Auto 168/19

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 

 

Referencia: expediente ICC-3593

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata (Antioquia) y el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia).

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1. El señor Ubaldo Alfonso Mira Sosa formuló acción de tutela contra Savia Salud EPS, en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, por cuanto el 18 de noviembre de 2018 el actor presentó una solicitud para que la entidad procediera a verificar los pagos que efectuó con el propósito de obtener la devolución de unos aportes^[1], pero nunca obtuvo respuesta.  

 

Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el actor, tanto en el escrito de tutela^[2] como en la copia de la petición formulada ante la entidad accionada^[3], corresponden al municipio de Gómez Plata.

 

2. Mediante auto de 4 de febrero de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata, rechazó de plano la acción de tutela “por incompetencia”^[4] y ordenó remitir el expediente a los juzgados municipales de Medellín para su correspondiente reparto.

 

El fallador consideró que carecía de competencia por el factor territorial para tramitar la acción de tutela, pues estimó que su conocimiento correspondía a los jueces de Medellín “por ser allí el lugar donde ocurre la presunta violación o amenaza que motivó la presentación de la solicitud y donde además están haciendo que se produzcan sus efectos”^[5].

 

3. Efectuado nuevamente el reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín el cual, a través de auto de 13 de febrero de 2019, se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo y remitió el expediente a esta Corporación para lo de su competencia.

 

Fundamentó tal decisión en que los efectos de la supuesta vulneración se producen en el municipio de Gómez Plata. En este sentido, en virtud de la competencia a prevención consagrada por la ley, si el tutelante decidió presentar la acción constitucional ante los jueces de esa ciudad, se debe respetar su elección. Por tanto, la acción de tutela debería ser conocida por el juez al que le fue repartida inicialmente.

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[6]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[7] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales^[8].

 

2. El presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que las autoridades judiciales involucradas: (i) forman parte de la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) pertenecen a distintos distritos judiciales^[9]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio^[10] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991^[11], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

 

(i)                el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[12];

 

(ii)             el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial^[13]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz^[14]; y

 

(iii)           el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[15] en los términos establecidos en la jurisprudencia^[16].

 

4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[17], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes^[18].

 

5. Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante^[19], o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales^[20]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.

 

III.    CASO CONCRETO

 

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

i.              Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, por una parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata rechazó la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia, por considerar que el asunto correspondía a los jueces municipales de Medellín, dado que en dicha localidad ocurrió la presunta vulneración alegada por el actor y allí mismo tienen lugar sus efectos.

 

Por otra parte, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín estimó que el recurso de amparo debió ser tramitado y resuelto por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata, pues la voluntad del accionante fue la de presentar la acción de tutela en ese municipio. Además, se trata del primer juzgado con competencia al cual le fue repartida la solicitud.

 

ii.       Tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata como el Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela de la referencia. Así, el lugar en donde ocurre la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor es la ciudad de Medellín, por cuanto en dicha localidad se debía emitir la respuesta a la petición que el accionante formuló, lugar que además coincide con la sede de la entidad demandada.

 

No obstante, es en el municipio de Gómez Plata donde el actor esperaba recibir la respuesta a la referida petición. Por tal motivo, esta localidad es el lugar donde se producen los efectos de la alegada vulneración de derechos fundamentales.

 

iii.    En virtud de la competencia “a prevención” establecida por la ley para el factor territorial, debe respetarse la elección del actor. Por consiguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Ubaldo Alfonso Mira Sosa en contra de Savia Salud EPS.

 

2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 4 de febrero de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Ubaldo Alfonso Mira Sosa.

 

En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3593, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

3. Ahora bien, la Sala no puede dejar de advertir que el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata, en la providencia del 4 de febrero de 2019, decidió “rechazar de plano” la acción de tutela de la referencia “por incompetencia”. Al respecto, es indispensable recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que los eventos procesales de rechazo de la demanda son: (i) el previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991^[21], el cual establece la inadmisión y eventual rechazo por falta de corrección de la solicitud^[22]; y (ii) cuando se presenta la figura de la temeridad, la cual se encuentra prescrita en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual “[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

 

Por consiguiente, cuando una autoridad judicial considere que carece de competencia por alguno de los factores previamente reseñados en esta providencia^[23], deberá enviar el asunto al juez o corporación judicial que estime competente para resolver la solicitud de amparo y, en ningún caso, puede rechazar la acción de tutela por falta de competencia.  En consecuencia, es necesario hacer un llamado de atención al Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata para que, en lo sucesivo, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia.

 

4. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018^[24].

 

IV.    DECISIÓN

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 4 de febrero de 2019, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata (Antioquia), dentro de la acción de tutela formulada por el señor Ubaldo Alfonso Mira Sosa en contra de la EPS Savia Salud.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3593, al Juzgado Promiscuo Municipal de Gómez Plata para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, la decisión adoptada en esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Presidenta

 

 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General