A165-19 Auto 165/19
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto
Referencia: expediente ICC-3590
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachancipá (Cundinamarca) y el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca).
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 5º del Reglamento Interno, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 4 de marzo de 2019, la señora Alba Edith García Betancur presentó acción de tutela, por intermedio de apoderada, contra la EPS Famisanar S.A.S, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Cultivos del Norte S.A.S, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social. Lo anterior, por cuanto las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social le adeudan el pago de incapacidades y la sociedad accionada, con la cual se encuentra vinculada laboralmente, ha omitido adelantar el trámite de las mismas[1].
2. Por reparto, el conocimiento del amparo le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá el cual, en providencia del 4 de marzo de 2019, manifestó que no era competente para conocer del asunto, en virtud del factor territorial. Dicha autoridad resaltó que la tutelante tiene su domicilio en el municipio de Gachancipá, por lo cual la vulneración de los derechos se genera en dicho lugar. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal del citado ente territorial[2].
3. Como resultado de lo anterior, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Promiscuo Municipal de Gachancipá, el cual, en auto del 6 de marzo de 2019[3], se declaró incompetente para conocer sobre la cuestión y ordenó el envío del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá. En su concepto, conforme a la interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, realizada por la Corte Constitucional, debe darse prevalencia a la elección del actor, entre el lugar donde ocurre la vulneración o amenaza y donde se producen sus efectos.
Sobre el caso concreto, indicó que, si bien el domicilio de la señora García Betancur se encuentra en el municipio de Gachancipá, “el lugar donde presta sus servicios con la empresa Cultivos del Norte S.A.S. es en el municipio de Tocancipá, en el cargo de operaria (…) y por ende, es el lugar donde surgió la vulneración aducida de sus derechos fundamentales en razón a la relación laboral y donde además le prestan los servicios en salud por parte de Famisanar E.P.S.”[4].
4. Finalmente, en proveído del 7 de marzo de 2019[5], el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá ordenó la remisión del expediente a esta Corporación. Asimismo, sostuvo que el domicilio del empleador no determina la asignación de competencia, correspondiendo establecerla según el lugar donde ocurre la violación o amenaza, esto es, donde se materializa el daño. Reiteró que, para el caso concreto, este era el municipio de Gachancipá, “por ser allí el domicilio de la accionante en donde repercute la falta de ingresos.[6]” Agregó que la señora García Betancur se encontraba en estado de indefensión en razón a la falta de pago de incapacidades superiores a 540 días, por lo cual resultaba desproporcionado imponerle la carga de trasladarse a otro municipio.
II. CONSIDERACIONES
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, solo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite[8], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela[9] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[10].
2. En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[11], el presente conflicto de competencia, en principio, debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Cundinamarca, pues involucra a autoridades del mismo distrito[12]. Sin embargo, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, el Pleno de la Corte Constitucional, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.
3. Ahora bien, esta Corte ha explicado que existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)[13];
(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)[14], y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal Especial para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)[15]; y
(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[16] en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)[17].
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[18], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[19].
5. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante[20] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[21]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.
III. CASO CONCRETO
1. En la presente oportunidad, de conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que:
(i) Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en diferentes interpretaciones del factor territorial. En efecto, como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas en la controversia presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se originó la presunta vulneración de los derechos de la señora García Betancur.
(ii) Tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Gachancipá y el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá son competentes para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Alba Edith García Betancur, toda vez que: (a) Gachancipá es el municipio donde se extienden los efectos de la supuesta afectación de los derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, pues es el lugar en el que la tutelante espera recibir el pago de las incapacidades; y (b) Tocancipá es el ente territorial donde se produce la presunta vulneración, ya que es el lugar donde se encuentra la sociedad accionada, a quien corresponde adelantar el trámite de las mismas[22].
(iii) Como la accionante escogió presentar la solicitud ante las autoridades de Tocancipá, conforme al referido criterio “a prevención” del factor territorial, se respetará su elección. Por consiguiente, le corresponderá al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá tramitar el recurso de amparo.
2. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos los autos del 4 y 7 de marzo de 2019, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá, y le remitirá el expediente ICC-3590 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por la señora Alba Edith García Betancur contra la EPS Famisanar S.A.S, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Cultivos del Norte S.A.S.
3. Adicionalmente, esta Corporación le advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a este Tribunal), que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[23].
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS los autos del 4 y 7 de marzo de 2019, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá, dentro del proceso de tutela de la referencia.
SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá el expediente ICC-3590, que contiene la acción de tutela presentada por la señora Alba Edith García Betancur contra la EPS Famisanar S.A.S, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y Cultivos del Norte S.A.S para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO-. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la accionante y Juzgado Promiscuo Municipal de Gachancipá.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 31, cuaderno principal.
[2] Folio 164, cuaderno principal.
[3] Folio 168, cuaderno principal.
[4] Ibíd.
[5] Folios 170 a 173, cuaderno principal.
[6] Folio 171, cuaderno principal.
[7] Cfr. Auto 550 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). Al respecto, cabe resaltar que, de manera reiterada, este Tribunal ha utilizado las normas contenidas en los artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, para determinar la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela, al considerar que, además de su rango estatutario, son las que en mayor medida se armonizan con la estructura de la Jurisdicción Constitucional en materia de tutela, la cual está conformada por todos los jueces del país sin importar su especialidad. Con todo, debe tenerse en cuenta que la regla contenida en el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confiere a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones no es aplicable en los procesos de tutela, pues en estos cuando se presenta un conflicto de competencia el mismo se suscita dentro de la Jurisdicción Constitucional y, por lo tanto, no es relevante que las autoridades judiciales involucradas pertenezcan orgánicamente a jurisdicciones diferentes, pues a todas ellas es común su pertenencia funcional a la Jurisdicción Constitucional cuando conocen de recursos de amparo.
[8] Cfr. Autos 003 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido), 050 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), 158 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y 262 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[9] Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.
[10] Cfr. Autos 170 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), 243 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y 495 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[11] El artículo 18 de la Ley 270 de 1996 establece que: “(…) los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. // Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”. (Subrayado fuera del texto original).
[12] Gachancipá y Tocancipá pertenecen al distrito judicial de Cundinamarca.
[13] Cfr. Auto 158 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[14] Cfr. Sentencia C-940 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y Auto 700 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[15] Cfr. Auto 021 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[16] Cfr. Auto 046 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[17] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que el “superior jerárquico correspondiente” es “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior”.
[18] “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
[19] Cfr. Auto 053 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez).
[20] Ver Autos 299 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y 074 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), entre otros.
[21] Ver Autos 086 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y 048 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otros.
[22] Folio 40, cuaderno principal.
[23] M.P. Alejandro Linares Cantillo.