Auto 005/19

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: Expediente ICC-3524

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- y el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca-.

 

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                El 17 de octubre de 2018, la señora Jenny Astaíza Castellanos, domiciliada en el municipio de Cartago –Valle del Cauca-, promovió acción de tutela contra la Universidad del Cauca con la finalidad de proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna, al acceso a la información, a la dignidad, a la solidaridad y a la igualdad.

 

2.                Afirma la accionante que sostiene un vínculo contractual con la Universidad del Cauca a través de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, en virtud de la ejecución del contrato, la Universidad del Cauca le ha exigido actividades que implican una configuración de una relación laboral y, por tanto, un contrato de trabajo.

 

3.                Como consecuencia de dichas exigencias por parte de la Universidad del Cauca, de su situación de discapacidad y del acoso laboral que ha soportado por parte de sus compañeros de trabajo, la señora Jenny Astaíza Castellanos sostiene que ha presentado problemas y alteraciones graves a su salud. Por las anteriores razones, solicita, dentro otras, la declaración de la existencia de un contrato de trabajo con la Universidad del Cauca y, por tanto, el pago de los emolumentos de ley que le corresponden como trabajadora de dicha universidad.

 

4.                Por reparto le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- conocer la acción de tutela formulada por la señora Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca. Dicho despacho, mediante el auto Nº 1156 del 17 de octubre del 2018, y como consideración textual del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 2015^[1], remitió la acción de tutela formulada por la señora Jenny Astaíza Castellanos a la oficina de apoyo judicial para que sea repartida ante los Jueces del Circuito de Popayán^[2].

 

5.                De acuerdo con lo anterior, le correspondió al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca-. Este despacho, mediante Auto del 24 de octubre de 2018, sostuvo su falta de competencia, pues, de acuerdo con el Auto de 113 de 2018 expedido por la Corte Constitucional, la accionante al residir en Cartago -Valle del Cauca- debe preferirse su elección. Por lo anterior, ordenó remitir la controversia directamente a la Corte Constitucional para que resuelva el presente conflicto negativo de competencias.

 

II.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.  La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[3]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[4] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[5].

 

En principio, el presente conflicto de competencias negativo debería ser resuelto por la Sala  Plena de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[6]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

2. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[7]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[8]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[9] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[10].

 

Este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues, en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[11], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[12].

 

3. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante^[13] https://mail.google.com/mail/u/0/ - m_5572200927865173118__ftn3o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[14]. En efecto, ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

III.           CASO CONCRETO

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.     Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, de una parte, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- rechazó la competencia para conocer la tutela de la referencia al interpretar de manera textual el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 2015. De otra parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca- estimó que a partir del Auto 113 del 2018 y “ de la lectura de la acción de amparo, se extracta que la accionante reside en la localidad valluna de Cartago, y por eso fue su querer instaurarla en la Judicatura de ese lugar, de suerte que con base en el criterio jurisprudencial reseñado, y en punto de dirimir el aspecto de colisión negativa de competencia, que emana de este Despacho, se remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su cargo.”^[15]

 

ii.  El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por Jenny Astaíza Castellanos, ya que los efectos de la vulneración a los derechos fundamentales del accionante se producen en el municipio de Cartago –Valle del Cauca-. En efecto, de acuerdo con la acción de tutela, por condiciones climáticas y de salud, el municipio de Cartago –Valle del Cauca- es el lugar apropiado para que su condición de salud no empeore. Adicionalmente, porque debe respetarse la elección que “a prevención” hizo el demandante de interponer la acción de tutela ante los jueces del municipio de Cartago –Valle del Cauca-.

 

iii.En consecuencia, le corresponde al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- conocer del presente proceso de tutela en virtud del artículo 2.2.3.1.2.1 inciso 1 del Decreto 1069 de 2015.

 

Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto Nº 1156 proferido el 17 de octubre de 2018 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca- dentro de la acción de tutela formulada por Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca y remitirá el expediente ICC-3524 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Igualmente, la Sala Plena de la Corte Constitucional advertirá al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca- que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

iv.              DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTOS el auto Nº 1156 del 17 de octubre de 2018, que profirió el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago -Valle del Cauca-, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela presentada por la ciudadana Jenny Astaíza Castellanos contra la Universidad del Cauca.

 

SEGUNDO. - REMITIR el expediente ICC-3524 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cartago –Valle del Cauca-, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.

 

TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca- (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

CUARTO. - Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Popayán -Cauca- la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General