Auto 116/19

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 

Referencia: Expediente ICC-3566

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El 14 de noviembre de 2018, el señor Ismael José Guete López, en representación de Promedical del Caribe S.A.S., formuló acción de tutela en contra de la EPS Sura, la AFP Porvenir y la señora Yeceidy Pacheco Jiménez, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al debido proceso y de petición.

 

En su escrito de tutela, la entidad accionante aduce que las accionadas no han dado respuesta de fondo a sus solicitudes en relación con las incapacidades y restricciones laborales de la trabajadora Pacheco Jiménez. Adicionalmente, solicitó la vinculación del Ministerio del Trabajo y de la Procuraduría General de la Nación.

 

2. El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, mediante auto de 15 de noviembre de 2018 se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela y remitió el expediente de la referencia a la oficina de reparto de la ciudad para que su conocimiento fuera asignado a alguno de los jueces del circuito de la ciudad.

 

Fundamentó tal decisión en que, según su criterio, “para resolver el asunto bajo estudio se debe vincular al Ministerio del Trabajo y a la Procuraduría General de la Nación”^[1], de acuerdo con lo solicitado por el actor. No obstante, sostuvo que carece de competencia para tramitar la acción de tutela dado que el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación son entidades públicas del orden nacional. Por tanto, adujo que el conocimiento de la acción de tutela corresponde a los jueces del circuito o de igual categoría, con fundamento en lo previsto por el Decreto 1983 de 2017.

 

3. Efectuado nuevamente el reparto, el expediente fue asignado al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, el cual, a través de auto de 19 de noviembre de 2018, declaró su falta de competencia para resolver el asunto, promovió el conflicto de competencia negativo y dispuso la remisión del asunto a la Corte Constitucional.

 

El despacho sostuvo que, de conformidad con el criterio jurisprudencial consolidado de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017) no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente, pues dichas normas solo prevén reglas administrativas para el reparto.

 

En este sentido, remitió el expediente a la Corte Constitucional debido a que las autoridades judiciales involucradas carecen de un superior jerárquico común.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[2]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[3] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[4].

 

2. En el presente asunto, la Ley 270 de 1996 no definió cual autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, quienes orgánicamente pertenecen a distintas jurisdicciones. En consecuencia,  la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio^[5] de la Constitución y de los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[6], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i)                el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[7];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[8]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[9]; y

 

(iii)           el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[10] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[11].

 

4. Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)^[12] regulan el procedimiento de reparto y, en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales. Por tanto, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto^[13].

 

5. Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.

 

En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.        Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015^[14] (anteriormente artículo 1° del Decreto 1382 de 2000) para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.

 

En contraste, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena respetó y acató lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación, en relación con la prohibición de suscitar conflictos de competencia con fundamento en reglas de reparto.

 

ii.     El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia, pero sí afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.

 

iii.   La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por el señor Ismael José Guete López, en representación de Promedical del Caribe S.A.S., es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena.

 

2.  Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 15 de noviembre de 2018 por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Ismael José Guete López, en representación de Promedical del Caribe S.A.S. contra la EPS Sura, la AFP Porvenir y la señora Yeceidy Pacheco Jiménez.

 

En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3566, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.

 

3. Adicionalmente, se advertirá al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 15 de noviembre de 2018 por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por el señor Ismael José Guete López, en representación de Promedical del Caribe S.A.S contra la EPS Sura, la AFP Porvenir y la señora Yeceidy Pacheco Jiménez.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3566 al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional.

 

CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General