Auto 485/17

 

INSISTENCIA DE REVISION FALLO DE TUTELA-Facultad prevista en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991

 

 

Referencia: “Insistencia de revisión” de la  Sentencia T-605 de 2015, emitido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional

 

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto, con fundamento en los siguientes:

 

I. ANTECEDENTES

 

1. En la Sentencia T-605 de 2015 dictada por la Sala Quinta de Revisión de la Corte, se protegieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad de la señora Delia Urueña Tovar, quien presentó una acción de tutela, al considerar que el Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos referidos, al negarse a reconocerla como beneficiaria del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, a pesar de contar con una sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, que declaró la unión marital de hecho entre ella y el causante.

 

En la sentencia, la Sala estableció que los jueces en el proceso ordinario laboral, omitieron decretar pruebas de oficio para dirimir la controversia entre la accionante y la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, quienes reclamaban la sustitución pensional. En esa dirección, declararon como beneficiaria sólo a la señora Cardozo Cruz, quien desde el año 2006 recibía por parte de la empresa Pajonales S.A, el 100% del beneficio pensional.

 

La Corte Constitucional consideró que, tanto el juez de primera como el de segunda instancia en el proceso ordinario laboral, incurrieron en un defecto fáctico, al no decretar de oficio pruebas que consideraran necesarias para dirimir el conflicto, aunado a que omitieron analizar los elementos probatorios que debidamente fueron allegados al proceso y que demostraban la convivencia entre la accionante y el causante. En consecuencia, esta Corporación concluyó que se desconocieron los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de la señora Delia Urueña Tovar.

 

En ese orden de ideas, y al acreditarse en el caso concreto una convivencia simultánea, la Sala concedió la prestación que devengaba el fallecido Juan de Jesús Álvis Bocanegra, distribuida en partes iguales, entre la señora Carmen Elina Cardozo Cruz y Delia Urueña Tovar, con quienes el causante convivió varios años antes de su muerte, tuvo hijos y a quienes brindaba ayuda económica.

 

Para tales efectos, esta Corporación conminó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que expidiera un nuevo pronunciamiento, donde ordenaría el reconocimiento a favor de la señora Delia Urueña Tovar del 50% de la asignación mensual de jubilación que devengaba el señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, en su condición de compañera permanente.

 

2. Posteriormente, el abogado Luis Fernando Meneses  Barrios -apoderado de la señora Delia Urueña Tovar-, solicitó la intervención de la Corte Constitucional para asegurar el cumplimiento de la Sentencia T-605 de 2015. En relación con lo anterior, el apoderado relató que el 10 de noviembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué profirió sentencia de reemplazo, en la que aplicó los lineamientos fijados en la Sentencia T-605 de 2015.

 

Señaló que el 11 de noviembre de 2015, solicitó ante el Tribunal referido la adición de la sentencia de reemplazo proferida, para que a la señora Delia Urueña se le reconociera la sustitución pensional desde la fecha de fallecimiento del causante, es decir el 23 de octubre de 2002.

 

Para resolver la solicitud presentada, mediante Auto del 2 de febrero de 2016, el Tribunal Superior de Ibagué adicionó la sentencia “en el sentido que CARMEN ELINA CARDOZO CRUZ, está obligada a satisfacer a la señora DELIA URUEÑA TOVAR, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013.”

 

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que en caso de que posteriormente aparezcan nuevos beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que les correspondan[1].

 

A juicio del apoderado, con la decisión referida continuaba la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social de la señora Urueña Tovar, pues el pago de la sustitución pensional debió ordenarse por el Tribunal Superior de Ibagué, desde la fecha del fallecimiento del causante y a cargo de la empresa Pajonales S.A. 

 

3. Al analizar la solicitud presentada por el apoderado de la señora Urueña Tovar, la Sala Quinta de Revisión mediante Auto 312 del 12 de julio de 2016, ordenó remitirla al juez de primera instancia, para que adelantara el trámite de cumplimiento o desacato. Lo anterior, por cuanto se observó que el solicitante no desplegó previamente las medidas previstas para hacer efectivas las órdenes ante el juez de primera instancia, quien era el competente para iniciar la respectiva actuación jurisdiccional de cumplimiento.

 

4. En cumplimiento de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto del 27 de julio de 2016, requirió a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que se pronunciara en relación con la solicitud de cumplimiento presentada por el apoderado de la accionante.

 

4.1. En respuesta al requerimiento, la Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué que profirió la sentencia de reemplazo, señaló que dio cabal cumplimiento a la orden proferida en la Sentencia T-605 de 2015 en relación con el reconocimiento de la señora Urueña Tovar como beneficiaria del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra.

 

Además, explicó que lo resuelto por la Sala Laboral en la providencia del 2 de febrero de 2016, mediante la cual adicionó la sentencia de reemplazo, en el sentido de ordenar que la señora Cardozo Cruz debía satisfacer a la señora Urueña Tovar, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013, no constituía una modificación de la orden proferida por la Corte Constitucional, sino una precisión en relación con los alcances de tiempo y modo en que se debía pagar la obligación.

 

En esa medida, la Magistrada destacó que la inconformidad del solicitante se dirigía contra la providencia que resolvió la solicitud de adición presentada por él, y en modo alguno se relacionaba con un posible incumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-605 de 2015.

 

En consecuencia, la Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué precisó que el desacuerdo relacionado con lo resuelto en el auto que adicionó la sentencia de reemplazo debía ser cuestionado a través del recurso extraordinario de casación. Lo anterior, toda vez que “la sentencia y la providencia por medio de la cual se adiciona o complemente aquella, son una  sola decisión, esto es, la adición se entiende incorporada a la sentencia pues en aquella se resuelve sobre una pretensión de la demanda que por omisión no fue objeto de pronunciamiento, y por lo tanto, por tratarse de una sentencia de segunda instancia, solo es susceptible del recurso extraordinario de casación, siempre y cuando cumpla con el requisito del interés para activar el mecanismo excepcional.” [2]

 

5. En esa medida, mediante Auto del 11 de agosto de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de iniciar el trámite incidental. Para tal efecto, señaló que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué dio estricto cumplimiento al fallo emitido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-605 de 2015. Además, precisó que el reparo del apoderado de la señora Urueña Tovar escapaba del trámite incidental, pues se dirigía contra el Auto del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal referido adicionó la sentencia “en el sentido que CARMEN ELINA CARDOZO CRUZ, está obligada a satisfacer a la señora DELIA URUEÑA TOVAR, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013.”

 

6. Posteriormente, el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar nuevamente solicitó a la Corte Constitucional el cumplimiento de la Sentencia T-605 de 2015. Al analizar la solicitud, la Sala Quinta de Revisión mediante Auto 103 del 3 de marzo de 2017, se abstuvo de tramitarla. Para tal efecto, la Sala encontró que, el escrito presentado por el solicitante, no estaba relacionado directamente con el cumplimiento de la orden impartida en la acción de tutela, pues en la Sentencia T-605 de 2015, la Corte Constitucional conminó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué para que expidiera una nueva providencia, donde se ordenaría a la empresa Pajonales S.A el reconocimiento a favor de la señora Delia Urueña Tovar del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, sin que esta Corporación se pronunciara en la parte motiva o resolutiva de la sentencia sobre los alcances de tiempo y modo, en los que se debía pagar la obligación.

 

En esa medida, la Sala Quinta precisó que las inconformidades planteadas por el solicitante, no guardaban relación directa con la parte resolutiva de la Sentencia T-605 de 2015, sino con lo decidido en el Auto del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal Superior de Ibagué adicionó la sentencia de reemplazo en el sentido de ordenar que la señora Cardozo Cruz debía satisfacer a la señora Urueña Tovar, en la cuota parte de las mesadas pensionales que le correspondían desde el 23 de octubre de 2002 y hasta octubre de 2013. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que en caso de que posteriormente aparezcan nuevos beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas que les correspondan.

 

En consecuencia, esta Corporación determinó que su intervención no era procedente en el asunto, por cuanto se advirtió que el Tribunal Superior de Ibagué cumplió con la orden impartida en la Sentencia T-605 de 2015. No obstante, la Sala le recordó al solicitante que estaría legitimado para promover acción de tutela contra decisiones judiciales que considerara vulneradoras de los derechos fundamentales de la señora Delia Urueña Tovar y se apartaran de los mandatos constitucionales. 

 

7. No obstante lo anterior, el apoderado de la señora Delia Urueña Tovar nuevamente presentó petición ante este Despacho, la cual denominó “Insistencia para revisión de la sentencia de tutela T-605 de 2015.” En particular, el apoderado pidió a la Corte Constitucional que ordenara a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué precisar que el reconocimiento del 50% de la sustitución pensional del señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, debía estar a cargo de la  empresa Pajonales “desde la fecha de su muerte, 23 de octubre de 2002”.

 

7.1. Mediante comunicación del 7 de julio de 2017, la suscrita Magistrada le recordó al accionante que él ya había presentado una solicitud en el mismo sentido, y mediante Auto 103 de 2017, la Sala Quinta de Revisión reiteró que sus inconformidades no tenían una relación directa con la parte resolutiva de la Sentencia T-605 de 2015, sino con lo decidido en el Auto del 2 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal Superior de Ibagué adicionó la sentencia de reemplazo.

 

8. Inconforme con la decisión anterior, el apoderado judicial de la señora Urueña Tovar presentó solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para que dicha corporación judicial ejerciera “la veeduría o acompañamiento al expediente T-1959885”, dado que la suscrita Magistrada se negó a darle trámite a la solicitud de “insistencia para revisión de la tutela 605 de 2015” que, según el abogado, consiste en que la Corte Constitucional inicie el trámite de segunda instancia de dicho asunto.

 

Además, para poner en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura que la acción de tutela que presentó la señora Urueña Tovar fue “fallada siete años y medio después…  cuando la ley prevé que la acción de tutela debe resolverse dentro de los 10 días siguientes a su presentación.”

 

9. En consecuencia, mediante oficio del 15 de agosto de 2017, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, remitió la referida solicitud a esta Corporación, para que le diera el trámite que considerara pertinente.

 

II. CONSIDERACIONES y fundamentos

 

 

1. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, y la jurisprudencia de esta Corporación^[3], señalan que contra de las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. No obstante, la Corte ha admitido que se presenten solicitudes de aclaración, en los términos y bajo las condiciones que contempla el artículo 285 del Código General del Proceso[4].

 

2. Asimismo, a pesar de que las sentencias adoptadas por la Corte Constitucional se encuentren amparadas por el principio de cosa juzgada, la Corte ha reconocido que se puede alegar la nulidad después de proferida la providencia, siempre y cuando se haga dentro del término de su ejecutoria. No obstante, el hecho de que se pueda solicitar la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional no significa que exista un recurso contra ella o que surja una nueva oportunidad para continuar un debate ya concluido, pues en ese evento el examen de la Corte se limita a determinar si en el proceso o en la sentencia misma se incurrió en violación del debido proceso.

 

3. Así entonces, contra los fallos proferidos por esta Corporación no procede recurso alguno, pero existe la posibilidad excepcionalísima de solicitar la aclaración, corrección y nulidad de los mismos, sólo a efectos de posibilitar la ejecución de las decisiones, asegurar la protección de los derechos fundamentales o establecer si violó el debido proceso.

 

4. En esta oportunidad, el apoderado judicial de la señora Urueña Tovar solicita a la Corte Constitucional que tramite la solicitud de “insistencia para revisión de la tutela 605 de 2015” que, en su concepto, consiste en que la Corte Constitucional inicie el trámite de segunda instancia de dicho asunto.

 

No obstante lo anterior, tal y como se acaba de exponer, contra las sentencias proferidas por esta Corporación no procede recurso alguno, menos aun cuando lo que solicita el peticionario es la reapertura de un debate ya concluido por la Sala de Revisión, sobre el cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1º C.P.).

 

5. Además, el despacho advierte que el apoderado de la señora Urueña Tovar  se encuentra en una confusión en relación con el concepto de “solicitud de insistencia de revisión de tutela”. En esa medida, es preciso recordarle que, de acuerdo con el Reglamento de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015) y el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, si una tutela no es seleccionada, existe un plazo de 15 días calendario para insistir en su revisión, contados a partir de la notificación del auto mediante el cual se informa que la tutela no fue seleccionada. Si no se insiste en ese plazo, la tutela queda excluida de manera definitiva.

 

Además, la insistencia sólo puede ser presentada por los magistrados de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por escrito y con la exposición de los motivos por los cuales la tutela en cuestión debería ser reconsiderada para su eventual selección.

 

Entonces, la solicitud de insistencia para revisión sólo se puede presentar respecto de las acciones de tutela que no fueron seleccionadas por la Corte Constitucional, y no en relación con las sentencias que profiera esta Corporación, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. En consecuencia, se rechazará la solicitud de la referencia.

 

6. Ahora bien, debido a que el apoderado de la señora Urueña Tovar también presentó la solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura, para poner en conocimiento de dicha Corporación que la acción de tutela que presentó su representada fue “fallada siete años y medio después”, es importante recordar las razones por las cuales el trámite del expediente T-1.959.885 inició en la Corte Constitucional el 18 de julio de 2008 y continuó hasta el 21 de septiembre de 2015. Veamos:

 

i)                   El 18 de julio de 2008, la Sala Séptima de Selección escogió el expediente de la referencia para revisión y por reparto le correspondió al entonces Magistrado Nilson Pinilla Pinilla. El proyecto propuesto no fue acogido por los integrantes de la Sala de Revisión, por ello, el expediente fue rotado y repartido al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub como nuevo ponente.

 

ii)                La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante providencia T-893 del 30 de noviembre de 2011, resolvió i) revocar el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de junio de 2008, que rechazó la acción de tutela, ii) dejar sin efecto las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (31 de enero de 2008) y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (25 de octubre de 2006) del proceso ordinario Laboral iniciado por Carmen Elina Cardozo en contra de Industrias Pajonales S.A. y al cual fue vinculada como litisconsorte necesaria la señora Delia Urueña Tovar, y iii) ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que dictara una nueva sentencia, a favor de las señoras Carmen Elina Cardozo Cruz y Delia Urueña Tovar en condición de compañeras permanentes del señor Juan de Jesús Alvis Bocanegra en razón a la convivencia.

 

iii)              El 11 de junio de 2013, el apoderado de la Organización Pajonales S.A. solicitó la nulidad de la sentencia T-893 de 2011, al considerar que ni la empresa que representa ni la señora Carmen Elina Cardozo, quien ha venido percibiendo la sustitución pensional, fueron notificados dentro del proceso de tutela, tal y como lo señalaba el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

 

iv)              El 24 de julio de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la nulidad, encontró que la falta de vinculación de la Organización Pajonales S.A. afectó sus intereses de manera directa, lo que constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En consecuencia, declaró la nulidad de la sentencia T-893 de 2011, y como medida cautelar ordenó a la Organización Pajonales S.A. que continuara pagando la mesada pensional de sobrevivientes por partes iguales a las señoras Delia Urueña Tovar y  Carmen Elina Cardozo Cruz.

 

v)                El 31 de octubre de 2014, el pleno de la Corporación remitió el asunto para proferir una nueva sentencia de fondo, a la entonces Sala Sexta de Revisión, correspondiéndole la ponencia a la suscrita Magistrada, quien la presidía.

 

vi)              En mérito de lo anterior, la entonces Sala Sexta de Revisión, en auto del 26 de noviembre de 2014, ordenó notificar y poner en conocimiento el asunto a la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, a la Organización Pajonales S.A., a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, al Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima) y al Juzgado Tercero de Familia de Ibagué.

 

vii)           No obstante lo anterior, según informe del 10 de febrero de 2015, proferido por la Secretaría General de esta Corporación, el auto del 26 de noviembre de 2014 fue devuelto por la Oficina de Correo 472, lo que significó que la empresa de correo certificado 472 Servicios Postales Nacionales S.A. no realizó la entrega del oficio de notificación. En consecuencia, y a fin de garantizar los derechos al debido proceso y de defensa, la Sala Quinta de Revisión ordenó requerir a la empresa de correo certificado, para que realizara las gestiones necesarias de entrega del oficio de comunicación y notificación del auto del 26 de noviembre de 2014 a la señora Carmen Elina Cardozo Cruz.

 

viii)         Vencido el término otorgado, según informe de la Secretaría General de esta Corporación, de fecha 2 de marzo de 2015, la mencionada empresa de correos, informó que “mediante guía N° YGO74605154CO de febrero 26 de 2015, con los correspondientes adjuntos, se logró evidenciar que la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, NO RESIDE en la dirección carrera 32 N° 51b -17 sur de la ciudad de Bogotá”, lo que evidenció la imposibilidad de notificación.

 

ix)              Por consiguiente, mediante auto del 10 de marzo de 2015 y por intermedio de la Secretaría de esta Corporación, se ordenó el emplazamiento de la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Código General del Proceso, para informarle: i) la existencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Delia Urueña Tovar contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con la cual podría resultar afectada y, ii) que pudiese ejercer su derecho de defensa y contradicción.

 

x)                El edicto emplazatorio fue publicado el 7 de junio de 2015, en el Diario El Tiempo. Posteriormente, la Secretaría General de esta Corporación mediante oficio del 22 de julio de 2015, envió a este despacho constancia de fijación y desfijación del edicto emplazatorio ordenado mediante auto del 27 de mayo de 2015, en la que se indica que vencido el término conferido a la emplazada, ésta no compareció.

 

xi)              En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Código General del Proceso, después de surtido el emplazamiento sin que la señora Carmen Elina Cardozo Cruz hubiere comparecido, la Sala Quinta de Revisión, mediante auto del 12 de agosto de 2015, procedió al nombramiento de Curador ad-litem y el 21 de septiembre siguiente profirió la Sentencia T-605 de 2015.

 

El recuento anterior, explica lo sucedido en la Corte Constitucional en relación con la expedición de la Sentencia T-605 de 2015, pues en el trámite del expediente T-1.959.885 se presentó i) una ponencia derrotada, ii) la declaratoria de nulidad, y la iii) necesidad de llevar a cabo un emplazamiento y posterior nombramiento de Curador ad-litem.

 

7.  De conformidad con todo lo anterior, la Sala Quinta de Revisión,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de “Insistencia de revisión” de la Sentencia T-605 de 2015, formulada por el señor Luis Fernando Meneses  Barrios.

 

SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General se comunique la decisión adoptada en esta providencia al señor Luis Fernando Meneses Barrios.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ROCIO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (E)