Auto 586/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

 

 

Referencia: Expediente ICC-3029

 

Conflicto de competencia entre el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cartagena

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., primero (1º) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Soledad Cali Navarro presentó acción de tutela en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso, como quiera que la demandada no ha decidido el proceso de pérdida de capacidad laboral que fue adelantado por la señora Cali Navarro.

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado 3º Administrativo Oral de Sincelejo, quien mediante auto del 3 de mayo de 2017, manifestó que “(…) la competencia para conocer de la presente acción de tutela por el factor territorial, está a prevención en los Juzgados del Circuito de Bolívar, dado que es en aquella localidad en donde supuestamente fueron desconocidos los derecho fundamentales de la accionante (…)”^[1]. De esta manera, ordenó remitir la acción de tutela a los juzgados del circuito de Bolívar para que fuera sometida a reparto.

 

3.                Así, la tutela fue repartida al Juzgado 9º Civil del Circuito de Cartagena. Dicha autoridad judicial, mediante auto del 15 de mayo de 2017, sostuvo que de conformidad con la tutela el lugar de notificación del accionante es en Sincelejo (Calle 22 # 15-45), lugar en el que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales de la señora Cali Navarro. Asimismo, indicó que la voluntad del accionante fue presentar el mecanismo constitucional en dicha ciudad, de modo que se debe respetar su elección. En este sentido, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[2].

 

Como quiera que en el presente asunto el conflicto negativo se trabó entre dos despachos judiciales que no cuentan con un superior jerárquico común, pues el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo pertenece a la jurisdicción contencioso-administrativa y el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cartagena a la jurisdicción ordinaria^[3], la Corte Constitucional es competente para asumir su estudio.

 

2.                Ahora bien, esta Corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades que en virtud del principio “pro homine”, son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de tutela. Al respecto, la Corte ha precisado que puede ser: (i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos invocados; o (ii) el juez o tribunal con jurisdicción donde se produjeren sus efectos^[4].

3.                De otra parte, la Sala recuerda que de una lectura sistemática de los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, se deriva la posibilidad de que los accionantes presenten la acción de tutela “ante los jueces-a prevención”, lo cual significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente^[5].

 

4.                En este orden de ideas, la Sala Plena resalta que el único conflicto de competencia que puede darse entre los jueces constitucionales ocurre por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en lo relacionado con los factores territorial y funcional. Respecto de la determinación de la competencia por este último factor, se debe precisar que únicamente aplica para las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, caso en el cual serán repartidas a los jueces del circuito.

 

Caso concreto

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.        Se configuró un conflicto de competencia por factor territorial entre el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cartagena, pues el primero de ellos sostiene que los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección pretende el accionante ocurren en Bolívar, donde se encuentra el domicilio de la autoridad demandada, y el segundo indica que la transgresión de los derechos fundamentales ocurrió en Sincelejo (Calle 22 #15-45), lugar que manifestó la demandante para el lugar de notificaciones.

 

ii.     El Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Cali Navarro, por dos razones. De una parte, porque los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso se producen en la ciudad de Sincelejo. En efecto, el lugar de notificación de la señora Cali Navarro es en la Calle 22 #15-45 (Sincelejo). De otra parte, porque debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el accionante de interponer la acción de tutela ante los jueces de Sincelejo.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 3 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, dentro de la acción de tutela formulada por Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Cali Navarro, en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3029 al Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo que contiene la acción de tutela presentada por Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Cali Navarro, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Finalmente, se advertirá al Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo para que, en adelante, observe estrictamente la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los criterios que determinan la competencia en materia de tutela.

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 3 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, dentro de la acción de tutela formulada por Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Cali Navarro, en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3029 al Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo que contiene la acción de tutela presentada por Gerardo Mendoza Martínez en representación de Arely Cali Navarro, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.-ADVERTIR al Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo para que, en adelante, observe estrictamente la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los criterios que determinan la competencia en materia de tutela.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado 9º Civil del Circuito de Cartagena la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

ROCIO LOAIZA MILLIÁN

Secretaria General (e)