Auto 373/17

 

ACCION DE TUTELA-Competencia a prevención de jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza

 

Referencia: Expediente ICC-2921

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal (Antioquia).

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1.                Paula Andrea Cano Casas instauró acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, toda vez que el 31 de enero de 2017 presentó una solicitud de ayuda humanitaria y de alimentación, y a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha sido resuelta. 

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, quien mediante auto del 24 de febrero de 2017, señaló que los competentes son los jueces del circuito de Yarumal (Antioquia), ya que es en dicho municipio donde tiene domicilio la accionante.

 

3.                Así, la tutela fue repartida al Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, quien mediante auto del 7 de marzo de 2017, manifestó que no era competente para conocer la acción de tutela de la referencia, toda vez que: (i) la dirección de residencia de la accionante no existe en el municipio de Yarumal; (ii) el lugar que especificó la accionante para recibir la respuesta de la petición es en la ciudad de Medellín; (iii) los efectos de la presunta vulneración ocurren en la ciudad de Medellín; y (iv) se debe respetar la elección que “a prevención” hizo la accionante para interponer la acción de tutela. En consecuencia, declaró conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[1].

 

En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas autoridades judiciales pertenecen a diferentes distritos judiciales (Medellín y Antioquia). Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se continúe dilatando una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio^[2].

 

2.                Ahora bien, esta Corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades que en virtud del principio “pro homine”, son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela. Al respecto, la Corte ha precisado que puede ser: (i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados; (ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o donde se produjeren sus efectos^[3].

 

3.                De otra parte, la Sala recuerda que de una lectura sistemática del artículo 86 de la Constitución y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se deriva la posibilidad de que los accionantes presenten la acción de tutela “ante los jueces-a prevención”, lo cual significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente^[4].

 

4.                Finalmente, la Sala Plena resalta que el único conflicto de competencia que puede darse entre los jueces constitucionales ocurre por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en lo relacionado con los factores territorial y funcional. Respecto de la determinación de la competencia por el éste último factor, se debe precisar que únicamente aplica para las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, caso en el cual serán repartidas a los jueces del circuito.

 

Caso concreto

 

1.                De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena observa que el juez competente para conocer la presente acción de tutela es el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, toda vez que es en dicha ciudad donde se vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante y donde se producen sus efectos jurídicos. En efecto, la omisión de la entidad accionada de responder la petición presentada por la demandante se hizo en la ciudad de Medellín. Además, la señora Cano Casas especificó en su solicitud que deseaba recibir la respuesta de la petición en dicha ciudad^[5]. En consecuencia, el juzgado aludido debe respetar la elección que “a prevención” hizo la actora para interponer la acción de tutela.

 

2.                En este orden de ideas, debe ser dicha autoridad judicial quien conozca de la presente acción de tutela. Por consiguiente, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 24 de febrero de 2017 por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín dentro de la acción de tutela formulada por Paula Andrea Cano Casas, en contra de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

 

Asimismo, la Sala remitirá el expediente ICC-2921 al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

III. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 24 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín dentro de la acción de tutela formulada por Paula Andrea Cano Casas, en contra de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2921 al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO

Magistrado (e.)

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (e.)