Auto 627/18

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC-3445

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia) y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco (Bolívar) 

 

Magistrada sustanciadora:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.                El 10 de julio de 2018, Wilmar Alexander Flórez Marín presentó acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco (Bolívar). Considera que dicha entidad vulneró sus derechos de petición, al debido proceso y a la defensa, dado que sostiene que la autoridad le impuso un fotocomparendo por una infracción que no “se comprobó más allá de toda duda” que él hubiera cometido y, además, no lo notificó debidamente. A esto se suma que su cuenta de nómina, según afirma, fue embargada como resultado de los hechos mencionados, por lo que el trámite de un crédito hipotecario que solicitó se encuentra suspendido^[1]. El accionante solicita recibir notificaciones en una dirección ubicada en Medellín (Antioquia), ciudad indicada como su domicilio en varios documentos que anexa como pruebas^[2].

 

2.                Por reparto, el conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), que mediante providencia del 20 de junio de 2018, anotó que la entidad accionada se encuentra domiciliada en el municipio de Turbaco (Bolívar), por lo que concluyó que, en virtud de “las reglas de reparto de la tutela” establecidas en el Decreto 1983 de 2017, el conocimiento de la acción de tutela le corresponde “a los Jueces Municipales de esta misma categoría” del municipio mencionado. Por consiguiente, ordenó remitir el expediente a los jueces municipales de Turbaco (Bolívar), “por indebido reparto”^[3].

 

3.                El conocimiento del trámite le correspondió entonces al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco (Bolívar). Por medio de auto del 11 de julio de 2018, dicha autoridad judicial invocó el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, así como la jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia, para defender la tesis de que la autoridad competente en el presente caso es el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), en la medida que “se encuentra radicado en la misma ciudad del accionante, esto es, Medellín - Antioquia”^[4]. En consecuencia, decidió declarar su falta de competencia, proponer conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corporación para que lo dirima.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6]. En consecuencia, la Corte ha establecido que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite, o cuando, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7].

 

En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996^[8], el presunto conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2.                La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018^[9], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos^[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[11]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[12].

 

3.                Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[13], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[14]. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la escogencia hecha por el demandante^[15].

 

Adicionalmente, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[16] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[17]. En efecto, la Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.       Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial por cuanto, por un lado, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia) se negó a conocer de la tutela de la referencia, tras considerar que el recurso de amparo debía ser conocido por un juzgado de Turbaco (Bolívar), lugar donde se encuentra domiciliada la entidad accionada. Por otro lado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco (Bolívar) estimó que el primer juzgado no ha debido declarar su falta de competencia para conocer del asunto, pues este se halla ubicado en el lugar donde el accionante se encuentra domiciliado.

 

ii.     Tanto el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia) como el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco (Bolívar) tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela en el presente caso. El primero, porque, más allá de que la ciudad de Medellín (Antioquia) corresponda al domicilio del actor, es donde debía ser notificado sobre el fotocomparendo y donde, además, se han producido los efectos de la presunta vulneración, pues es allí, por ejemplo, donde el demandante ha visto suspendido el trámite del crédito que afirma haber solicitado. El segundo, ya que Turbaco (Bolívar) es el lugar donde la autoridad accionada resolvió imponer el fotocomparendo y tomar las medidas sucesivas, hechos en los que se origina la supuesta violación de los derechos del accionante.

 

iii.  Esta Corporación dará prevalencia a la elección que el actor hizo “a prevención” y, de esa manera, remitirá el expediente al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), ya que este fue el lugar elegido por el accionante para instaurar el recurso de amparo.  

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 20 de junio de 2018 proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Wilmar Alexander Flórez Marín contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco (Bolívar). En consecuencia, se remitirá el expediente ICC-3445 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 20 de junio de 2018 proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), dentro del trámite de la acción de tutela formulada por Wilmar Alexander Flórez Marín contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco (Bolívar).

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-3445 al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco (Bolívar) la decisión adoptada en esta providencia.

 

Comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General