Auto 297/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar

 

 

Referencia: Expediente ICC-2872

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Pereira – Risaralda – y la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Risaralda –.

 

Acción de tutela de Luis Fernando Acevedo Sierra en contra la Gobernación de Risaralda, el Municipio de Pereira, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el SENA Regional Risaralda.

 

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

1.                ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1.1.         El señor Luis Fernando Acevedo Sierra presentó acción de tutela contra la Gobernación de Risaralda, el Municipio de Pereira, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el SENA Regional Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales como persona víctima de desplazamiento forzado, dado que a la fecha no se le ha hecho entrega de las ayudas humanitarias.

 

1.2.         El amparo fue repartido al Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Pereira – Risaralda, quien, mediante auto del  17 de febrero de 2017, rehusó el conocimiento de la acción de tutela argumentando que la Unidad accionada  correspondía a una entidad del orden nacional^[1], por lo que siguiendo las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, la autoridad judicial que debe estudiar las peticiones del accionante es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 

 

1.3.         Efectuado un nuevo reparto el expediente correspondió a la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Risaralda, la que, mediante auto del 20 de febrero de 2017, decidió no asumir el conocimiento de la acción de tutela y propuso conflicto negativo de competencia. Consideró que, de los hechos narrados por el accionante, no se determina vulneración alguna de los derechos fundamentales por cuenta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, por lo tanto, su vinculación al presente asunto es meramente enunciativa, circunstancia que no modifica la competencia del Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Pereira – Risaralda.

 

2.        CONSIDERACIONES

 

2.1.         Esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico funcional común, o, en aquellos casos en que, existiendo^[2], sea necesario que la Corte se pronuncie para evitar dilaciones en la solución jurídica de una demanda de tutela.

 

2.2.         Esta Sala ha previsto que los conflictos de competencias que se derivan de la aplicación del Decreto 1382 de 2000 son tan sólo aparentes^[3], pues en realidad plantean problemas de simple reparto; de este modo, los verdaderos conflictos de competencia en materia de tutela sólo se presentan a causa del artículo 37 del decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

2.3.         La jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez. Y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece (i) la competencia territorial y (ii) la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, que la asignan a los jueces del circuito.

 

2.4.         De otra parte, ha precisado la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales.^[4] Lo anterior, en tanto este decreto, por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.^[5]

 

2.5.         La Sala plena de esta Corte estableció a través del auto 124 de 2009^[6] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación:

 

(…)

 

(iii)                    Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

 

(iv)                     Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. // Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. 

 

3.            SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO.

 

3.1.         El Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Pereira se declaró incompetente para resolver de la acción de tutela de la referencia, toda vez que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas es una autoridad del orden nacional y por tanto es necesario que el amparo sea conocido por el Tribunal Superior de Distrito judicial del lugar, de acuerdo a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000.

 

3.2.         Por su parte, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira consideró que la Unidad accionada no vulneraba los derechos fundamentales del accionante, por lo que su vinculación resultaba meramente enunciativa. Por tanto, en razón a que las demás accionadas son entidades del orden territorial, señaló que la competencia para estudiar las pretensiones del accionante recaía en los jueces del circuito, motivo por el cual propuso conflicto negativo de competencia.

 

3.3.      Esta Corporación ha sido enfática en señalar que los jueces no pueden proponer conflictos negativos de competencia alegando situaciones o circunstancias ajenas a las citadas reglas de competencia, ya que de esta manera se estaría limitando el acceso a la administración de justicia. Específicamente, ha indicado que las normas de reparto consagradas en los Decretos 1382 de 2000 fueron definidas por esta Corporación como aquellas que organizan la distribución de los asuntos entre varios jueces competentes por razón del principio de desconcentración, más no determinan concretamente el juez o jueces que, de acuerdo con la ley, pueden resolver de fondo la controversia sobre los derechos fundamentales que sea puesta bajo su conocimiento.”^[7]

 

3.4.      De acuerdo a lo señalado, es claro que en el presente caso no existe un conflicto de competencia, toda vez que la discusión gira en torno a la aplicación de las reglas de simple reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, y no se relaciona con los presupuestos establecidos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Por ello, a fin de solucionar el aparente conflicto, se dispondrá a remitir el asunto al primer juez al que le fue repartido el expediente.

 

3.5.      En consecuencia, se dejará sin valor ni efecto el auto del 17 de febrero de 2017 emitido por el Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Pereira – Risaralda – y se ordenará remitir el expediente a dicha autoridad para que asuma el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.

 

DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- DEJAR sin valor ni efecto el auto del 17 de febrero de 2017, emitido por el Juzgado 7º Administrativo de Pereira –Risaralda – dentro del expediente de la acción de tutela de Luis Fernando Acevedo Sierra en contra de la Gobernación de Risaralda, el Municipio de Pereira, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el SENA Regional Risaralda.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2872 al Juzgado 7º Administrativo de Pereira, para que asuma el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.  

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte, COMUNICAR a la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Risaralda, así como a las partes, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GULLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

CRISTINA  PARDO SCHLESINGER Magistrada	CARLOS BERNAL PULIDO Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada	IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Magistrado(e)
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada
ROCIO LOAIZA MILLIAN Secretaria General (e)