Auto 127/19

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: expediente ICC-3577

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná.

 

Magistrado Sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

 

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

                                                     AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 17 de enero de 2019, la señora Gloria Elena Ruiz Reyes interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Chinchiná al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. La accionante estimó que la entidad no emitió una respuesta de fondo a los requerimientos expuestos en la solicitud que radicó el 02 de noviembre de 2018^[1].

 

2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago, que mediante auto del 17 de enero de 2019 ordenó remitir el escrito de tutela a la Oficina de Apoyo Judicial de Chinchiná. Adujo no ser competente para conocer del trámite, pues, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer en primera instancia los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental, luego, como el domicilio de la accionada figura en  Chinchiná su conocimiento le corresponde a los juzgados municipales –reparto- de dicha localidad^[2].

 

3. La tutela fue repartida al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná, que, mediante auto del 21 de enero de 2019, argumentó que el competente para conocer del trámite constitucional era el despacho remisor, ya que “siendo el lugar de residencia de la accionante el municipio de Cartago, Valle, tal y como se consigna en el escrito introductor de esta acción, la competencia en atención al factor territorial para conocer del presente asunto sí radica en el Juzgado Cuarto Penal municipal con Función de conocimiento de dicha ciudad; lo anterior en atención a lo dispuesto en el auto referido (124 de 2009 Corte. Const.), y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991”^[3].

 

Por otro lado, adujo que el trámite debía surtirse en el lugar que, a prevención, eligió la accionante. En consecuencia, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su estudio.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.  La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[6].

 

2.  En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996^[7], pues las autoridades judiciales en disputa tienen distinta especialidad y pertenecen a distritos judiciales diferentes. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3.  La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes^[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[9]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia^[10].

 

4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[11], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[12].

 

5. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.

 

 

III.           CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)             Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Por una parte, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago rechazó la competencia para conocer la acción de tutela de la referencia al considerar que el conocimiento le correspondía a la autoridad judicial del lugar donde ocurrió la presunta violación o amenaza del derecho fundamental, esto es, en el municipio de Chinchiná, en tanto en dicha localidad se encuentra la sede de la entidad accionada^[13]. Por otro lado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná  indicó que no era competente por cuanto el lugar de residencia de la señora Ruiz Reyes era Cartago, además que debía respetarse la elección de la accionante de presentar la acción en dicho lugar^[14].

 

(ii)          Tanto el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago como el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná son competentes para tramitar la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Elena Ruiz Reyes, ya que si bien la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales ocurre en el municipio de Chinchiná, lugar en el que, presuntamente, no se emitió una respuesta de fondo, los efectos de la misma se extienden a Cartago, teniendo en cuenta que la accionante especificó que en dicha localidad recibiría las notificaciones de tal requerimiento.

 

(iii)        Bajo ese entendido, en esta oportunidad el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento es el competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Ruiz Reyes, pues debe respetarse la elección que “a prevención” hizo la accionante de interponer la acción de tutela ante los jueces de dicha ciudad.

 

2. En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 17 de enero de 2019 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago y ordenará que se le remita el expediente ICC-3577 que contiene la acción de tutela presentada por la señora Gloria Elena Ruiz Reyes contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Chinchiná para que de forma inmediata inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

Así mismo, advertirá al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 17 de enero de 2019 proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Gloria Elena Ruiz Reyes contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Chinchiná.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC- 3577, que contiene la acción de tutela presentada por la señora Gloria Elena Ruiz Reyes, al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Cuarto: Por Secretaría General, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartago la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General