Auto 129/19

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: expediente ICC-3585

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil.

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 29 de enero de 2019 el señor Cesar Alberto Gualdron Nieto, como apoderado especial del Instituto Paulo Freire cuyo lugar de funcionamiento es San Gil, presentó acción de tutela contra el Departamento de Santander – Secretaría de Educación al considerar vulnerados los derechos al trabajo y a la educación de su representada. Lo anterior, debido a que la accionada contestó con una “carta” negando la renovación de licencia de funcionamiento de modalidad virtual del Instituto y los costos educativos sin tener en cuenta que lo solicitado fue en realidad una “Nueva Licencia” para la modalidad única virtual.

 

2. Realizado el reparto, le correspondió conocer el asunto al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, despacho judicial que a través de auto del 30 de enero de 2019 consideró que conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 carece de competencia para conocer el asunto al advertir que el lugar de la presunta vulneración de derechos es San Gil. Por tanto, se abstuvo de avocar conocimiento y remitió el escrito de tutela a la oficina judicial de reparto de San Gil para que se realice una nueva asignación.

 

3. Llevado a cabo el nuevo reparto, el expediente fue asignado al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil, autoridad que por medio del auto del 4 de febrero de 2019 no avocó conocimiento de la acción de tutela en razón de que el actor decidió interponer la acción en Bucaramanga ya que allá está ubicado el accionado y, por consiguiente, es en donde ocurrió la trasgresión de derechos alegada, lugar que no siempre debe coincidir con el domicilio del accionante o donde se surtan los efectos de la violación. Así las cosas, promovió el conflicto negativo de competencia y envió el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[1]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[2], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[3]. 

 

En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia^[4]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio^[5].

 

2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 superior y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[6]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[7] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[8] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[9].

 

3. En este sentido, la competencia “a prevención” significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial), resulta garantizada por el ordenamiento al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.

 

4. Finalmente, este Tribunal ha concluido reiteradamente que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante^[10], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales^[11]. En contraste, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual puede o no coincidir con el domicilio de las partes.

 

III. CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.  Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, pues de una parte, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela al considerar que los competentes son los jueces de San Gil ya que en dicha municipalidad es en donde se vulneraron los derechos del instituto pues es allí donde presta los servicios educativos. Y, por otra parte, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil se abstuvo de asumir el conocimiento del asunto dado que la entidad accionada tiene su domicilio en Bucaramanga, y por lo tanto, es en dicha ciudad en donde se originó la alegada vulneración.

 

ii.       Tanto el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga como el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil tienen competencia territorial para decidir la acción de la referencia ya que en Bucaramanga es en donde la accionada emitió la “carta” de negativa de “renovación de licencia de funcionamiento” que es el documento que el accionante considera vulnerador de derechos, es decir, es en donde se produjo el hecho que dio lugar a la presente acción, y en San Gil, es en donde se extienden los efectos de la alegada vulneración dado que es allí donde el instituto accionante no puede seguir funcionando.

 

iii.    En vista de que el accionante escogió interponer la petición de amparo ante las autoridades de Bucaramanga, de acuerdo con la “competencia a prevención” debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por el señor Cesar Alberto Gualdron Nieto, como apoderado especial del Instituto Paulo Freire.

 

2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 30 de enero de 2019, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Cesar Alberto Gualdron Nieto, como apoderado especial del Instituto Paulo Freire. En consecuencia, la Sala le remitirá el expediente ICC-3585 para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo, respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.

 

3. Así mismo, advertirá al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[12].

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 30 de enero de 2019 proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, mediante el cual se abstuvo de avocar conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Cesar Alberto Gualdron Nieto, como apoderado especial del Instituto Paulo Freire contra el Departamento de Santander – Secretaría de Educación.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3585 que contiene la acción de tutela presentada por el señor Cesar Alberto Gualdron Nieto, como apoderado especial del Instituto Paulo Freire, al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO                              DIANA FAJARDO RIVERA

             Magistrado                                                             Magistrada

 

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ         ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado                                                              Magistrado

                                                                                  Ausente con excusa

 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO             CRISTINA PARDO SCHLESINGER

   Magistrado                                                            Magistrada

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS                           ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado                                                                   Magistrado

 

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General