Auto 732/18

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela/CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3476

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba).

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El 24 de julio de 2018, la señora Sara Palencia Camargo formuló acción de tutela en contra de la Fiscalía 37 Local de Planeta Rica (Córdoba) y la Policía Nacional, Seccional Atlántico. En su escrito de tutela, la accionante señaló que la Fiscalía 37 Local de Planeta Rica, a partir de una investigación por el delito de abuso de confianza, ordenó la retención de un vehículo de su propiedad, el cual fue inmovilizado por parte de la Policía Nacional de la ciudad de Barranquilla. Precisó que dichas actuaciones vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, en tanto “su vehículo no está inmerso en el delito querellado”^[1].

 

2. Repartido el asunto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla, dicha autoridad judicial, a través de auto del 2 de agosto de 2018, ordenó remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba), toda vez que es “el superior funcional de la autoridad judicial ante quien interviene la accionada –Fiscalía 37 Local Planeta Rica– (sic)”^[2]. Lo anterior, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, el cual señala que “las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.”

 

3. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba), a través de auto del 14 de agosto de 2018, declaró su falta de competencia para decidir la solicitud de amparo, pues consideró que el lugar en el que se producen los efectos de la vulneración es la ciudad de Barranquilla, dado que es allí donde reside la actora y en esa localidad fue privada de la posesión del vehículo^[3]. En consecuencia, suscitó el conflicto de competencia negativo y ordenó remitir el expediente de la referencia a la Corte Constitucional.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela. Esto con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[6].

 

2. En principio, el presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) pertenecen a la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen diferentes especialidades; y (iii) forman parte de distintos distritos judiciales^[7]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio^[8] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[9] y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i)                el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[10];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[11]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[12]; y

 

(iii)           el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[13] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[14].

 

4. Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)^[15] regulan el procedimiento de reparto y en ningún caso definen la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto^[16].

 

5. Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.

 

En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.        Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla, tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017^[17] para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

 

ii.     El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante.

 

iii.   La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Sara Palencia Camargo, es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla. Además, esa autoridad judicial también es competente por el factor territorial, dado que dicha ciudad es el lugar en el que se produce la presunta vulneración, toda vez que es allí donde fue inmovilizado el vehículo de propiedad de la tutelante.

 

2.  Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 2 de agosto de 2018 por Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla, dentro del proceso de tutela promovido por Sara Palencia Camargo formuló acción de tutela en contra de la Fiscalía 37 Local de Planeta Rica (Córdoba) y la Policía Nacional, Seccional Atlántico.

 

En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3476, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

3. Finalmente, la Sala advertirá a al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia con fundamento en reglas de reparto, los cuales demoran las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

Así mismo, advertirá al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 2 de agosto de 2018 por Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por Sara Palencia Camargo formuló acción de tutela en contra de la Fiscalía 37 Local de Planeta Rica (Córdoba) y la Policía Nacional, Seccional Atlántico.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3476 al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia con fundamento en reglas de reparto, los cuales demoran las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

CUARTO. ADVERTIR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba) que los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

QUINTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante, y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica (Córdoba) la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente en comisión

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General