Auto 578/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3055

 

Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal

 

Magistrado Ponente:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El señor Gerardo Sadid Ríos Lombana promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la información, presuntamente vulnerado al no ubicar el expediente contentivo del proceso ejecutivo iniciado por Eduardo Suárez Bello contra Héctor Conrado Ríos Galindo.

 

Fundamenta su solicitud, en que la accionada por medio de oficio DESAJBOR17-5251 de fecha 5 de junio de 2017, previa solicitud, le comunicó que dicho expediente no reposa en el archivo central.

 

2. El conocimiento de la acción le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, quien mediante auto del 2 de octubre de 2017, señaló que no tiene competencia de conformidad con el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, toda vez que la solicitud de amparo está dirigida contra un organismo de carácter nacional. En consecuencia, dispuso remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial para que asuma el conocimiento del asunto^[1].

 

3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante proveído del 4 de octubre de 2017^[2], decidió no asumir el conocimiento del asunto al considerar, previa revisión del expediente que: (i) la jueza coordinadora del centro de servicios administrativos de Zipaquirá hizo un examen superfluo de la demanda, pues la vulneración alegada por la parte actora no deviene de una acción u omisión de la Dirección  Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca, sino que se circunscribe a una anotación de una medida cautelar sobre un inmueble; (ii) su pretensión se erige, en últimas, al levantamiento de una medida cautelar que afecta a un bien, lo cual, únicamente lo puede hacer la autoridad judicial facultada para ello, que en este caso, es el Juzgado Promiscuo Municipal de San Cayetano y no la entidad demandada que tiene un carácter meramente administrativo y (iii) la competencia por factor territorial en este asunto la tienen los jueces donde se materializa la presunta vulneración -San Cayetano- o en Zipaquirá lugar del domicilio del demandante.

 

Bajo este contexto, concluyó que los jueces constitucionales competentes para desatar la solicitud de amparo se encuentran adscritos al distrito judicial de Cundinamarca y no al de Bogotá. En consecuencia, planteó un conflicto negativo de competencia y dispuso el envío del expediente a esta corporación para que lo dirima.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Esta Corporación, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, es competente para resolver los presuntos conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico funcional común, o, en aquellos casos en que, existiendo^[3], sea necesario que la Corte se pronuncie con el fin de evitar dilaciones en la solución jurídica de una acción constitucional.

 

2. En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá^[4]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, según el cual ésta puede interponerse ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991 que establece las reglas de competencia (i) territorial y (ii) de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, que se asignan a los jueces del circuito.

 

3. Sobre esta base, en virtud del principio pro homine, las posibilidades para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela son: (i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos fundamentales invocados; y, (ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la supuesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.^[5]

 

4. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la competencia a prevención está determinada por la elección que realice el accionante entre los jueces que cuenten con la competencia territorial para conocer el asunto^[6], de tal forma que, cuando exista desacuerdo respecto de los criterios que definen el factor territorial, se le dará prevalencia a la escogencia que haya realizado el quien presenta la acción de tutela. 

 

5. Igualmente, se ha aclarado que el Decreto 1382 de 2000 establece solamente las “reglas de reparto de la acción de tutela” y en ningún caso define la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha dicho que la observancia de este acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en éste son meramente de reparto.

 

6. En este sentido, la jurisprudencia constitucional insiste en que una interpretación equivocada del decreto impediría garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) e implicaría una transgresión a los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 C.P.)^[7]. En todo caso, la Corte ha precisado que de comprobar que existió un reparto caprichoso de la acción de tutela, fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en dicho decreto, el caso debe ser repartido al juez competente de conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto reglamentario.

 

7. Por otro lado, este Tribunal ha dicho que al juez constitucional “no le es dado modificar la solicitud presentada por la persona en el escrito de tutela ni excluir autoridades contra las cuales se dirigió la tutela”^[8], con el propósito de declararse incompetente e impedir que se adopte una decisión de fondo en el asunto planteado. Al respecto, ha precisado que el funcionario judicial que debe conocer la solicitud de amparo se determina según quién se presente como demandado en el escrito demandatorio y no a partir del análisis de fondo de los hechos^[9].

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.                   El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo, argumento que no genera un conflicto de competencia.

 

ii.                  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, no respetó la lógica procesal al entrar a hacer un juicio a priori sobre quién es el responsable de la violación o amenaza del derecho fundamental del demandante al momento de la admisión de la tutela, en tanto ello pertenece al examen del fondo de la controversia, y esto es precisamente, el objeto de estudio de la sentencia

 

iii.              La acción de tutela no se distribuyó de manera caprichosa, pues no hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000, sino una discrepancia en la aplicación de las reglas contenidas en dicho acto administrativo.

 

iv.              El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales del señor Gerardo Sadid Ríos Lombana.

 

v.                 La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Gerardo Sadid Ríos Lombana es el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que el accionante eligió “a prevención”.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 2 de octubre de 2017 proferido por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por Sadid Ríos Lombana promovió contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3055 al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá que contiene la acción de tutela presentada por Sadid Ríos Lombana para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 2 de octubre de 2017, proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, dentro del expediente de la acción de tutela promovida por el señor Sadid Ríos Lombana, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá-Cundinamarca.

 

SEGUNDO.- REMITIR el expediente ICC-3055 al el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

TERCERO.- Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente decisión a las partes y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.  

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO Magistrado	DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado	ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada       JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS                             Magistrado	CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada       ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado

                                       ROCÍO LOAIZA MILIÁN

                                         Secretaria General (e)