Auto 390/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Salas de Tribunal Superior

 

Referencia: Expediente ICC-2907

 

Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral, y el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión.

 

Acción de tutela promovida por Beatriz Elena González Blandón contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—.  

 

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, así como de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el presente Auto, con base en las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

1. Antecedentes

 

1.1. La señora Beatriz Elena González Blandón promovió acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y otros. Indicó que desde el 18 de febrero de 1988 se encuentra desempeñándose como madre comunitaria dentro del Programa de Hogares Comunitarios en Aguadas, Caldas, y desde el 30 de octubre de 2012 fue vinculada por el ICBF al Centro de Desarrollo Integral —CDI—, cuyo operador es la institución Coashogares. Manifestó que, pese a haber cumplido más de 29 años ejerciendo esta labor, sólo desde el 1 de febrero de 2014 se han venido realizando el pago de los aportes pensionales, por lo que el hecho de no reconocerse el histórico de las cotizaciones impide el cumplimiento de los requisitos para adquirir la pensión de vejez. En ese sentido, solicita el amparo de los derechos invocados, para que, como consecuencia, se ordene al ICBF, entre otros asuntos, reconocer y pagar a su favor los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de vinculación hasta el 31 de enero de 2014.

 

1.2. La solicitud de amparo fue repartida, en primer lugar, al Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas,^[1] el cual, mediante sentencia del 29 de diciembre de 2016, decidió “negar por improcedente” la tutela promovida por la señora Beatriz Elena González Blandón; decisión que fue impugnada por la actora, por considerar que el fallo no tuvo en cuenta ciertas condiciones particulares que ella enfrenta.^[2]

 

1.3. Al conocer de la  de la impugnación formulada contra la decisión de primer grado, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, resolvió, en providencia del 13 de febrero de 2017, declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela de la referencia, salvo las pruebas incorporadas al expediente, y remitir el envío del expediente al Tribunal Superior de Pasto, Sala Laboral. Esta decisión estuvo basada en que, desde la perspectiva de la Corporación judicial, “se tiene conocimiento” de que el Tribunal Superior de Pasto, Sala Laboral, conoció de una solicitud de amparo “con idénticos fundamentos fácticos y legales”, en el marco de un ejercicio masivo de la tutela, por lo que, en aras de obtener pronunciamientos uniformes, ésta es la que tiene competencia para pronunciarse sobre el asunto de la referencia.

 

1.4. Al recibir el expediente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral, mediante Auto del 1 de marzo de 2017, decidió “devolver en forma inmediata la solicitud de tutela”, por estimar que, en primer lugar, aunque en efecto esta autoridad judicial conoció de una acción de tutela en primera instancia, resuelta de forma definitiva por la Corte Constitucional en la sentencia T-480 de 2016, lo cierto es que dicha solicitud de amparo no presenta identidad fáctica con el caso concreto, pues en el primero los presupuestos de procedencia del mecanismo constitucional se relacionaban con la vulnerabilidad derivada de la avanzada edad de la peticionaria, mientras que en el último es precisamente esta diferencia de edad la que da lugar a controvertir la procedencia de la tutela. En segundo lugar, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, no tuvo en cuenta que, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 3591 de 1991, la competencia de los jueces de tutela, por factor territorial, deberá adoptarse, a prevención, en el lugar en el que se hubiese causado la vulneración.^[3]  

 

1.5. Tras la recepción nuevamente del expediente, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, en auto del 13 de marzo de 2017, planteó ante la Corte Constitucional el conflicto negativo de competencia con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, luego de manifestar que insistía en la falta de competencia para conocer del asunto.

 

2. Competencia

 

Esta Corporación, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico funcional común, o, en aquellos casos en que, existiendo,^[4] sea necesario que la Corte se pronuncie para evitar dilaciones en la solución jurídica de una demanda de tutela.

 

En ese sentido, aunque en este caso el conflicto de competencia se trabó entre dos Tribunales de distinto distrito judicial y con distintas especialidades jurisdiccionales (Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto y Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales) y por tanto, en principio y de conformidad con lo dispuesto es el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, debiera ser cualquiera de las tres Salas de Casación de la Corte Suprema la autoridad llamada a resolver la presunta colisión negativa de competencia, lo cierto es que, a fin de garantizar los principios de eficiencia y celeridad del trámite de tutela, en esta oportunidad es la Corte Constitucional a quien le corresponde decidir de manera definitiva sobre el particular.   

 

3. Reiteración de las reglas jurisprudenciales desarrolladas en el Auto 285 de 2017^[5]

 

3.1. Mediante Auto 285 de 2017, esta Corporación resolvió un caso estrictamente similar al que en esta oportunidad se estudia, razón por la cual la Corte, a continuación, detallará el contenido de dicho pronunciamiento, identificará la regla de decisión y procederá a desarrollar la subsunción de la misma en el caso concreto, por constituir el precedente de aplicación directa en el asunto de la referencia.

 

3.2. Dentro del proceso que dio lugar a la expedición de la providencia antes enunciada, al igual que en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, una ciudadana que estuvo vinculada como madre comunitaria con la Fundación “Ser Humano Como Tú” promovió acción de tutela contra dicha organización y el ICBF, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y dignidad humana, debido a que los salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2016, así como la respectiva liquidación de sus prestaciones sociales por terminación de la relación laboral, no le fueron cancelados, razón por la cual solicitó la salvaguarda de los derechos invocados y el consecuente pago de lo adeudado.

 

El conocimiento del asunto fue repartido al Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Civil, que decidió declararse incompetente para resolver la solicitud de amparo, dada la naturaleza jurídica de las accionadas. Como consecuencia de ello, la acción fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el cual negó las pretensiones. Decisión que fue impugnada por la accionante.

 

Al conocer de la impugnación, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Unipersonal de Decisión Civil, advirtió que el a quo desechó la regla de competencia para conocer de tutelas masivas, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1834 de 2015, por lo que declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, para que fuera acumulado al proceso que, con idénticos presupuestos fácticos, estaba pendiente de decisión por parte dicha Corporación Judicial.

 

A su vez, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, advirtió no haber sido la autoridad judicial que conoció del primer expediente dentro de este ejercicio masivo de la tutela y señaló que la actitud del Tribunal Superior de Medellín es contrario al carácter preferente y sumario del recurso de amparo, por lo que se negó a asumir el conocimiento del asunto y planteó el conflicto competencia ante la Corte Constitucional.

 

3.3. Al resolver el asunto, la Sala Plena de este Tribunal señaló que las reglas dirigidas a superar las controversias emergidas en el marco de los fenómenos conocidos como “tutelatones” se encuentran contenidas en el Decreto 1834 de 2015 y corresponden a disposiciones que, lejos de integrar presupuestos competenciales, son verdaderas normas de reparto de los recursos de amparo que bien son presentados de forma masiva en un solo momento o bien son promovidos de forma sucesiva, pero siempre con identidad de objeto, causa y sujeto pasivo.

 

En virtud de lo anterior, se dijo que “(…) el momento procesal oportuno para tramitar un asunto de tutela masiva es (i) al realizarse el reparto, por medio de las oficinas de apoyo judicial que realizan tal función, o (ii) por el juez de conocimiento una vez se encuentre vencido el término de contestación de la demanda, comoquiera que la etapa de contestación es la oportunidad con que cuentan los demandados para poner de presente tal situación al juez, sin perjuicio de que este último conociese previamente sobre la autoridad judicial que tiene radicada la competencia para decidir el asunto de ‘tutelatón’ puesto a su conocimiento”^[6] (énfasis fuera del texto original).

 

Asimismo, en la precitada providencia la Corte advirtió que, en todo caso, la remisión a la autoridad judicial que ha conocido del expediente originario de la tutela masiva, por parte del juez que está conociendo del nuevo caso, sólo puede darse antes de que este último profiera sentencia de instancia, debido a que se trata de una medida preventiva, cuyo propósito es el de buscar uniformidad en la solución judicial del asunto y nunca el de desconocer tanto el criterio de celeridad como el carácter preferente y sumario que circunscriben a la acción de tutela. 

 

Aunado a lo anterior, este Tribunal estableció que, dado que, por un lado, nuestro ordenamiento no dispone una consecuencia jurídica atribuible a la sentencia de tutela proferida dentro de un ejercicio masivo del recurso, sino la remisión al juez que conoce del expediente originario, y por otro lado, las causales de nulidad son de naturaleza taxativa, resulta claro que dicho pronunciamiento judicial no es susceptible de anulación por omisión de la remisión aludida.

 

3.4. Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que, en primer lugar, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Civil, erróneamente se declaró incompetente para conocer del asunto, basándose en una interpretación del Decreto 1382 de 2000 que asigna a las reglas allí contenidas un alcance distinto al de corresponder únicamente a parámetros de reparto de la tutela.

 

En segundo lugar, el Juzgado 16 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín omitió tramitar la remisión de la tutela a la autoridad judicial que estaba conociendo del expediente originario del ejercicio masivo del recurso de amparo, pese a que así lo puso de presente el ICBF al momento de dar contestación a la demanda. En ese sentido, al encontrarse en duda sobre la presentación del fenómeno de “tutelatón” el juez estaba obligado a explicar las razones por las cuales no cumplía con la remisión “mediante auto cuando cuente con tiempo para ello o por medio de la sentencia en caso de que esté dentro del término para decidir de fondo”^[7].

 

En tercer lugar, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Unipersonal de Decisión Civil, actuó en desconocimiento de las garantías de celeridad, eficacia y prevalencia de lo sustancial sobre las formas en el marco de la tutela, así como del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia de las partes.

 

De esta forma, indicó que ante la duda existente respecto de un efectivo ejercicio masivo de la tutela en el caso, el Tribunal Superior de Medellín se encontraba en el deber de tramitar la impugnación promovida por la accionante y no atribuir consecuencias jurídicas inexistentes en nuestro ordenamiento a la decisión de primera instancia, por lo que resolvió dejar sin efecto la decisión proferida por la Sala Unipersonal de Decisión Civil, en la que se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela, y en consecuencia ordenar que dicha autoridad judicial dé trámite y conozca de la impugnación formulada por la actora contra la sentencia de primer grado.

 

4. Caso concreto

 

4.1. En este caso, se tiene que el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas, profirió sentencia dentro de la acción de tutela promovida por Beatriz Elena González Blandón contra el ICBF, la cual fue impugnada por la actora.

 

La impugnación fue asignada al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, el cual decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, salvo las pruebas incorporadas en sede de instancia, y remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por considerar que esta autoridad ha conocido previamente de una tutela con identidad fáctica y jurídica, en el marco de un ejercicio masivo del mecanismo de amparo.   

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral, advirtió que aunque previamente conoció de una tutela  similar, ésta no presenta la triple identidad exigida para hablar de ejercicio masivo de la tutela, por lo que dispuso la devolución del expediente al Tribunal de origen.

 

Dado lo anterior, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, insistió en no tener competencia para conocer del asunto, por lo que formuló el conflicto de competencia ante la Corte Constitucional.

 

4.2. Con base en lo anterior, la Corte encuentra que ante la existencia de un pronunciamiento judicial de primer grado respecto de la tutela promovida por Beatriz Elena González Blandón contra el ICBF, lo jurídicamente relevante en esta ocasión resulta ser la definición de la autoridad que debe asumir el conocimiento de la impugnación formulada por la actora, como en adelante se explica.  

 

4.3. De entrada se advierte que, en este caso, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, incurrió en una dilación injustificada del trámite de tutela, pues pese a ser el competente para conocer de la impugnación formulada contra la sentencia de primer grado, decidió apartarse, sin fundamentos constitucionalmente válidos, de la resolución de dicho recurso, siendo, en consecuencia, dicha autoridad judicial la que se encuentra en el deber de resolver de fondo el asunto bajo mención; por las razones que a continuación se desarrollan:

 

4.4. Tal como se dijo con precedencia, es un criterio determinante para pronunciarse en sede de instancia respecto del reparto por “tutelatón” —si ello no lo ha asumido la oficina judicial respectiva de forma previa—, el hecho de que el juez que esté conociendo del recurso de amparo tenga certeza de que se trata de uno promovido dentro de un ejercicio masivo del mismo. Frente a ello debe tenerse en cuenta que dicha certeza: (i) exige la concurrencia de la triple identidad, referida a objeto, causa y sujeto pasivo entre el caso concreto y el expediente originario; (ii) sólo tiene como oportunidad para obtenerse hasta el vencimiento del traslado para la contestación de la tutela, de tal forma que sea el extremo demandado el que ponga de presente tal situación, a menos que oficiosamente el juez conozca plenamente de la situación; por consiguiente, (iii) únicamente puede ser descubierta antes de proferir sentencia, pues, de lo contrario, se desconocería la primacía del principio de acceso efectivo a la administración de justicia, así como el carácter preferente y sumario de la acción constitucional en alusión.

 

4.5. Observa este Tribunal que el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas, asumió competencia y profirió sentencia de primera instancia, acatando de manera adecuada las reglas de reparto que le eran aplicables, pues es evidente que no contaba con certeza sobre un supuesto ejercicio masivo de la tutela que integrara el caso bajo su conocimiento, no sólo porque decidió no hacer referencia a ello en su pronunciamiento judicial, sino porque los extremos del litigio no lo advirtieron al momento de atender el traslado de la solicitud de amparo. Asimismo, teniendo en cuenta que el mencionado Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, señaló que el juez de instancia sí conocía de la situación, pues en el expediente obra copia de la sentencia T-480 de 2016, en la que se ponen en evidencia casos similares, lo cierto es que había razones para no asumir la identidad fáctica, tal como lo señaló, en su momento el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Laboral. En consecuencia, era su deber, como lo hizo, proceder a proferir el respectivo fallo, en aras de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia.

 

En consonancia con lo anterior, es necesario establecer que el sólo hecho de que el juez de primer grado hubiese decidido no hacer alusión a la aplicación del Decreto 1834 de 2015 y, por el contrario, hubiese optado por resolver de manera inmediata sobre fondo del caso, inhabilitaba al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, para declararse incompetente frente al conocimiento de la segunda instancia.

 

4.6. Así, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, al dictar la providencia del 13 de febrero de 2017, no sólo inadvirtió las subreglas jurisprudenciales que se han referido en el párrafo 4.4 de este Auto, sino que desconoció lo ya señalado por esta Corte en el precitado Auto 285 de 2017, en relación con la imposibilidad jurídica de decretar la nulidad de lo actuado, inclusive la sentencia de primera instancia, pues no sólo se trata de un efecto jurídico carente de fundamento legal y constitucional, sino que, como se dijo con antelación, el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas, no incurrió en una omisión contraria a nuestro ordenamiento.

 

Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que la misma autoridad judicial sobre la que el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, señala haber conocido del expediente originario de la “tutelatón”, insistió en que esta información no era del todo acertada, lo que contribuye significativamente a la incertidumbre respecto del supuesto ejercicio masivo del recurso de amparo.

 

4.7. En ese sentido, es claro que el expediente ICC-2907 debe ser remitido al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, para que asuma el conocimiento de la impugnación formulada por la señora Beatriz Elena González Blandón contra la decisión de primera instancia, proferida el 29 de diciembre de 2016, por parte del Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas; lo cual exige, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia del 13 de febrero de 2017.

 

DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO la providencia del 13 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, dentro del expediente de la acción de tutela promovida por Beatriz Elena González Blandón contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—.  

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2907 al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal de Decisión, para que asuma de manera inmediata el conocimiento de la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, resuelva la impugnación formulada por la tutelante contra la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de diciembre de 2016, por parte del Juzgado Penal del Circuito de Aguadas. 

   

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte, COMUNICAR la presente decisión a las partes, al Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, al Tribunal Superior de Manizales - Sala Penal de Decisión, y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto - Sala Laboral.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GULLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada	CARLOS BERNAL PULIDO Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada	IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado	DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN Secretaria General (E)