Auto 570/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3042

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad.

 

Magistrada sustanciadora:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                La ciudadana Samantha Monsalve Valderrama, como agente oficiosa de su madre, presentó acción de tutela contra el Fondo de Solidaridad y Garantías - Fosyga y Salud Total E.P.S., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, como quiera que dichas entidades se han negado a asumir la cobertura de la atención recibida por urgencias, bajo el argumento de que su afiliación se encuentra suspendida^[1].

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el cual, mediante auto del 3 de agosto de 2017,^[2] manifestó que, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, la tutela debía ser repartida al Tribunal Superior de Medellín, teniendo en cuenta que el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga es una entidad del orden nacional.  

 

3.                En consecuencia, la oficina de reparto respectiva envío el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad. Dicha autoridad judicial, a través de auto del 8 de agosto de 2017^[3], sostuvo que en este caso no hubo un reparto caprichoso de la acción de tutela y que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el competente es el funcionario judicial a quien le fue asignada inicialmente. En este sentido, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia del mecanismo constitucional como instrumento para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[4]. El presente conflicto de competencia debe ser resuelto por la Corte Constitucional, en tanto las autoridades judiciales tienen diferente especialidad y pertenecen a distintos distritos judiciales, es decir que no cuentan con un superior jerárquico común.

 

2.                Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido  que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991 son las disposiciones que aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela^[5]. En este sentido, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 expresamente establece que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

 

3.                Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 establece solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha dicho que la observancia de este acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en éste son meramente de reparto.

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional insiste en que una interpretación equivocada del decreto impediría garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) e implicaría una transgresión a los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 C.P.)^[6]. En todo caso, la Corte ha precisado que de comprobar que existió un reparto caprichoso de la acción de tutela, fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto, el caso debe ser asignado al juez competente de conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto reglamentario.

 

Caso concreto

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     No se configuró un conflicto de competencia, ni siquiera aparente, toda vez que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo.

 

ii.  La acción de tutela no se distribuyó por parte de la oficina de reparto de manera caprichosa, pues no hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000. Por el contrario, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, hizo una interpretación errada de dichas reglas.

 

iii.    El Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales de la accionante.

 

iv.    La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Samantha Monsalve Valderrama es a quien primero se repartió la misma, esto es, al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 3 de agosto de 2017 proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, dentro de la acción de tutela formulada por Samantha Monsalve Valderrama contra el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga y Salud Total E.P.S.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3042 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, que contiene la acción de Tutela presentada por Samantha Monsalve Valderrama, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS  el auto del 3 de agosto de 2017 proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro de la acción de tutela formulada por Samantha Monsalve Valderrama contra el Fondo de Solidaridad y Garantías – Fosyga, y Salud Total E.P.S.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3042 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, que contiene la acción de tutela presentada por Samantha Monsalve Valderrama, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR esta providencia a las partes y al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

CARLOS BERNAL PULIDO Magistrado	DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada       JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado	CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada       ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN Secretaria General (E)