Auto 453/18

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC-3365

 

Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta.

 

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

 

 

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 5º del Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Bernardo Alfonso López de la Hoz presentó acción de tutela en contra de la Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, comoquiera que dicha dependencia no le ha dado respuesta a una solicitud que radicó el 2 de febrero de 2018, a través de la cual pretende que se declare la caducidad de un comparendo de tránsito que le fue impuesto el 19 de junio de 2015[1]. En el derecho de petición, el actor indicó que recibirá la respectiva respuesta en su lugar de residencia ubicado en la ciudad de Barranquilla[2].

 

2. Por reparto le correspondió el conocimiento del amparo al Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el cual, mediante Auto del 20 de marzo de 2018[3], manifestó que no era competente para conocer de la acción de tutela, dado que los hechos que originan la solicitud de protección tuvieron ocurrencia en la ciudad Santa Marta. En consecuencia, el funcionario ordenó que se enviara el expediente a los juzgados de la capital del Departamento del Magdalena.

 

3. Así pues, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, el cual, mediante Auto del 5 de abril de 2018[4], sostuvo que la acción de tutela fue impetrada en Barranquilla, lugar donde, en primer lugar, se encuentra el domicilio del afectado y, en segundo lugar, tienen ocurrencia los efectos del presunto hecho vulnerador. En este sentido, el funcionario propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996[5]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite[6], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela[7] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[8].

 

2. En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9], el presente conflicto de competencia, en principio, debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.

 

3. Ahora bien, esta Corte ha explicado que de conformidad con la Constitución y el Decreto 2591 de 1991[10], existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)^[11];

 

(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)[12], y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal Especial para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)^[13]; y

 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[14] en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)^[15].

 

4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[16], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[17].

 

5. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[18] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[19]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. En la presente oportunidad, de conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que:

 

(i) Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en diferentes interpretaciones del factor territorial, pues, como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia[20], las autoridades judiciales involucradas en la controversia presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se originó y tiene sus efectos la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del accionante.

 

(ii) Tanto el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, como el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, son competentes para conocer de la acción de tutela presentada por Bernardo Alfonso López de la Hoz, toda vez que: (a) Barranquilla es la ciudad donde se extienden los efectos de la supuesta afectación del derecho de petición, ya que es el ente territorial en el que el actor espera recibir una respuesta a la solicitud que presentó el 2 de febrero de 2018; y (b) Santa Marta es la municipalidad donde se produce la presunta vulneración, pues es el lugar en el que la accionada no ha proferido la resolución mediante la cual acceda o niegue dicha solicitud.

 

(iii) Como el accionante escogió, dentro de las reglas del factor territorial, interponer la solicitud de amparo ante las autoridades de Barranquilla, de acuerdo con el referido criterio “a prevención”[21], se respetará su elección. Por consiguiente, le corresponderá al Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla tramitar la acción de tutela interpuesta por Bernardo Alfonso López de la Hoz.

 

2. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el Auto del 20 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, y le remitirá el expediente ICC-3365 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela que interpuso Bernardo Alfonso López de la Hoz contra la Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 20 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, dentro del proceso de tutela de la referencia.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3365, que contiene la acción de tutela presentada por Bernardo Alfonso López de la Hoz contra la Oficina de Cobro Coactivo de la Gobernación del Magdalena, al Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia al accionante y al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

En comisión

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General