estado Civil, posteriormente, su vinculación fue de carácter provisional, modalidad frente a la cual también la jurisprudencia constitucional[8] ha ordenado el reintegro cuando se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada de servidores públicos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta como consecuencia del padecimiento de una enfermedad y han sido desvinculados.

 

Por lo demás, resulta indiscutible que la finalidad que subyace en la decisión de tutela cuya aclaración se solicita es precisamente la que el demandante sea reintegrado a la entidad demandada en las mismas condiciones laborales que ostentaba al momento de su desvinculación o, si lo anterior no fuere posible, en otras que le resulten más favorables, sin que en ningún caso se pueda desmejorar. Tal entendimiento del tema es el que mejor se adecua al alcance y al significado jurídico atribuido a la figura jurídica del reintegro, en los términos en que la jurisprudencia y la doctrina lo han valorado.

 

De modo que, adentrándose la Corte, sin mayores preámbulos, a resolver sobre la aclaración solicitada, no puede menos que concluir que si la vinculación laboral del demandante en este caso, vigente al momento de su retiro, era la de un cargo con carácter provisional, como lo hace ver la demandada en el memorial que se resuelve, y no como supernumerario, calidad como lo entendió la Corte, calidad con la cual ingresó, el reintegro deberá efectuarse en aquella modalidad laboral (PROVISIONAL) o en una más favorable, con las implicaciones jurídicas que ello atrás supone y con la observancia de las demás indicaciones y ordenaciones que en el fallo se incorporan. En ese sentido con arreglo a los presupuestos estudiados es procedente la aclaración solicitada.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- ACLARAR el numeral primero de la parte resolutiva de la Sentencia T-683 de 2016, en el sentido de que el reintegro allí ordenado en favor del demandante JAIRO ENRIQUE PUERTO ARDILA deberá producirse en el cargo y con la misma modalidad laboral que ostentaba al momento de su desvinculación, esto es, la de provisional o cualquiera otra, siempre y cuando le resulte más favorable.

 

SEGUNDO.- Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Magistrado (e.)

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (e.)