Auto 812/18

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela/CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3521

 

Conflicto aparente de competencia suscitado entre la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tunja (Boyacá).

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El 27 de septiembre de 2018, la señora Maritza Liliana Carvajal Machuca formuló acción de tutela en contra de la Presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a la estabilidad laboral reforzada. En su escrito, la accionante relató que el 25 de enero de 2018 presentó una petición ante la accionada con el fin de que no procediera a nombrar a quién ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, para no desvincularla de su cargo como Juez Promiscua Municipal de Tutazá (Boyacá), debido a que es madre cabeza de familia. No obstante, afirmó que dicha petición no fue resuelta.

 

2. Repartida la acción de tutela al Presidente de la Corte Suprema de Justicia^[1], mediante auto del 2 de octubre de 2018, dicho funcionario se abstuvo de conocerla, al considerar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017^[2] le correspondía conocer del asunto a los jueces municipales de Tunja^[3]. En consecuencia, ordenó remitir la acción de tutela a la oficina de reparto de dicha ciudad, sin justificar tal decisión.

 

3. A través de auto del 9 de octubre de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja declaró su falta de competencia para conocer del proceso y dispuso la remisión del asunto a la Corte Constitucional^[4]. Para tal efecto, señaló que la Corte Suprema de Justicia, al declarar su incompetencia, no tuvo en cuenta lo dispuesto en el numeral primero del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, el cual señala que “las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.  

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[7].

En principio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996,  el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio^[8] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[9] y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i)                el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[10];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[11]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[12]; y

 

(iii)           el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[13] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[14].

 

3. Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)^[15] regulan el procedimiento de reparto y en ningún caso definen la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto^[16].

 

4. Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.

 

En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.        Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Corte Suprema de Justicia tomó las reglas de reparto contenidas en el numeral primero del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

 

ii.     La Corte Suprema de Justicia aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante.  

 

iii.   La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Maritza Liliana Carvajal Machuca, es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, la Corte Suprema de Justicia.

 

2.  Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 2 de octubre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Maritza Liliana Carvajal Machuca en contra de la Presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3521, que contiene la referida acción de tutela, a la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

3. Además, se advertirá a la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

4. Finalmente, advertirá al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[17].

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 2 de octubre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Maritza Liliana Carvajal Machuca en contra de la Presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3521, que contiene la referida acción de tutela, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

TERCERO. ADVERTIR a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

CUARTO. ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tunja (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

QUINTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la accionante, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tunja la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General