Auto 567/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC- 3036

 

Conflicto de competencia suscitado entre la Corte Suprema de Justicia Salas de Casación Penal y Casación Civil.

 

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 31 de agosto de 2017, el señor Ernesto Torres Yanguas presentó acción de tutela en contra del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y el Banco Popular al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, equidad e igualdad, dado que las autoridades judiciales demandadas, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Torres Yanguas, ordenaron indexar de manera errónea su mesada pensional^[1].

 

2. El 6 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió rechazar el análisis del mismo por falta de competencia en virtud de lo previsto en el ordinal 2 inciso primero del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000^[2], pues acorde con el reglamento general de esa corporación “es la Sala Civil (…) la competente para conocer en primera instancia la presente demanda constitucional”. En consecuencia, remitió el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia^[3].

 

3. El 15 de septiembre de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó que “la competencia para tramitarla corresponde a la Sala de Casación Penal de esta Corte, donde inicialmente fue repartida, conforme a lo consagrado en los artículos 4 del Decreto 1382 de 2000^[4] y 44 del Acuerdo No. 006 de 12 de diciembre de 2002^[5]”.

 

En este orden de ideas, propuso un conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a ésta Corporación^[6].

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela (i)  tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico funcional común entre las autoridades involucradas, (ii) como en aquellos en los que pese a contar con tal autoridad, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[7].

 

Cabe resaltar, que en principio, el asunto de la referencia debió ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, según lo previsto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[8]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido  que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991 son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[9]. En este sentido, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, establece que solo existen dos factores de asignación de competencia, según los cuales le corresponde conocer el recurso de amparo (i) al juez del lugar (a) donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados, o (b) donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza –factor territorial– y (ii) en el caso de las acciones de tutela que se interpongan contra los medios de comunicación, en primera instancia, a los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos –factor territorial y subjetivo–.

 

3. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que la aplicación de las normas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En ese sentido, ha reiterado esta Corte que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto^[10].

 

Excepcionalmente y solo cuando se advierta una tergiversación manifiesta de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación asignará la competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado decreto, tal y como ocurre “cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros”^[11].

 

4. Así, respecto de los reglamentos internos de los cuerpos colegiados judiciales (Tribunales y Altas Cortes), esta Corte ha sostenido, de manera reiterada, que los miembros de esas corporaciones no están autorizados para basar su incompetencia en los mismos, dado que aluden a reglas de reparto dentro de cada corporación judicial^[12].

 

III.           CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la competencia para conocer el fondo del asunto, conforme con las disposiciones contenidas en el Decreto 1382 de 2000.

 

ii.  La acción de tutela no se distribuyó de manera caprichosa, pues no se repartió a un funcionario judicial diferente de sus miembros, sino que fue distribuida entre las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia que no tenían la calidad de parte demandada.

 

iii.    La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por el señor Ernesto Torres Yanguas es a quien primero se repartió la misma, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 6 de septiembre de 2017, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela formulada por el señor Ernesto Torres Yanguas contra del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y el Banco Popular. En su lugar, la Sala remitirá el expediente ICC - 3036 a la mencionada autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el seis (6) de septiembre de 2017, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual dicha autoridad judicial rechazó la competencia para conocer de la tutela interpuesta por el señor Ernesto Torres Yanguas.

 

SEGUNDO.- REMITIR el ICC-3036 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.

 

TERCERO.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y a la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado 

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIAN

Secretaria General (E)