Auto 195/19

 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Corresponde al juez de primera instancia

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para conocer solicitud de cumplimiento

 

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Abstenerse de asumir competencia para verificar cumplimiento

 

 

Referencia: Solicitud de verificación al cumplimiento de la Sentencia T-657 de 2013.

 

Solicitante: Consejo Comunitario de Mulaló

 

Magistrado sustanciador:

CARLOS BERNAL PULIDO

 

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019)

 

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional decide la solicitud formulada por el Consejo Comunitario de Mulaló (Valle del Cauca), tendiente a que esta Corporación asuma competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-657 de 2013.

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. Los directivos del Consejo Comunitario de Mulaló, ubicado en el corregimiento de Mulaló del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, interpusieron acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio D.I.S. S.A- EDL LTDA, por violación del derecho a la consulta previa, puesto que el Consejo Comunitario se encuentra en el área de influencia del proyecto y no se les consultó el trazado de la carretera Mulaló- Loboguerrero.

 

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali negó la acción de tutela mediante fallo del 12 de marzo de 2013, por no acreditar el requisito de inmediatez. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de mayo de 2013, confirmó esta decisión.

 

3. El 23 de septiembre de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en la sentencia T-657 de 2013, resolvió:

 

“Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el doce (12) de marzo de 2013, y en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de mayo de 2013. En su lugar conceder el amparo por el derecho a la consulta previa del Consejo Comunitario de Mulaló.

 

Segundo.- ORDENAR al Ministerio del Interior Oficina de Consulta Previa, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, inicie la consulta previa ante el Consejo Comunitario de Mulaló, en el que se convoque a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera Mulaló – Loboguerrero, en lo que respecta a la alternativa 3 ajustada o mejorada.

 

Tercero.- Solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos”.

 

4. El 14 de marzo de 2019, un representante del Consejo Comunitario de Mulaló envió a la Secretaría de la Corte Constitucional, mediante correo electrónico, un breve escrito en el que se solicita a esta Corporación que “asuma competencia, por la relevancia constitucional del asunto”. Ello por cuanto el Consejo Comunitario ha acudido al Tribunal Superior de Cali para que “adelante las acciones de seguimiento y verificación (sic) cumplimiento” de la mencionada sentencia, pero ha recibido “la negativa de avocar el conocimiento”. 

 

5. El 10 de abril de 2019 el peticionario allegó copia de una carta presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otras entidades sobre nuevos impactos que en su comunidad estaría teniendo el proyecto “Mulaló – Loboguerrero”. Igualmente, copia de las actas de las sesiones del comité de seguimiento al acuerdo de consulta previa celebrado en cumplimento de la sentencia T-657 de 2013.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

6. Debe recordarse que la competencia para vigilar el cumplimiento de las decisiones dictadas en los procesos de tutela fallados por esta Corporación es de los jueces de primera instancia, según los artículos 27[1] y 36[2] del Decreto 2591 de 1991 y 60[3] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, tal como lo reiteró esta Corporación en el Auto 032 de 2011[4]. La Corte Constitucional no puede desconocer las reglas de competencia establecidas por el legislador, el cual delega en los jueces de primera instancia el deber de generar de manera efectiva las medidas de cumplimiento de los fallos de tutela, salvo que la Corte se reserve esta competencia.

 

7. En la Sentencia T-657 de 2013, la Corte Constitucional no se reservó la competencia para la verificación de su cumplimiento. Más aún, la vigilancia de la ejecución de este fallo fue encomendada, explícitamente, a las entidades de control, en concreto, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación. En todo caso, la Sala reitera que en relación con todas aquellas órdenes cuyo seguimiento esta Corte no se haya reservado, expresamente, la competencia, dicha labor corresponderá, de forma preponderante, al juez de tutela de primera instancia, en este caso, al Tribunal Superior de Cali.

 

8. Es cierto, por otra parte, que esta Corporación ha identificado algunas “situaciones límite” en razón de las cuales, con carácter excepcional, cabe la posibilidad de reasumir la competencia para verificar directamente el cumplimiento de sus propios fallos, así como para tramitar el incidente de desacato a que hubiere lugar[5].

 

Sin embargo, como señaló la Corte en otra oportunidad[6], esto no significa que el peticionario, en casos como el presente, esté relevado de cumplir una mínima carga argumentativa en torno a: i) cuáles son, en concreto, las órdenes de la sentencia respectiva que considera incumplidas y respecto de las cuales se pretende el seguimiento de la Corte; ii) por qué estima, en cada caso, que estas no han sido debidamente acatadas; y iii) la acreditación de haber procurado, en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, el cumplimiento del fallo ante el juez de tutela de primera instancia, por medio, entre otras vías, del correspondiente incidente de desacato.

 

En el caso bajo examen, esa carga argumentativa básica no se encuentra cumplida.  El representante del Consejo Comunitario de Mulaló, sin especificar las razones por las cuales considera que las órdenes de la Corte han sido desacatadas, señala que el tribunal de instancia se ha negado a tramitar la verificación de cumplimiento. Sin embargo, no sustenta dicha afirmación, ni allega mínimos elementos de prueba que demuestren la actuación adelantada ante esa instancia judicial, ante la que puede presentarse, también, el incidente de desacato respectivo. Tampoco ha demostrado gestión alguna ante los órganos de control a los que la Corte Constitucional encomendó la vigilancia del cumplimiento del fallo.     

 

A lo anterior ha de agregarse que dentro de la documentación recientemente allegada por el peticionario, se acredita la celebración de las sesiones del comité de seguimiento al acuerdo de consulta previa, en cumplimento, precisamente, de la sentencia T-657 de 2013. Allí se aprecia el debate que se ha surtido entre la comunidad afectada y las entidades encargadas de garantizar su derecho, en el marco de la ejecución del proyecto que es materia de consulta. Es claro, por lo demás, que en ese espacio pueden ser ventiladas y respondidas todas las inquietudes acerca de las nuevas afectaciones que el proyecto eventualmente ha ocasionado.      

 

Pese a ello, el representante del Consejo Comunitario no explica en su solicitud las razones por las que, a pesar de ese espacio participativo de diálogo interinstitucional para el cumplimiento del fallo, se justifica la intervención de esta Corte.

 

9. En consecuencia, la Sala negará la solicitud mediante la cual se pretende que la Corte asuma el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-657 de 2013.

 

Lo anterior, por supuesto, no es óbice para que el juzgador de primera instancia adopte las medidas necesarias en relación con el cumplimiento de la sentencia, mediante las facultades constitucionales y legales que conserva para el efecto. En ese sentido, se le enviará copia del escrito presentado a la Corte, así como de la presente decisión.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

 

Primero. - NEGAR la solicitud elevada por el Consejo Comunitario de Mulaló encaminada a que la Corte Constitucional asuma competencia para verificar el cumplimiento de la sentencia T-657 de 2013.

 

Segundo. – ENVIAR copia de la solicitud, así como de la presente decisión, al Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, a efectos de que adopte las medidas que encuentre necesarias en relación con el cumplimiento de la sentencia, mediante las facultades constitucionales y legales que conserva para el efecto.

 

 

Tercero. – Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes del proceso de tutela y a los aquí peticionarios la decisión adoptada en esta providencia.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con aclaración de voto

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA

 DIANA FAJARDO RIVERA

 AL AUTO 195/19^[7]

 

 

1. Con el debido respeto por las decisiones de la mayoría de la Sala Primera de Revisión, aclaro mi voto en relación con el Auto 195 de 2019, que estudió la solicitud encaminada a que la Corte Constitucional asumiera la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas mediante la Sentencia T-657 de 2013^[8]. Si bien comparto la determinación de negar la referida petición, considero no era procedente exigir de los solicitantes una carga argumentativa que es propia de las peticiones de nulidad de las sentencias, pero no de las de cumplimiento.

 

2. La Sentencia citada concedió la acción de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario del corregimiento de Mulaló, municipio de Yumbo, Valle del Cauca, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio D.I.S S.A.- ED LTDA, por violación al derecho a la consulta previa. Encontró que al Consejo no le fue consultado el proyecto de trazado de la carretera Mulaló-Loboguerrero, a pesar de encontrarse en su área de influencia. En consecuencia, ordenó al Ministerio del Interior que, dentro de los 20 días siguientes a la comunicación del Fallo, realizara el proceso consultivo con el Consejo Comunitario de Mulaló, en el que se incluyera a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución del proyecto mencionado. Adicionalmente, este Tribunal solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el cumplimiento pleno de lo determinado, con el fin de garantizar la efectividad del derecho protegido.

 

3. Mediante comunicación electrónica de 14 de marzo de 2019, un representante del referido Consejo Comunitario pidió a la Corte Constitucional asumir competencia por la relevancia constitucional del asunto y en consideración a que, según indicó, la Comunidad había acudido al Tribunal Superior de Cali, quien fue el juez de primera instancia, con el propósito de que adelantara las acciones de seguimiento y el cumplimiento de la Sentencia T-657 de 2013, pero tal autoridad se negó “a avocar el conocimiento”. El 10 de abril de 2019 el peticionario allegó copia de (i) una carta presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otras entidades sobre nuevos impactos que estaría teniendo en su comunidad el proyecto; y (ii) las actas de las sesiones del comité de seguimiento al acuerdo de consulta previa, en cumplimiento de la Providencia.

 

4. En el Auto 195 de 2019, la Sala negó la solicitud de cumplimiento, entre otras razones, con el argumento de que en el peticionario recaía una carga de argumentación en sustento de su solicitud, la cual no fue asumida. Consideró que en estos casos, el solicitante debe señalar cuáles son, en concreto, las órdenes de la Sentencia que se estiman incumplidas y respecto de las cuales se pretende el seguimiento y por qué estas, una a una, no han sido debidamente acatadas. Así mismo, indicó que ha de acreditar haber promovido, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la Providencia ante el juez de tutela de primera instancia. Para el presente asunto, resaltó que el solicitante no había cumplido dicha carga, puesto que (i) no precisó las razones por las cuales afirma que las órdenes de la Corte fueron desacatadas, ni los motivos del Tribunal de Instancia para negarse a tramitar la verificación de cumplimiento; (ii) no señaló las actuaciones desplegadas ante dicha instancia judicial; y (iii) tampoco demostró gestión alguna ante los órganos de control a los que la Corte Constitucional encomendó la vigilancia del cumplimiento del Fallo.

 

Por último, expuso que, dentro de la documentación allegada por el peticionario, se probó la celebración de las sesiones del comité de seguimiento al acuerdo de consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-657 de 2013, donde se evidenció el debate que se ha surtido entre la comunidad afectada y las entidades encargadas de garantizar su derecho, en el marco de la ejecución del proyecto. Pese a ello, la Sala concluyó que el peticionario no explicó en su solicitud los fundamentos por los que es necesaria la intervención de la Corte, a pesar del espacio participativo de diálogo interinstitucional llevado a cabo para el cumplimiento de las órdenes.

 

5. Como se puso de presente, considero que la carga argumentativa no es un requisito de procedencia para las solicitudes de cumplimiento, sino de las solicitudes de nulidad de las sentencias de esta Corporación, que responde a la necesidad de que estas no se utilicen como una oportunidad para reabrir debates que ya han sido resueltos por la misma Corporación, en Sala Plena o sus salas de revisión. Por el contrario, las solicitudes de cumplimiento tienen como objetivo que este Tribunal analice si las órdenes impartidas en un Fallo se han acatado, y de no ser así, se adopten medidas para lograr su materialización. En el Auto, la Mayoría no explica por qué en esta clase de peticiones es requerida una carga argumentativa estricta, con unas exigencias específicas y taxativas, para que la Corte pueda analizar si hay lugar a asumir el correspondiente seguimiento a la sentencia.

 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que, como regla general, la competencia para vigilar el cumplimiento de las decisiones de tutela emitidas por este Tribunal, recae en los jueces de primera instancia, de conformidad con una lectura sistemática del Decreto 2591 de 1991 y sus artículos 27 y 36, tal como fue expuesto en el Auto 136A de 2002^[9], citado por el Auto 032 de 2011^[10]. Sin embargo, también ha advertido que en casos excepcionales, esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, está facultada para conocer sobre el supuesto incumplimiento, cuando (i) el juez competente no realiza el seguimiento al cumplimiento de las órdenes; (ii) los jueces competentes no han podido adoptar medidas efectivas, eficaces y suficientes; (iii) el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste; (iv) resulta imperioso salvaguardar la supremacía e integridad  del ordenamiento constitucional; (v) la intervención de la Corte es indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y (vi) en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se hayan emitido órdenes complejas, que requieran de un seguimiento permanente^[11].

 

En ningún caso, se desprende de lo indicado por la jurisprudencia constitucional que, quien solicita el cumplimiento, deba satisfacer el requisito de una carga argumentativa como la planteada en el Auto 195 de 2019, para que la Corte asuma el seguimiento de la materialización de las órdenes dictadas por ella misma. Por el contrario, existe la necesidad de que se cumplan las órdenes emitidas, dirigidas a proteger los derechos fundamentales de los individuos, de manera efectiva, eficiente, y sin demora alguna. En el mismo sentido, deben tenerse en cuenta las amplias facultades con las que cuenta el juez de tutela, que le permiten indagar sobre las razones por las que el solicitante considera que no se están cumpliendo las órdenes proferidas por la Sentencia que dispuso la protección de sus derechos.

      

6. Por último, debo aclarar que la competencia de los jueces de primera instancia para vigilar el cumplimiento de las decisiones de amparo dictadas por esta Corporación, contrario a lo que indica el referido Auto, no se deriva del artículo 60 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, dado que esta normativa hace alusión exclusiva a la comunicación de las sentencias de tutela. No se trata de una norma que designe la facultad para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en un fallo de tutela, pues esta establece que, “todas las sentencias de la Corte sobre tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia”^[12].

 

Fecha ut supra,

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada