Auto 527/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común

 

DECRETO 1382 DE 2000-No establece competencia sino reglas de simple reparto

 

Referencia: Expediente ICC-3012

 

Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Pasto –Sala de Decisión Laboral y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto.

 

Magistrado Sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

 

Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                Luz Argelia Martínez de Jojoa presentó acción de tutela en contra del Ministerio del Trabajo, el Consorcio Colombia Mayor y el Municipio de Pasto -Secretaría de Bienestar Social- al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso y vida digna, como quiera que fue bloqueada del Programa Colombia Mayor por lo que no pudo continuar siendo beneficiaria del subsidio por ser propietaria de más de un inmueble, a pesar de que el Decreto 455 de 2014^[1] modificó el artículo 37 del Decreto 3771 de 2007^[2] y eliminó el requisito de “ser propietario de más de un inmueble” para que el beneficiario dejara de recibir la ayuda económica por parte del Estado.

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala de Decisión Laboral-  quien mediante auto de 23 de junio de 2017, manifestó que de acuerdo con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000^[3], la tutela debía ser repartida a los juzgados laborales del circuito de Pasto^[4].

 

3.                En acta individual de reparto, le correspondió el asunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto. Dicha autoridad judicial, mediante auto del 30 de junio de 2017, sostuvo que “la competencia para seguir tramitando la presente tutela la conserva la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Nariño, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela fue impetrada en primera instancia al Juez colegiado tratándose la accionada de una entidad de orden público y nacional”^[5]. En este sentido, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.     La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta la colisión. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual, y, en consecuencia, se activa en aquellos casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carecen de un superior jerárquico común, o, en aquellos casos, en los que a pesar de que lo poseen, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

 

2.    En principio, y de conformidad con lo anterior, el presente conflicto de competencia debe ser resuelto por la Sala de Casación Laboral-, ya que las autoridades judiciales en disputa pertenecen al mismo distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más la adopción de una decisión de fondo en el presente trámite de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3.     Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido  que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[6].

 

4.     Igualmente, se ha aclarado que el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 establece solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha dicho que la observancia de este acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en éste son meramente de reparto.

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional insiste en que una interpretación equivocada del Decreto impediría garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) e implicaría una transgresión a los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 C.P.)^[7]. En todo caso, la Corte ha precisado que de comprobar que existió un reparto caprichoso de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto, el caso debe ser repartido al juez competente de conformidad con las disposiciones contenidas en el mismo.

 

Caso concreto

 

En el asunto sometido a consideración, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.                   De conformidad con el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 (que establece solamente reglas de reparto) y los artículos 86 de la Carta y 37 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 (que aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela), no le es dado al juez constitucional modificar la solicitud presentada en la demanda de tutela ni excluir autoridades contra las cuales se dirigió para declarar su incompetencia para conocer de determinado asunto^[8], por lo que el funcionario judicial que debe conocer el amparo se determina según quien aparezca demandado y no a partir del análisis de fondo de los hechos.

 

ii.                 Bajo esas consideraciones, la Sala Laboral del Tribunal de Pasto no respetó la lógica procesal al realizar un juicio a priori sobre la autoridad responsable de la afectación que demanda la accionante, en tanto ello es a lo que debe dedicarse en el fallo.

 

iii.              La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pasto aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia de la administración de justicia, al igual que el amparo de las garantías de la actora, que acudió a la Judicatura desde el 21 de junio de 2017 (fl. 4) en busca de que se levante el bloqueo sobre ella y que le impide gozar del subsidio entregado por el Estado.

 

iv.              La acción de tutela no se distribuyó de manera caprichosa, pues no hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas en el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, sino una discrepancia en la aplicación de las reglas contenidas en dicho acto administrativo por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juez Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto de 23 de junio de 2017 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto     -Sala de Decisión Laboral-, dentro de la acción de tutela que Luz Argelia Martínez de Jojoa presentó en contra del Ministerio del Trabajo, el Consorcio Colombia Mayor y el Municipio de Pasto -Secretaría de Bienestar Social-.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3012 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala de Decisión Laboral- que contiene la acción de tutela presentada por Luz Argelia Martínez de Jojoa, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de 23 de junio de 2017 proferido por el por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala de Decisión Laboral-, dentro de la acción de tutela formulada por Luz Argelia Martínez de Jojoa en contra del Ministerio del Trabajo, el Consorcio Colombia Mayor y el Municipio de Pasto -Secretaría de Bienestar Social-.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3012 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala de Decisión Laboral- que contiene la acción de tutela presentada por Luz Argelia Martínez de Jojoa, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

CARLOS BERNAL PULIDO Magistrado	DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada       JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado	CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada       ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN Secretaria General (E)