Auto 630/17

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención

 

 

Referencia: Expediente ICC-3075

 

Conflicto de competencia entre los Juzgados Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) y Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle del Cauca).

 

Magistrada Sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                Betcy Lissana Franco Delgado presentó acción de tutela en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. y la Compañía de Servicios Generales COSEG Ltda., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, dignidad humana y buena fe, como quiera que consideró que la lista de elegibles para acceder al cargo Profesional IV de Gestión Humana en Acuavalle S.A. E.S.P. se conformó de forma errónea. El recurso de amparo fue presentado en la ciudad de Pereira.

 

2.                Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), quien mediante auto del 31 de julio de 2017, manifestó que no era competente para conocer la acción de tutela, toda vez que el lugar donde ocurrió la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales fue en Cali, municipio en el que se encuentra ubicada la sede principal de Acuavalle S.A. E.S.P. En consecuencia, ordenó que se enviara el expediente a los juzgados de municipales de esa ciudad.

 

3.                Así, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle del Cauca). Dicha autoridad judicial, mediante auto del 3 de agosto de 2017, sostuvo que según los hechos del caso, la voluntad de la accionante fue la de promover la tutela en la ciudad de Pereira (Risaralda), pues es su ciudad de residencia y donde se proyectan los efectos de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. En este sentido, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo poseen, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales^[1].

 

En principio, el presente conflicto de competencia debió ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues los despachos judiciales involucrados (i) pertenecen a la jurisdicción ordinaria; (ii) son de la misma especialidad jurisdiccional -penal- y (iii) hacen parte de distintos distritos judiciales -Pereira y Cali-^[2]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2.                Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen únicamente dos factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela contra los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito del lugar; y (ii) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[3].

 

En este sentido, la competencia “a prevención” significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial), resulta garantizada por el ordenamiento al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.         Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, de una parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) rechazó la competencia para conocer la tutela de la referencia al considerar que la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de la actora había ocurrido en Cali, pues en esa ciudad se encuentra la sede de Acuavalle S.A. E.S.P. De otra parte, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle del Cauca) estimó que el recurso de amparo debió ser tramitado y resuelto por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), pues la voluntad de la accionante fue la de presentar la acción de tutela en esa ciudad, que a su vez, es su lugar de residencia.

 

ii.       El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por Betcy Lissana Franco Delgado, ya que los efectos de la presunta amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales se extienden a su lugar de residencia^[4], que coincide con aquel en el que procura el reconocimiento de sus derechos, esto es, el municipio de Pereira. Adicionalmente, porque debe respetarse la elección que “a prevención” hizo la demandante de interponer la acción de tutela ante los jueces del distrito de Pereira.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 31 de julio de 2017 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), dentro de la acción de tutela formulada por Betcy Lissana Franco Delgado en contra del Acuavalle S.A. E.S.P. y la Compañía de Servicios Generales COSEG Ltda.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3075, que contiene la acción de tutela presentada por Betcy Lissana Franco Delgado, al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 31 de julio de 2017 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), dentro de la acción de tutela formulada por Betcy Lissana Franco Delgado en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. y la Compañía de Servicios Generales COSEG Ltda.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3075, que contiene la acción de tutela presentada por Betcy Lissana Franco Delgado, al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle del Cauca), la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ROCÍO LOAÍZA MILIÁN

Secretaria General (e.)