A584-17


Auto 584/17

 

ACCION PUBLICA DE HABEAS CORPUS-Rechazar por falta de competencia/ACCION PUBLICA DE HABEAS CORPUS-Remitir a juez de primera instancia para su trámite

 

 

Referencia: Acción constitucional de Hábeas Corpus promovida por los apoderados del señor José Marino Grisales Patiño.

 

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

 

 

El Presidente de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias ha pronunciado el siguiente

 

 

AUTO

 

I.- ANTECEDENTES

 

El señor José Marino Grisales Patiño presenta la acción constitucional de hábeas corpus, de acuerdo con los siguientes hechos:

 

Refiere que se encuentra privado de la libertad desde el día 13 de noviembre de 2015 en centro carcelario de la ciudad de Cali.

 

Sostiene que el juicio le correspondió conocer por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, quien desde la radicación del escrito de acusación, 26 de enero de 2016 y hasta la fecha no ha emitido el sentido del fallo y la correspondiente sentencia de primera instancia.

 

Advierte que desde la presentación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia del juicio oral, se han presentado varias dilaciones que no pueden ser imputadas en su contra.

 

En esa medida considera que existe un vencimiento de términos a su favor, teniendo en cuenta el transcurso de más de un año desde el inicio del juicio oral sin que hasta la fecha se haya dictado una sentencia de primera instancia, para lo cual trae a colación la Sentencia C-221 de 2017.

 

 II.- CONSIDERACIONES

 

2.1. Según lo regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de 1991, “[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.

 

2.2. Por su parte, la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006, “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, en el artículo 1°, define el Hábeas Corpus como un derecho fundamental y, a su vez, como una acción constitucional “que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”.

 

2.3. De la misma manera, el artículo 2 de la ley en cita establece la competencia para conocer y resolver la anotada acción, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

 

“1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.

 

2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.

 

Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello”.

 

2.4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, razón por la cual esta Corporación debe ceñirse de manera estricta a este marco competencial.

 

2.5. De esta manera, en las funciones otorgadas a este Tribunal en los precisos términos del precepto constitucional citado, no se encuentra el conocimiento de la acción constitucional de Hábeas Corpus, parámetro formal que permite declarar la incompetencia en este tipo de asuntos, pues la Corte sólo cumple con las funciones específicas que la Constitución dispone como órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional.

 

2.6. Por lo demás, a propósito de la incompetencia de este Tribunal, la sentencia C-187 de 2006 sostuvo que como “órgano supremo de la jurisdicción constitucional y respecto de la cual no existe superior funcional, carece de competencia para conocer de la acción de Hábeas Corpus, pues el peticionario no contaría con una autoridad judicial ante quien tramitar una eventual segunda instancia. Teniendo en cuenta la estructura orgánica de la jurisdicción constitucional, resulta lógico que el Tribunal Constitucional no esté facultado para conocer de la petición de Hábeas Corpus en ningún caso”.

 

2.7. Por consiguiente, son dos las razones fundamentales por las cuales esta Corporación es incompetente para conocer de la acción de Hábeas Corpus, por una parte, porque en el artículo 241 superior se establecieron las funciones atribuidas a la Corte y, en las mismas, no se asigna la de conocer y resolver esta clase de acciones constitucionales y, por la otra, por carecer de un superior funcional jerárquico, pues dicha estructura no se aplica en la Jurisdicción Constitucional como ocurre en las otras jurisdicciones.

 

2.8. Así las cosas, teniendo en cuenta el factor territorial precisado por esta Corporación en la Sentencia C-187 de 2006[1], “en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos”[2], o lo que es lo mismo, “en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad”[3], se dispondrá la remisión de la acción constitucional de Hábeas Corpus iniciada por  el señor José Marino Grisales Patiño, a la oficina de Reparto de la ciudad de Cali (Valle), a fin de que se dicte la decisión de mérito a que haya lugar, con la debida prelación constitucional.

 

III.- DECISIÓN

 

 

Con fundamento en las razones expuestas, el Presidente de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- RECHAZAR por falta de competencia la acción constitucional de Hábeas Corpus presentada ante la Corte Constitucional por el señor José Marino Grisales Patiño.

 

SEGUNDO.- REMITIR la acción de Hábeas Corpus presentada por el señor José Marino Grisales Patiño, a la oficina de Reparto de la ciudad de Cali (Valle), a fin de que adelante el trámite de rigor que corresponda, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política, la Ley 1095 de 2006 y la sentencia C-187 de 2006.

 

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Vicepresidente

 

 

 

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (E)

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Que efectuó el control de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria (ahora Ley 1095 de 2006).

[2] Esta subregla que ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal, se justifica en la necesidad de que (i) el juez cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona en el lugar en el que está privada de la libertad; (ii) puede entrevistar con mayor agilidad a las autoridades que han intervenido en el caso; (iii) facilita la inspección de los documentos que se requieran y (iv) permite practicar en el lugar las diligencias que sean del caso “para el esclarecimiento de los hechos”.

[3] Cfr., C-187 de 2006.