Auto 430/17

 

COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de jurisprudencia

 

FACTOR TERRITORIAL EN ACCION DE TUTELA-Posibilidades con observancia del principio pro homine para determinar la competencia

 

 

 

Referencia: Expediente ICC-2966

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta (Antioquia) y el Juzgado 16 Civil Municipal de Oralidad de Medellín.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1.                Juan Carlos Puyo González instauró acción de tutela en contra del municipio de Medellín (Antioquia) y la Secretaría de Movilidad de dicho municipio, por considerar que la indebida notificación de una multa de tránsito que le fue impuesta, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia.

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta (Antioquia), quien mediante auto del 4 de mayo de 2017, señaló que “(…) por el factor territorial corresponden a los jueces municipales de Medellín [conocer la presente acción constitucional], toda vez que la supuesta violación que motivó la tutela ocurrió en dicha municipalidad”. Asimismo, resaltó que de conformidad con el inciso 3º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 el mecanismo de amparo debe ser repartido a los jueces municipales, toda vez que la Secretaría de Movilidad de Medellín es una entidad de nivel municipal.

 

3.                Así, la tutela fue repartida al Juzgado 16 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, quien mediante auto del 8 de mayo de 2017 manifestó que no era competente para conocer la acción de tutela de la referencia, toda vez que los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales ocurren en Sabaneta, ubicación que además coincide con el lugar de residencia del demandante. En consecuencia, resaltó que se debe respetar la elección que hizo el actor para presentar la acción de tutela. De esta manera, declaró conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[1].

 

En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, ya que: (i) son autoridades judiciales de diferente jerarquía; y (ii) pertenecen al mismo distrito judicial (Medellín) ^[2]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2.                Ahora bien, esta Corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades que en virtud del principio “pro homine”, son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela. Al respecto, la Corte ha precisado que puede ser: (i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados; (ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o donde se produjeren sus efectos^[3].

 

3.                De otra parte, la Sala recuerda que de una lectura sistemática del artículo 86 de la Constitución y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se deriva la posibilidad de que los accionantes presenten la acción de tutela “ante los jueces-a prevención”, lo cual significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente^[4].

 

4.                En este orden de ideas, la Sala Plena resalta que el único conflicto de competencia que puede darse entre los jueces constitucionales ocurre por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en lo relacionado con los factores territorial y funcional. Respecto de la determinación de la competencia por este último factor, se debe precisar que únicamente aplica para las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, caso en el cual serán repartidas a los jueces del circuito.

 

5.                Finalmente, en casos similares al presente, la Corte ha dicho que cuando el lugar de la vulneración o la amenaza difiere del de sus efectos, prevalece la elección que haya hecho el accionante, siempre y cuando no contradiga las reglas de competencia territorial del artículo 37 Decreto 2591 de 1991^[5]. Por ejemplo, en el Auto 112 de 2017^[6] la Corte sostuvo que aunque el peticionario hubiera presentado la acción de tutela ante los jueces de Barranquilla y los efectos de la vulneración se produjeran en Caldas (municipio donde se impuso la multa de tránsito), los primeros eran los competentes para tramitar el mecanismo de amparo en virtud de la elección que hizo el demandante y la competencia “a prevención” que señala el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

 

Caso concreto

 

1.                De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena observa que las dos autoridades judiciales son competentes para conocer la presente acción de tutela. En primer lugar, por cuanto la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante ocurrió en la ciudad de Medellín, ya que fue en dicho municipio donde se impuso la multa de tránsito^[7]. En segundo lugar, debido a que los efectos de la supuesta vulneración ocurren en el municipio de Sabaneta (Antioquia), lugar que coincide con el domicilio del accionante^[8]. Entonces, se debe respetar la elección que hizo el demandante al momento de presentar la acción de tutela.

 

Además, según la competencia “a prevención” que le difiere el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 a todos los jueces de la República, el Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta (Antioquia) es el competente para conocer la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Puyo González en contra del municipio de Medellín y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho municipio.

 

2.                En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 4 de mayo de 2017 por el Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta dentro de la acción de tutela formulada por Juan Carlos Puyo González en contra del municipio de Medellín y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho municipio.

 

Asimismo, la Sala remitirá el expediente ICC-2966 al Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

III. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 4 de mayo de 2017 Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta dentro de la acción de tutela formulada por Juan Carlos Puyo González en contra del municipio de Medellín y la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho municipio.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2966 al Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Oralidad y Control de Garantías de Sabaneta, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado 16 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO

Magistrado (e.)

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (e.)