Auto 429/18

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC-3345

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia.

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 12 de marzo de 2018, la señora Luz Nohemi Carmona Arango presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia (Atlántico) al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y la defensa. Lo anterior, por cuanto aduce que los comparendos impuestos por la referida autoridad, como consecuencia de unas presuntas infracciones de tránsito que cometió, no fueron notificados correctamente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito.

 

Valga precisar que el lugar de notificación suministrado por la actora, tanto en escrito de tutela como en los derechos de petición presentados ante la accionada corresponde a la ciudad de Medellín (Antioquia).

 

2. Por reparto, el conocimiento de la aludida acción constitucional le correspondió al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, autoridad judicial que, mediante auto del 13 de marzo de 2018, manifestó que no era competente para conocer del asunto, toda vez que, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare su interposición. De allí que, a su juicio, las autoridades judiciales de Puerto Colombia (Atlántico) sean las encargadas de resolver de fondo la acción de tutela, teniendo en cuenta que los hechos que originaron la interposición de la misma tuvieron lugar en dicho municipio.

 

Como consecuencia de lo anterior, dispuso el envío del expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de Puerto Colombia para que se efectuara su reparto.

 

3. En atención a lo decidido por la referida autoridad judicial, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia que, mediante auto del 5 de febrero de 2018 advirtió que, en atención a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 “conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”^[1].

 

Sobre esa base, consideró que “(…) la accionante, eligió a prevención la ciudad de Medellín para interponer la solicitud de amparo, lugar donde reside” y además, donde se producen los efectos relacionados con la aparente indebida notificación de los comparendos que le fueron impuestos.

 

A partir de lo expuesto, encontró que no eran de recibo los argumentos expuestos por el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín para abstenerse de conocer de la acción de amparo impetrada por la señora Carmona Arango pues, a prevención, es dicha autoridad judicial la competente para conocer del amparo invocado por la misma.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[2]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[3], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[4].

 

En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia^[5]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio^[6].

 

2. En ese sentido, para efectos de resolver el conflicto objeto de estudio, es pertinente reiterar que la Corte Constitucional ha considerado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[7]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[8] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” ^[9] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[10].

 

En este sentido, la competencia “a prevención” contenida en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000^[11], significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el  referido artículo 37 (factor territorial), resulta garantizada por el ordenamiento al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.

 

3. De otro lado, esta Corporación también ha insistido en señalar que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante^[12], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales^[13]. En otra dirección, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual puede o no coincidir con el domicilio de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.         Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, por una parte, el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín rechazó la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia, por considerar que el asunto correspondía a los jueces de Puerto Colombia (Atlántico), dado que en dicho municipio ocurrió la presunta vulneración de los derechos invocados por la accionante.

 

Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia estimó que es allí donde se producen los efectos de la presente vulneración, aunado a que fue el lugar que el accionante eligió para presentar su acción de amparo, de manera que el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín no podía rechazar la competencia para pronunciarse sobre el presente asunto.

 

ii.       Tanto el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín como el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia tienen competencia territorial para decidir la acción de la referencia. Así, en el municipio de Puerto Colombia es donde se expidieron los comparendos y en donde se produjeron los hechos que dieron origen a la presente acción, y en la ciudad de Medellín es donde el actor debía recibir la notificación de sus infracciones y donde recibió la respuesta a sus derechos de petición en relación con las mismas.

 

iii.    En vista de que la accionante escogió dentro del factor territorial “competencia a prevención” debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Nohemy Carmona Arango contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia

 

2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 13 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín dentro de la acción de tutela formulada por la señora Luz Nohemy Carmona Arango contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC- 3345 al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 13 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Luz Nohemy Carmona Arango contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3345 al Juzgado Primero Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, que contiene la acción de tutela presentada por la señora Luz Nohemy Carmona Arango para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General